La Plataforma ‘Artículo 47 por una Vivienda Digna’ reclama alquileres sociales para resolver la emergencia habitacional en Fuerteventura. “Los bancos prefieren especular”, denuncian
Buscar vivienda se convierte en una misión imposible en Fuerteventura
La Plataforma ‘Artículo 47 por una Vivienda Digna’ reclama alquileres sociales para resolver la emergencia habitacional en Fuerteventura. “Los bancos prefieren especular”, denuncian
Buscar una vivienda se ha convertido en un asunto imposible en la isla de Fuerteventura en los últimos años. Tanto es así que la población majorera se ha movilizado para exigir que se respete el derecho más elemental de la Constitución Española como es el de una vivienda digna.
En este mercado reina el caos por la subida de los precios de alquiler, la competencia de viviendas vacacionales, la aparición de edificios cerrados y tapiados y la ocupación de casas como único remedio para conseguir un techo en ‘la jungla’ del mercado inmobiliario de la Isla.
La portavoz de la Plataforma ‘Artículo 47 por una Vivienda Digna en Fuerteventura’, Cristina Hormiga, recuerda que este colectivo surge de la unión de muchas personas afectadas por la emergencia habitacional.
“Más de 200 familias sufren la precariedad en la vivienda en Corralejo, Puerto del Rosario, Antigua y Gran Tarajal, y nadie hace nada para solucionar el problema”, lamenta Cristina, que exige la puesta en marcha urgente de alquileres sociales para las familias con recursos económicos limitados.
“En mi caso tengo trabajos temporales y no podía asumir los precios, por lo que busqué en 2013 una vivienda barata”, explica la portavoz de la plataforma. “Una mujer me ofreció en el mercado de la Plaza de la Paz de Puerto del Rosario un alquiler muy bajo a cambio de que reformara la casa porque se encontraba muy deteriorada, y acepté”.
Así se metió en sus actuales problemas judiciales, porque tras pagar un alquiler durante casi dos años y remodelar toda la casa después de que entraran bichos, humedades y carecer de sanitario en el baño, un día recibe una denuncia de un banco, que dice ser propietario, por usurpación ilegal.
“La supuesta casera está en paradero desconocido, al parecer la casa es el del banco, y de este modo me convierto en okupa”, detalla Hormiga. En su caso, la denuncia penal se archivó pero sigue abierto un procedimiento judicial por la vía civil. “Me pueden desahuciar en cualquier momento”, explica.
Por eso, Cristina Hormiga vive cada amanecer con una gran incertidumbre y no es capaz de planificar un futuro. “Creo que nadie okupa una vivienda porque quiere sino por necesidad y muchas familias se hallan en este laberinto sin salida”, reconoce.
“Más de 200 familias sufren la precariedad en la vivienda en Corralejo, Puerto del Rosario, Antigua y Gran Tarajal, y nadie hace nada para solucionar el problema”
La portavoz de la Plataforma ‘Artículo 47 por una Vivienda Digna en Fuerteventura’ considera que “los bancos deberían abrir las casas y ofrecer alquileres sociales, pero prefieren especular y vender”.
Los miembros de la plataforma han contabilizado numerosos edificios tapiados en Puerto del Rosario y en distintos pueblos, “que se vienen abajo, en lugar de ofrecerlos a familias sin recursos y sin un techo”. Lo malo es que alrededor de este problema se ha creado incluso un negocio y hay gente que cobra por abrir una casa cerrada para que una familia tenga un hogar.
La Plataforma ‘Artículo 47’ se ha unido al Movimiento de Okupas MOF y en los últimos meses han recibido numerosas llamadas y solicitudes de ayuda de familias afectadas por la precariedad y las dificultades que hay de acceder a una vivienda.
A ellas se unen un centenar de familias que han conformado la Plataforma de Inquilinos Mirador de Dunas, que también serán desalojadas tras recibir presiones de los propietarios del inmueble. Se trata de una urbanización que aseguran que busca su reconversión turística.
“Se alquilan hasta literas”
Rodrigo Sepúlveda es vecino de la urbanización Mirador de Dunas y recuerda que los problemas surgen hace dos años, cuando dejan de recibir los recibos de los alquileres. “Los inquilinos pusimos las cuentas en el Juzgado y algunos residentes llevan dos años depositando los alquileres en ellas para evitar deudas”, aclara.
Además, reciben notas y cartas sin sello para que abandonen las casas. “También nos ofrecieron la venta de las casas a 200.000 euros, pero luego retiraron la propuesta, y ya ni siquiera sabemos quiénes son los dueños de la urbanización, porque han pasado distintas inmobiliarias y bancos en estos años”, resume Sepúlveda.
La mayoría de estos vecinos trabajan en el sector de la hostelería y el turismo en Corralejo y denuncian que “resulta imposible conseguir un alquiler en el pueblo para una familia trabajadora”. Sepúlveda comenta que en Corralejo muchas casas se alquilan por habitaciones y “se alquilan hasta literas”.
Por ello, demanda una regulación del sector para evitar que Fuerteventura se convierta en “islas como Mallorca y Baleares, donde la vivienda se ha desbordado por completo”. El mercado de la vivienda se ha convertido en un verdadero problema para la población majorera, y por eso los colectivos anuncian movilizaciones y sentadas por los pueblos durante el verano, para exigir que se establezca un programa de alquileres sociales con urgencia.
Mar Álvarez, vecina de Corralejo, desvela que tras la búsqueda incesante de vivienda y tras conocer a mucha gente en la misma situación pensaron en crear una cooperativa de vivienda. “Observé que los precios no se corresponden con el salario, ya que el mercado laboral está muy complicado y estamos pensando en crear una cooperativa, uniéndonos muchas familias interesadas en comprar una casa para que nos resulte más económico que acudir por separado a las inmobiliarias”, explica.
En su opinión, los precios están inflados por el interés de inversores extranjeros de adquirir propiedades en la Isla, lo que ha disparado un mercado que no se corresponde con los salarios de la población de Fuerteventura.
Unas 40 familias de Antigua que viven con un alquiler social se enfrentan a un desalojo múltiple tras las “presiones” de los nuevos propietarios del inmueble. Un vecino que prefiere mantener el anonimato detalla que lleva cinco años en régimen de alquiler social tras un acuerdo del banco con el Instituto de la Vivienda y en el que actuó como mediador el Ayuntamiento de Antigua. “El banco anterior vendió la propiedad a otro y ahora nos quieren echar y eliminar nuestro alquiler subvencionado”, apunta.
A su vez, asegura que el banco les ha llevado a juicio “con denuncias falsas, como si estuviéramos de okupas, cuando entramos con todo legal, tenemos nuestros boletines de agua y luz y estamos empadronados aquí”.
La primera demanda, a la mitad de la urbanización, la ganaron los inquilinos pero en la segunda ha ganado el nuevo propietario de los inmuebles. “Sólo quieren especular con las casas”, sostiene el vecino. Este residente anuncia que se marchará porque se le cumple el contrato de cinco años, aunque la empresa pública Viviendas Sociales de Canarias (Visocan) les prometió un alquiler social por 10 años.
“Quedan muchas familias con niños, con los contratos en vigor en esta propiedad del pueblo de Antigua, y que están siendo desalojadas de forma injusta”, asegura. “Hemos acudido a las autoridades, pero nadie nos ayuda”.
Comentarios
1 Delatierra Mar, 14/08/2018 - 12:22
2 ciudadano Jue, 16/08/2018 - 02:07
3 Nikolas Jue, 16/08/2018 - 02:20
4 Nikolas Jue, 16/08/2018 - 02:20
5 Michel Vie, 17/08/2018 - 17:46
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