El secretario del PSOE de Fuerteventura y vicepresidente del Cabildo, Blas Acosta, declaró este viernes como investigado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Puerto del Rosario en el marco del caso Gesturpa. A la declaración no acudió la Fiscalía, pese a haberla solicitado en su denuncia de abril de 2015.

En el caso Gesturpa, Acosta es el único investigado, la antigua denominación de imputado. En la denuncia de Fiscalía con la que se inició la causa en el Juzgado número 6 se advierte de “la posible existencia de un delito societario” por irregularidades presuntamente cometidas en la gestión de la empresa pública Gesturpa del Ayuntamiento de Pájara.

La Fiscalía sólo había pedido inicialmente cuatro diligencias: la declaración como imputado del administrador de Gesturpa, la declaración del auditor de la empresa, Miguel Ángel Ramírez, que señaló diversas irregularidades en sus auditorías, una relación de las cuentas bancarias de la sociedad y los libros de actas y de socios de la empresa.

La primera citación a Blas Acosta se efectúa por el Juzgado en mayo de 2016, para que declarase el 14 de julio de aquel año. Sin embargo, como la Policía Local de Pájara no lo localiza en la sede social de Gesturpa, no se produce la declaración. La segunda citación se efectuó para este jueves pero se retrasó para el viernes por cuestiones de agenda de la abogada de Acosta, María Rosa Díaz Marrero.

A la declaración de este viernes no acudió la Fiscalía, sólo la representación de la acusación popular, ejercida por Votemos Fuerteventura. En el sumario consta que el fiscal encargado del caso Gesturpa en la actualidad es Tomás Fernández, especializado en delitos económicos, que solicitó que la causa se declarase compleja. La instrucción debería estar concluida, por un auto de la jueza, en junio de este año.

La investigación

La investigación del caso Gesturpa se basa en que las auditorías de los años 2012 y 2013 concluyen que las cuentas anuales “no son una imagen fiel de la situación de la empresa” y el auditor enumera una serie de presuntas irregularidades. Entre ellas, “se recoge un saldo deudor por valor de 100.000 euros” en el balance de la empresa municipal al finalizar el año 2012. “Este saldo corresponde a una transferencia, realizada por la entidad el día 23 de abril de 2010” y el auditor de la empresa advertía de que no había dispuesto de la documentación que acreditara ese movimiento. “Por todo ello”, concluía, “existen dudas razonables sobre la autenticidad y recuperación de dicho saldo”.

La Fiscalía también destacaba en su denuncia otras advertencias de las auditorías: en el ejercicio 2012 se contabilizaron unos 472.000 euros como un derecho a “crédito fiscal” por impuestos diferidos. Sin embargo, la auditoría refleja que ese activo “no debería haberse reconocido” porque “no resulta probable que la sociedad disponga de ganancias futuras” que permitiese aplicarlo y, “en consecuencia”, las “pérdidas” de aquel año deberían “aumentarse” en los citados 472.000 euros.

También se incluyó como “aprovisionamientos” de la empresa un saldo de 897.000 euros que correspondía a los gastos derivados de una factura de Mahlec Mantenimientos SL por el alumbrado público de Cañada del Río, a pesar de que la propiedad no pertenecía a Gesturpa y que la obra le fue “encomendada” al Ayuntamiento de Pájara, que debería haber efectuado “un ingreso” a favor de la empresa municipal.

En sus últimas cuentas presentadas, las de 2016, el auditor, Miguel Ángel Ramírez Delgado, mantiene una salvedad que ya reflejaba la Fiscalía en los orígenes de la causa penal: a pesar de haber requerido “a todas las entidades bancarias con las cuales ha operado la sociedad durante el ejercicio 2016”, no se ha recibido “certificación alguna de Bankia”. La Fiscalía aprecia en la auditoría desajustes en unas partidas de 100.000, 472.000 y 897.000 euros y echa de menos la certificación de las cuentas corrientes abiertas en Bankia.

“Patraña de denuncia política”

Blas Acosta señaló este viernes a la salida del Juzgado que “lo que se ha hecho con dinero público es gastarlo en inversión y obra pública nada más”. “Lo que ellos creen entender como malversación de de fondos públicos es todo lo contrario”, afirmó.

Acosta también destacó que la administración de la empresa municipal Gesturpa había estado mancomunada, en una primera etapa con Guillermo Concepción y en una segunda con Antonio Jiménez. “En los últimos años, sin actividad de la empresa, de 2011 a 2015, sí fui administrador único”, agregó Acosta, quien dijo que “los apuntes contables” por los que preguntó la jueza eran de una época en la que él no era el único responsable de la sociedad.

Para Acosta, el caso Gesturpa se trata de una “patraña de denuncia política” y llamó la atención por que no se haya citado “a otras partes ni al resto de personas” que habrían tenido que ver con la administración de la empresa pública.