Este martes ha comenzado el juicio principal del caso Stratvs, en el que la Fiscalía pide la demolición de la bodega por haber sido construida de forma ilegal. El calendario del juicio en la Audiencia Provincial se extiende hasta el próximo 3 de abril.

Esta semana hay juicio en Lanzarote el martes, miércoles y jueves, sesiones en las que se abordarán las cuestiones previas, con declaración de los acusados. El juicio prosigue, también en la Isla, el 11, 12 y 13 de febrero, con la declaración de testigos, al igual que los días 17 y 19 de febrero.

El 3 de marzo la vista oral se desplaza a Gran Canaria con la declaración de testigos, sesiones que se prolongarán el 4 y 5 de marzo. También hay sesiones previstas en Gran Canaria los días 10 y 11 de marzo. El juicio regresa a Lanzarote el 12 de marzo, para la celebración de las pruebas periciales, que se prolongarán el 17 y el 24 de marzo.

El 25 de marzo el juicio regresa a Gran Canaria, junto al 26 y el 30 de marzo, también para el desarrollo de las pruebas periciales.

El 31 de marzo arrancan las conclusiones del juicio en Gran Canaria, una fase de la vista oral para la que hay reservadas otras tres sesiones: los días 1,2 y 3 de abril.

Petición de derribo

La Fiscalía de Medio Ambiente solicitó en su escrito de acusación provisional una condena para Juan Francisco Rosa, promotor de la bodega Stratvs, que sumaba 15 años de prisión, así como el derribo de las instalaciones construidas de forma ilegal.

En su escrito de acusación, el fiscal Ignacio Stampa considera a Rosa responsable de un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por un particular, por lo que solicita una pena de tres años de prisión.

También lo considera responsable de un delito de usurpación de bienes, de un delito contra la ordenación del territorio con afectación grave a un espacio natural protegido, de un delito contra el patrimonio histórico y de un delito contra el medio ambiente por excavación ilegal en un espacio protegido.

Por esa batería de presuntos delitos, el fiscal solicita nueve años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de cualquier profesión relacionada con la construcción y la promoción inmobiliaria o turística durante seis años.

Además por un presunto delito continuado de falsedad en documento público le pide tres años de prisión. La Fiscalía también pide una condena para la empresa BTL, que explota la bodega, con su suspensión de actividades durante dos años y la prohibición de dedicarse a la promoción inmobiliaria durante el mismo periodo.

La Fiscalía ha solicitado que se acuerde “la demolición de todo lo indebidamente construido” y “la reposición del terreno a la forma que más se asemeje a su estado originario, al ser el daño causado irreversible, a costa de los acusados” Juan Francisco Rosa y Miguel Ángel Armas, arquitecto de la bodega.

Por otro lado, en el escrito de acusación de la Fiscalía se pide para Rosa una multa de 267.000 euros, mientras que a BTL, la sociedad dueña de la bodega, se le pide una multa de más de 100.000 euros.

Para el arquitecto Miguel Ángel Armas Matallana, la Fiscalía pide diez años de cárcel y una multa que supera los 72.000 euros por varios delitos, entre ellos, falsedad en documento oficial, usurpación de un bien inmueble y delitos contra el medioambiente, la ordenación del territorio y el Patrimonio, además de un delito continuado de falsedad en documento público.

Otros acusados

El exalcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, condenado varias ocasiones por la concesión de licencias ilegales y en prisión por el caso Yate, suma otra petición ahora de siete años de cárcel.

En cuanto al exconcejal de Urbanismo de Yaiza, José Antonio Rodríguez, se enfrenta a cuatro años y seis meses de cárcel por dos delitos de prevaricación urbanística y un delito contra el medioambiente.

Pablo Carrasco, aparejador del Ayuntamiento de Yaiza, le piden cinco años de prisión por dos delitos de prevaricación urbanística y una inhabilitación de 12 años para empleo público.

Al que fuera Jefe del Servicio de Ordenación Urbanística de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canaria, Faustino García Márquez, le piden una inhabilitación como funcionario público de 12 años por prevaricación, que no le afectaría en caso de ser condenado porque está jubilado, y una multa  de 27.000 euros.

Armando Villavicencio era Técnico Jurídico de Planeamiento de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. Le piden la misma pena que a García Márquez y por el mismo delito. A Juan César Muñoz Sosa, exdirector general de urbanismo de Canarias, el fiscal pide el archivo de la causa.

A José Juan Hernández Duchemín, que fue gerente del Consejo insular de aguas, le piden 15 años de inhabilitación para ejercer un empleo o cargo público y una multa de más de 32.000 euros, por dos delitos: uno contra el medioambiente y otro similar por vertidos contaminantes.

En cuanto a Blas Noda, funcionario encargado del catastro en Yaiza, se enfrenta a dos años de prisión y una multa de 3.600 euros por un delito de falsedad en documento público.