La Audiencia Provincial de Las Palmas celebra desde el lunes y en principio hasta el viernes de la próxima semana, mediante un tribunal de jurado, el juicio por el asesinato de Yessica en su casa de Puerto del Rosario en diciembre de 2015. La joven tenía entonces 24 años y un hijo de siete años que presenció el crimen.

El acusado, Henry García, de 34 años de edad, era la pareja de Yessica. La Fiscalía solicita una condena de 22 años de cárcel por el crimen, que se produjo sobre la una y media de la madrugada del 9 de diciembre de 2015, en el domicilio familiar ubicado en la calle Cipriano Gutiérrez Oramas de Puerto del Rosario.

En medio de una discusión, Henry García le dio un puñetazo en la cara a Yessica, causándole un traumatismo nasal y en el ojo derecho. “A continuación, con la intención de acabar con su vida, la agarró por el cuello y teniéndola sujeta y sin que ella pudiera defenderse, cogió un cuchillo de cocina de gran tamaño y comenzó a darle puñaladas por todo el cuerpo”, según relata el Ministerio Fiscal.

Cuando la joven estaba en el suelo mortalmente herida, el acusado le dio varias patadas y le clavó varias veces más el cuchillo “para aumentar deliberadamente su sufrimiento”, asestando hasta un total de 15 puñaladas, destaca la Fiscalía en su escrito de acusación.

En vez de prestarle ayuda, Henry García se dirigió a la Comisaría de la Policía Nacional, que se encuentra a pocos centenares de metros de donde se cometió el crimen, y confesó que había “matado a Yessica”.

Mientras tanto, la víctima junto a su hijo que había presenciado el brutal apuñalamiento, se arrastró desde la vivienda, que estaba en la segunda planta, hasta el piso de la primera planta, donde pidió auxilio a los vecinos, que llamaron al 112.

La Fiscalía pide 22 años de cárcel para Henry García, pareja de la víctima, que le asestó 15 puñaladas con un cuchillo de cocina 

Yessica fue trasladada al Hospital General de Fuerteventura y posteriormente fue trasladada a Gran Canaria. La joven falleció el mismo día a las cuatro de la tarde como consecuencia de las múltiples heridas por arma blanca. La causa de la muerte fue un shock hemorrágico y fallo multiorgánico.

La Fiscalía ha calificado los hechos como constitutivos de un delito de asesinato, concurriendo la circunstancia agravante de parentesco. Además de los 22 años de cárcel, solicita que se le imponga una medida de libertad vigilada que le impida residir en Fuerteventura durante 10 años.

Además, no podrá acercarse a menos de 500 metros del hijo de la víctima, fruto de una anterior relación, ni comunicarse con él durante 30 años. El Ministerio Fiscal también solicita una indemnización de 60.000 euros. En el procedimiento está personado como acusación popular el Instituto Canario de Igualdad.