El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este jueves de forma definitiva el presupuesto autonómico para 2020, que incluye aumentos tanto de la fiscalidad como del gasto social.

El presupuesto, que alcanza los 9.569 millones de euros, un 8,75 por ciento más, y ha pasado por el trámite parlamentario sin cambios sustantivos, es el primero del gobierno de coalición cuatripartito liderado por el socialista Ángel Víctor Torres y formado por PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos y Agrupación Socialista Gomera.

A partir del 1 de enero, los canarios pagarán medio punto porcentual más en impuestos indirectos, al pasar el IGIC del 6,5 al 7 por ciento.

En el impuesto de sucesiones y donaciones, se reducen progresivamente las bonificaciones a las cuotas superiores a 55.000 euros y se eliminan a partir de 305.000.

También subirá el IRPF para rentas superiores a 90.000 euros, los impuestos al tabaco y al juego y el IGIC de la telefonía y de la electricidad, en este caso con la excepción del consumo doméstico.

Al mismo tiempo, habrá más gasto social para financiar mejor la dependencia, la atención a los mayores y, una de las iniciativas principales del pacto cuatripartito, la renta mínima ciudadana para luchar contra la exclusión social, cuya creación se aprobará por ley el próximo año, según las previsiones.

En conjunto, el gasto social pasa de representar el 72,5 por ciento del presupuesto de 2019 al 75 por ciento en 2020.

De los 9.569 millones de euros presupuestados, 1.468 millones serán para amortizar deuda y quedarán 8.066 millones para los gastos no financieros, un 2,7 por ciento más que en 2019.

La inversión se queda en 1.008 millones de euros, aunque el ejecutivo canario cuenta con que cuando haya presupuesto en el Estado puedan incorporarse partidas pendientes de al menos 300 millones de euros, como 30 millones contra la exclusión social, 42 millones para el plan de empleo y 42 millones para infraestructuras educativas.

Gran parte del incremento presupuestario, 217 millones de euros, será para gastos de personal, de los que 120 millones corresponden a las reducciones de jornada para los empleados de sanidad y educación.

El presupuesto ha sido diseñado con una previsión de crecimiento de la economía canaria del 1,3 por ciento del PIB, medio punto menos que en 2019, insuficiente para reducir la tasa de desempleo, que subirá hasta el 21,3 por ciento de la población activa.

“Desastrosos índices sociales”

La representante de CC-PNC, Rosa Dávila, reprochó al Gobierno que destine el grueso del aumento presupuestario a gastos financieros ("a pagar a los bancos") en lugar de a gasto social y servicios públicos ("a las personas").

También denunció, al igual que el resto de la oposición, una subida fiscal de 169 millones de los que 150 se recaudarán con impuestos indirectos que pagan todos los ciudadanos y un aumento en el impuesto de sucesiones y donaciones cuyo solo anuncio "ha llenado las notarías" en diciembre.

Se suben los impuestos cuando hay superávit presupuestario, récord de recaudación fiscal y desaceleración económica, pero a la vez se desatiende a las personas más vulnerables y a los sectores productivos, denunció.

Matilde Fleitas, del PSOE, respondió que el presupuesto es "la expresión directa de un gobierno de izquierdas", que cumple con la estabilidad y la sostenibilidad financiera pero cuyo primer objetivo es mejorar el estado de bienestar.

"El éxito o el fracaso del presupuesto se medirá cuando se demuestre que se empiezan revertir los desastrosos índices de sociales", afirmó la diputada.

Fernando Enseñat, del PP, afirmó que hablar de que crece el gasto social en 352 millones de euros es "un espejismo", puesto que 210 millones de ese aumento son para gastos de personal.

No es para contratar más, sino para pagar reducciones de jornada, carreras profesionales y aumentos salariales, que no está mal, pero "no es una gasto social" que repercutirá en las personas, sostuvo.

Denunció el aumento fiscal que se sostiene en los impuestos indirectos y por tanto en las clases medidas en medio de una desaceleración y de un incremento del desempleo.

Sin “afán recaudatorio”

"¿Dónde están los impuestos a los ricos si nueve de cada diez euros que se van a recaudar los pagan las clases medias?", preguntó Enseñat, y calificó al Gobierno de Canarias de complaciente con el Ejecutivo central por no reclamarle 1.200 millones adeudados y preferir cargar fiscalmente a ciudadanos y empresas.

Sin embargo, Esther González, de Nueva Canarias, reivindicó que la subida fiscal no tiene "afán recaudatorio", sino que persigue la redistribución de la renta, "que pague más quien más tiene" para mejorar los servicios públicos y políticas sociales.

"Bajar impuestos no tiene mérito, lo difícil y responsable es subirlos para garantizar los derechos", aunque suponga "un mínimo impacto a las rentas medias y bajas rentas", explicó.

El diputado de Sí Podemos Manuel Marrero subrayó que son unos presupuestos "realistas, progresistas y sociales" que avanzan en los derechos sociales, la mejora de los servicios públicos y la lucha contra el cambio climático

"Es incompatible bajar impuestos y mantener los servicios de bienestar, y para mantener lo público debe haber aportaciones de la ciudadanía en función de lo que cada uno tiene", defendió.

Para Melodie Mendoza, de ASG, la desaceleración económica y la inestabilidad política impiden un presupuesto más elevado, pese a lo cual se va a atender a las personas que más lo necesitan.

La portavoz de Ciudadanos, Vidina Espino, calificó de decepcionante que no se adopten medidas ni reformas ante una economía menguante y se suban impuestos a todos los ciudadanos sin ninguna razón, puesto que hay superávit y récord de recaudación.

Durante la jornada de la tarde, se votaron todas las enmiendas y entre las aprobadas figuran una para destinar seis millones de euros al pago de los sexenios a los docentes, otra referida a la carrera profesional del personal del Servicio Canario de la Salud y otra para la realización de un estudio sobre niños robados.

También se aprobó por unanimidad una enmienda in voce referida a las ayudas a emigrantes venezolanos.