El juicio del caso Botavara, contra una banda de narcotraficantes de Fuerteventura que estaba liderada por cinco guardias civiles, según la acusación de la Fiscalía, se ha vuelto a retrasar. Es la tercera ocasión que se suspende. Este lunes, la Audiencia ha fijado la fecha definitiva de inicio de la vista oral para el 17 de septiembre.

El retraso de la celebración del juicio ha sido solicitado este lunes por todos los abogados de la defensa, con el argumento de que todavía no tenían a su disposición diferentes pruebas que está previsto que se analicen durante la vista oral.

Así, a los letrados de los acusados les faltan los vídeos grabados por cámaras de vigilancia, que hasta este lunes no habían sido facilitados cuando se dio inicio este lunes a la que tendría que haber sido la primera sesión del juicio. También alegaron diferentes incidencias sobre las grabaciones de los 'pinchazos' telefónicos que obran en la causa.

El juicio debería haber comenzado el pasado 7 de mayo, pero entones faltaron un procesado, al que se había citado por error para otro día, y el abogado Fernando Elejabeitia, que fue sancionado con 3.000 euros. La segunda suspensión se produjo el 4 de junio. El juicio tampoco pudo comenzar en esa fecha por la ausencia del cliente de Elejabeitia, Óscar Jonay C.L..

El "grupo siete" de la Guardia Civil

En el denominado caso Botavara se juzga al llamado "grupo siete" de la Guardia Civil en Fuerteventura y están procesadas 13 personas, en total acusadas de tráfico de drogas, organización criminal, derecho a la inviolabilidad del domicilio, falsedad, amenazas, torturas y obstrucción a la Justicia.

En el juicio, los acusados se enfrentan a penas de entre ocho a 26 años de cárcel, que suman una petición de condena por parte de la Fiscalía de más de 190 años de prisión. Los hechos que se juzgan se remonta al mes de febrero de 2013 cuando los acusados, de común acuerdo, y valiéndose de una embarcación introdujeron en El Cotillo 29 fardos con 841,78 kilogramos de hachís con el propósito de destinarlo al tráfico ilícito de estupefacientes en la Isla, donde alcanzarían un valor de 1.232.365 euros, según la Fiscalía.

La Fiscalía sostiene que tres de los acusados José T.C.M., por entonces guardia civil y considerado el cerebro de la organización criminal junto a Yeray M.A, también agente y otro de los cabecillas, y Lara L.S.S., ocultaron tres bloques y 109 pastillas de 23,5 kilos de este hachís en un apartamento de Corralejo y que habitualmente utilizaban el jefe de la operación.

Al día siguiente de la descarga se practicó el registro en el domicilio de Eduardo G.C. y Miguel G.C. en El Cotillo donde se encontraron 15 fardos con un de 435 kilos y posteriormente se encontraron otros dos fardos en otro de los apartamentos de Eduardo G.G. también de El Cotillo conteniendo 89,5 kilos de hachís. Tras estos dos registros, Eduardo decidió colaborar con los agentes y confesó su participación en los hechos así como la participación de otros procesados.

Así, descubrieron que la organización criminal estaba integrada presuntamente por José T.C.M. como cerebro de la misma; Yeray M.A. también en la cúpula, junto a los subordinados Daniel M.T.D. guardia civil, Sergio V.R. también agente de la Benemérita al igual que David D.P. a los que se sumaban los procesados Abdelfattah B. y el propio Eduardo, tal y como se refleja en el escrito de acusado.

Por su parte, los procesados Marcelino T.H. y Óscar J.C.L. cooperaban puntualmente, según el Ministerio Fiscal, con la organización criminal en el desembarco, al igual que el también imputado Miguel Ángel G.C. en la ocultación de la droga y Lara L.S.S. en labores de vigilancia y buscando potenciales compradores.

Por su parte, el acusado Serafín E.M. colaboró en la recuperación de parte de la droga que se había caído al mar junto a otro imputado, Santiago S.R.M., que realizaba además vigilancia y transporte, concluye la Fiscalía.