La atención a la dependencia sigue siendo el área más preocupante para la Diputación del Común, que ha detectado casos “inadmisibles” como la demora de nueve años en tramitar un expediente y cómo Canarias continúa teniendo los peores datos de España: el gasto por habitante es menos de la mitad de la media estatal.

El titular de la Diputación del Común, Rafael Yanes, se refirió a este asunto en su comparecencia ante los medios de comunicación tras entregar al presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, la memoria de gestión correspondiente a 2019.

Rafael Yanes explicó que la dependencia sigue siendo el área que más preocupación suscita a los ciudadanos y por lo tanto a la institución, pese a que hay datos como que ha aumentado en un 8 por ciento el número de personas atendidas y en un 7 por ciento el gasto por habitante.

"Esto es cierto, pero seguimos teniendo los peores datos de España ya que mientras el gasto medio en el resto es de 149,92 euros por habitante, en Canarias es de 64,65, menos de la mitad", puntualizó Rafael Yanes.

Advirtió el Diputado del Común de que ha encontrado casos "inadmisibles", como el de una mujer a la que tras solicitar el reconocimiento de la dependencia se le atribuyó un grado 3, de gran dependencia, posteriormente se admitió su derecho a un plan individual de atención "y a fecha de hoy, nueve años después, no lo tiene aprobado, cuando la ley habla de un plazo de seis meses".

En concreto, las quejas recibidas por el Diputado del Común en materia dependencia aumentaron en un 26,5 por ciento, en discapacidad en un 71 por ciento y en un 80 por ciento en servicios sociales.

Además se han incrementado en un 96 por ciento las quejas referentes al área de mayores, principalmente por falta de plazas sociosanitarias y por el deficiente funcionamiento de algunos geriátricos, de tal manera que la Diputación del Común ha decidido abrir una actuación de oficio con visitas no anunciadas a centros de mayores para en su momento presentar un informe extraordinario sobre esta cuestión al Parlamento autonómico.

Aumento de expedientes de igualdad

En el área de igualdad, prosiguió Rafael Yanes, han aumentado en un 1.050 por ciento el número de expedientes tramitados desde agosto de 2018 hasta diciembre del año pasado, con un 83 por ciento de resultados a favor de los ciudadanos demandantes.

A su vez se han incrementado en un 116 por ciento las quejas recibidas por el área de tecnología de la información, una nueva sección en la Diputación del Común con la que se pretende consolidar el derecho de la ciudadanía a internet y que esta institución "va a defender en todos los rincones".

Asimismo, detalló Rafael Yanes que han aumentado un 155 por ciento las quejas recibidas en el área de vivienda, en su mayor parte relacionadas con procedimientos de desahucio.

Indicó Yanes que en 2019 ha aumentado en un 20 por ciento el número de personas que han recurrido a la Diputación del Común, con 4.037 expedientes, y opinó que la administración pública "cada vez es más cumplidora con la obligación de informar" a esta institución que depende del Parlamento de Canarias.

Como ejemplo, citó que mientras en 2018 la Diputación realizó 89 advertencias a la administración por el incumplimiento de plazos legales, esta cifra fue de 69 el año pasado, un 25 por ciento menos.

Además en 2018 el Diputado del Común emitió tres declaraciones por obstruccionismo a otras tantas administraciones públicas, lo que no fue necesario el año pasado y es por tanto una seña de que "hemos mejorado", a juicio de Yanes.

Según la memoria de 2019, el 65 por ciento de las gestiones realizadas por la Diputación del Común han tenido un resultado favorable para los reclamantes, sin contar en esta cifra los expedientes que no han sido admitidos y los que se han trasladado al Defensor del Pueblo.

Devolución económica

Como resultado de su gestión las administraciones han tenido que devolver además a los ciudadanos 108.293 euros en su conjunto, cantidad que no se había reconocido a los reclamantes hasta la intervención del Diputado del Común.

Asimismo Yanes informó de que ha abierto 84 actuaciones de oficio, esto es, sin esperar a recibir la queja de los ciudadanos, y una de ellas es la referente a la seguridad en las playas canarias, donde el año pasado murieron ahogadas 57 personas.

En agosto de 2019 se aprobó un decreto que obliga a los ayuntamientos a contar con un plan de seguridad en este ámbito pero, lamentó Rafael Yanes, sólo 22 han contestado a la Diputación del Común que lo tienen aprobado.

Otra actuación de oficio es la referente al hecho de que no se está cumpliendo el propósito de la ley autonómica de Educación que estipula que cada año debe aumentar el presupuesto de esta área hasta conseguir el 5 por ciento del PIB en 2022.

Otro asunto que ha requerido a la Consejería de Educación es que no permita el cambio de libros de texto con frecuencia, pues hay unos 300 niños con discapacidad visual que necesitan los libros en braille y no hay tiempo suficiente para su adaptación.

Asimismo la Diputación del Común investiga que se cumplan las normas de accesibilidad en los municipios, pues únicamente 20 han aprobado planes en esta materia.

Rafael Yanes se congratuló además de que la Diputación del Común "cada día es más conocida" y dijo como ejemplo que en Tenerife y Gran Canaria se presentan 8 quejas por cada 10.000 habitantes, en el resto de islas esta cifra es de 9 y en La Palma, donde tiene su sede oficial, aumenta hasta las 41, un signo "de que los palmeros ven a la institución como algo propio y cercano".