El pasado 15 de junio se hizo público que 14 de las 39 personas inmigrantes que habían llegado en patera al puerto de Gran Tarajal habían dado positivo en la COVID-19 después de que les hicieran la prueba de la PCR. Minutos después, las redes sociales se convertían en un vertedero donde los usuarios vomitaban centenares de comentarios xenófobos en los que culpaban a sus pasajeros de traer el virus a Fuerteventura.

Los alegatos saltaron de las redes a las calles y los bulos circularon con rapidez de la telefonía al boca a boca. Una parte de la sociedad de la Isla olvidaba su pasado migratorio; arriaba la bandera “de pueblo tolerante y solidario” y sacaba su peor cara con comentarios xenófobos que alimentaban el odio.

Canarias ha sabido lidiar con cierta empatía con la historia de la inmigración irregular en patera. Aun así, ha habido episodios de vergüenza como la manifestación racista en 2006 de medio centenar de vecinos de Garachico (Tenerife), contrarios a que 30 menores fueran alojados en un centro del municipio. Ese día, algunos vecinos se quejaron de que el recinto no tenía alambradas y que los muros no eran suficientemente altos.

En plena crisis de los cayucos en Canarias, la editorial de un periódico de Tenerife animaba a sus lectores a participar en una concentración contra la inmigración: “Debemos salvar las Islas de la inundación para que puedan recobrar así su idiosincrasia, su carácter”.

Al final, las mafias buscaron nuevas rutas y la llegada de pateras cesó hasta que el pasado año se reabrió el camino de la inmigración irregular desde África a Canarias, especialmente a las islas orientales. En Fuerteventura, ha habido vecinos que han puesto el grito en el cielo tras conocer que un grupo de inmigrantes podía ir a parar a su pueblo. Otros no han dejado de acudir con bolsas de ropa y calzado a la llamada de auxilio de Misión Cristiana Moderna, la iglesia evangélica que acoge, en estos momentos, a más de 260 personas llegadas en patera.

Sin embargo, el coronavirus ha sido el mejor aliado para alentar los alegatos en contra de la inmigración. Esteban Ibarra lleva 30 años en el Movimiento contra la Intolerancia, del que es presidente. Desde hace tres meses, su organización ha denunciado el aumento del discurso de odio múltiple, aparejado a la COVID-19. Este activista de los derechos humanos explica que este relato se ha proyectado de distintas maneras durante la crisis sanitaria: “Lo primero que detectamos fue un fomento de odio a las personas con rasgos orientales. En Madrid llegó a haber agresiones”.

Según avanzaba la pandemia, ese discurso, explica Ibarra, “aumentó hacia un planteamiento antisemita; decían que el virus lo habían creado los judíos y, más tarde, derivó a una fobia hacia Madrid. Después, hacia un alegato de odio de carácter gerontofóbico hacia a las personas mayores. Ahora, entra en juego el discurso en un nuevo episodio xenófobo contra la inmigración irregular”.

El 20 de junio se conocieron 11 nuevos casos más entre los 31 pasajeros de la neumática que fue interceptada dos días antes a 59 kilómetros al sureste de Fuerteventura. En las siguientes jornadas, fueron aumentando los casos hasta llegar a 37. Se supo, más tarde, que el origen de los contagios podía ser un foco en un mercado de El Aaiún donde estos subsaharianos trabajaban a cambio de comida.

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Políticos y sanitarios no han parado de repetir que a cada uno de los inmigrantes se les aplica un estricto protocolo por parte de Sanidad. Se les aísla durante las primeras 72 horas en una nave del recinto portuario de la capital, hasta que la Policía les realiza la filiación. Luego son derivados a la “nave del queso”, un recinto propiedad del Cabildo, donde continúan una cuarentena de 14 días. También se les realiza la prueba de la PCR para diagnosticar si son positivos en la COVID-19 y se les toma a diario la temperatura durante el periodo que están en cuarentena. Mientras tanto, los aeropuertos canarios han empezado a recibir a turistas, sin test en origen ni en destino.

Aun así, las explicaciones no convencen a los incitadores del odio. “Hay cierta manipulación xenófoba que aprovecha las redes para falsear la realidad”, explica Ibarra. También insiste en que “los brotes pueden tener un origen diverso: el turismo, la comunidad interior o la inmigración. No podemos negar que puede haber brotes a partir de la inmigración irregular, pero el Ministerio está aplicando una estrategia que es la correcta”.

Webs y mentiras

En medio de la vorágine por los nuevos casos de coronavirus, una web, de una empresa donde aparecen como administradores el expresidente de la Cámara de Comercio y empresario hotelero Gregorio Pérez y su hermano, el consejero del PP Domingo Pérez, aseguraba que el Gobierno central estudiaba volver a decretar el estado de alarma en Fuerteventura si continuaban llegando pateras con inmigrantes con la COVID-19.

Esteban Ibarra, del Movimiento contra la Intolerancia, insiste en que “el discurso de odio que se vomita en las redes sociales va a seguir existiendo”

El Cabildo tuvo que salir al paso para desmentir la información al ver el revuelo de la ciudadanía y las continuas llamadas de turoperadores, preocupados por si la Isla dejaba de ser un destino turístico seguro para sus clientes. Todo en los días previos a que Fuerteventura empezara a recibir turistas, capaces de parar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y dar un respiro a los Servicios Sociales. El tema terminó en una denuncia por parte del Cabildo en Fiscalía.

El PP salió al paso para desmarcarse de la polémica publicación y añadía que Domingo Pérez “pese a ser el administrador de dicha empresa, no es el autor intelectual, ni el que escribe ni firma la noticia”, y recordaba que atacar “el contenido de un medio es un absurdo en el mundo periodístico”. Al final, los populares, más allá de condenar el acto, daban la consideración de medio de comunicación a una web conocida por sus difamaciones y ataques políticos y no por las noticias y profesionales del periodismo que vertebran cualquier medio de comunicación.

Esos días, también el Ayuntamiento de Tuineje, con alcaldesa del PP gracias a un pacto de gobierno con PSOE y AMF, exigía al Gobierno central que retirara las pateras del muelle y pedía un protocolo de seguridad para que “las embarcaciones se retiren sobre la marcha y se proceda a una desinfección del espacio para evitar propagaciones de la COVID-19”.

Mientras los inmigrantes permanecían aislados en la nave, un audio por WhatsApp corría como la pólvora de móvil a móvil alertando de que varias de las personas contagiadas con Covid se habían escapado del recinto. Una voz de mujer, que más tarde fue vinculada a un movimiento cristiano, alertaba de esta supuesta huida e informaba de que el Cabildo pretendía confinar de nuevo la Isla por este rebrote. Al final, los hechos se pusieron en conocimiento de la Policía.

También estos días ha circulado un cartel donde se mostraba la fotografía de un chico con coronavirus que, supuestamente, se había escapado del CIE de El Matorral. Los creadores del bulo no se percataron de que el centro fue cerrado en 2018 después de llevar seis años vacío.

Mikel Mazkiaran asegura que, desde SOS Racismo, se ve “con preocupación este tipo de discursos por la facilidad con la que se propaga el bulo que se genera a través de las redes” y recuerda que “aunque sea una noticia falsa genera de manera muy rápida una opinión”.

“Por desgracia, la ciudadanía tiene una tendencia a creerse ese bulo. El problema no es tanto que sea algo falso, sino que genera esa opinión que, a modo de lluvia fina, va creando una actitud que luego se puede exteriorizar en acciones que entrañen un peligro, lecciones y ataques a la población extranjera”, explica. Este abogado asegura que “se comienza con los bulos y se va dando pie a que los estereotipos se vayan interiorizando. Afortunadamente, la mayoría de la población se queda ahí, pero hay una minoría que, al final, termina generando acciones violentas”.

Esteban Ibarra, del Movimiento contra la Intolerancia, insiste en que “el discurso de odio que se vomita en las redes sociales va a seguir existiendo y, a veces, delictivamente”. Sin embargo, echa en falta que se pueda convertir en delito por “incitar al odio, la discriminación o dañar la dignidad de las personas”.

A su juicio, “el mensaje sigue siendo débil porque la Fiscalía de delitos de odio en Canarias tenía que ser más proactiva y cada vez que llegue o se detecten delitos de odio ponerlos a disposición judicial. Entonces, habría menos estímulos para decir barbaridades”.

Ibarra cree que a Fuerteventura llega un episodio importante de xenofobia. “La pregunta es qué hay que hacer, cómo neutralizar esto” y la respuesta se encuentra en hacerlo a través de “un ejercicio objetivo de veracidad” donde tienen cabida las instituciones y los medios de comunicación.

La publicación de cualquier tema de inmigración genera decenas de comentarios en las webs y redes sociales de los medios de comunicación. Ahí encuentran los xenófobos la mejor plataforma para verter su odio con discursos que apuntan al inmigrante como un mantenido de las ayudas sociales, un delincuente o un propagador del coronavirus.

Las peticiones al Estado para que les nieguen el acceso a España y los devuelvan a su país de origen en la propia patera en la que viajan toman fuerza. Los pocos que se atreven a defenderlos suelen salir mal parados. Publicar la llegada de una patera es una garantía para mantener activas las redes sociales del medio de comunicación.

El representante de SOS Racismo señala que los políticos y los medios de comunicación terminan realizando un relato de “meras cifras” y “quien está ahí, lo único que nota es esa llegada incesante de personas, casi zombis”. Sin embargo, en pocas ocasiones, “nos hemos puesto a pensar que, realmente, son personas con nombre y apellido, con padres e hijos, con unos países de origen y una historia de vida. Si no añadimos ese componente de humanidad básica obtenemos una opinión claramente de rechazo”.

Pandemia xenófoba

“Son personas con nombre y apellido, con padres e hijos, y una historia de vida. Si no añadimos ese componente de humanidad obtenemos una opinión de rechazo”

El 19 de junio el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, y el director insular de la Administración del Estado Domingo Fuentes, anunciaban la intención de firmar un convenio entre la institución insular y el Estado para reabrir el CIE de El Matorral como centro de acogida de inmigrantes. El Cabildo se encargaría de la reforma del antiguo cuartel militar. Minutos después, el PP respondía a la iniciativa del Cabildo acusando al Gobierno central de abandonar la Isla y a Acosta de usar el dinero de los majoreros para realizar obras en un centro de acogida para dar techo a las personas inmigrantes.

La pandemia xenófoba ha traspasado las fronteras de Fuerteventura. La intención de acoger a un grupo de inmigrantes en el Aula de la Naturaleza de Máguez, en Lanzarote, tuvo una rápida respuesta por parte de la oposición en el municipio, que advertía de que “hay vecinos a menos de diez metros”.

La intención de crear un campamento para inmigrantes en el Polígono Industrial de Arinaga tampoco cuenta con el beneplácito del Ayuntamiento de Agüimes y los empresarios de la zona. El 30 de junio el pleno del Consistorio aprobó una moción para solicitar al Gobierno español y a la Comisión Europea que busquen alternativas al proyecto. La iniciativa fue respaldada por los votos de Roque Aguayro, Coalición Canaria y Ciudadanos.

Blas Acosta lanzaba el 5 de julio en el periódico La Provincia un ultimátum a Cruz Roja para que abandonara el albergue de Tefía, propiedad de la institución insular. En sus instalaciones, la ONG ha acogido a unos 70 inmigrantes. El socialista llegaba, incluso, a plantear su desalojo. Al final, el discurso político se situaba por encima de la ayuda humanitaria.

Discursos simplistas

A pesar de que Fuerteventura lleva 26 años recibiendo inmigrantes en patera, aún una parte de sus habitantes no termina de acostumbrarse y aceptar la situación. Ibarra cree que “ha faltado una pedagogía fundamentada en la racionalidad de las propuestas, la solidaridad y la tolerancia ante la diversidad”.

A su juicio, “todo eso no se ha producido, pero ni en Fuerteventura ni en el resto del país”. Lo que pasa es que la Isla es permeable a la inmigración irregular por su proximidad y la entrada de embarcaciones, “pero también se está produciendo lo mismo en otros lugares”. “Lo que se produce es un efecto de miedo, inseguridad, ‘tengo que salvar lo mío por si van a venir y me van a causar problemas en mi puesto de trabajo o problemas con la COVID’”, concluye.