El grupo de gobierno del Ayuntamiento de Puerto del Rosario esgrimió este miércoles, en un pleno extraordinario solicitado por varios grupos de la oposición, un informe de los servicios jurídicos municipales que concluía que asumir a los trabajadores de la piscina, cerrada desde hace un año, podría conllevar un delito de prevaricación administrativa.

Partido Popular, Partido Progresista Majorero e Izquierda Unida instaron a la celebración de un pleno extraordinario para tomar el acuerdo de reabrir la piscina en enero de 2017, subrogando a los trabajadores que permanecían vinculados a la empresa que explotaba la piscina hasta diciembre del año pasado, Fuerteventura Gestión Activa.

La iniciativa fue rechazada por el equipo de gobierno (CC y PSOE), además de por Nueva Canarias y Asambleas municipales de Fuerteventura. Las propias formaciones que solicitaron la celebración del pleno se abstuvieron en la votación.

En el citado informe, según indicó este miércoles el Ayuntamiento capitalino, se resalta que el Consistorio “no tiene obligación legal de subrogar a los trabajadores afectados por el expediente de regulación temporal de empleo” de la citada empresa.

Además, explica el Ayuntamiento en un comunicado, “tampoco puede adoptar  tal decisión” de asumir a los trabajadores según las condiciones del contrato de explotación de la piscina municipal.

El grupo de gobierno ha manifestado su “apuesta decidida por viabilizar la puesta en marcha de la piscina a la mayor brevedad posible, con todas las garantías legales, de seguridad y de calidad en la prestación del servicio”.

En estos momentos, se indica desde el Ayuntamiento, está en elaboración  “un nuevo pliego de condiciones más atractivo a las potenciales empresas interesadas en optar a la adjudicación de la piscina municipal”. La intención del Consistorio es que la futura empresa concesionaria cuente con los trabajadores afectados por el expediente de regulación de empleo.

Propuesta “irresponsable”

El grupo de gobierno municipal tachó la propuesta elevada al pleno por el PP, PPM e IU de “irresponsable” por “no contar con informe jurídico alguno ni proyecto de viabilidad que garantizara unas mínimas condiciones óptimas en la prestación del servicio”.

A su juicio, se obviaron en la iniciativa “temas tan básicos pero sumamente importantes como quién y cómo se iba a prestar la atención al público, el mantenimiento de la infraestructura, el sistema de cobros a los usuarios” o la “limpieza”, entre otros.