Canarias encabeza la lista de las nueve comunidades autónomas gobernadas por el PSOE (junto a Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Navarra y Valencia) que han suscrito un texto contra el veto parental.

Bajo el título 'Educar en libertad y para la libertad', el texto asevera que esa medida "no tiene cabida" en el sistema educativo español.
En el escrito, publicado por El País, los responsables de Educación de estas nueve comunidades aseveran, en referencia a la medida de Vox para que los padres den su consentimiento a actividades con contenidos morales o sexuales, que "el veto y la censura no son admisibles en las instituciones educativas".

Subrayan que los poderes públicos están obligados a proteger el derecho a la educación, recogido en el artículo 27 de la Constitución, y los derechos fundamentales de los menores.
Unos derechos entre los que se encuentran el de la información, la libertad ideológica, la libertad de expresión, el de ser oído y escuchado, y los de participación, asociación y reunión.
Y aluden los consejeros de Educación al "interés superior del menor y a su preparación para el ejercicio de una ciudadanía activa" como "imperativos legales".

Sostienen además que, por ley, la información suministrada a los menores debe ser siempre "veraz, plural y respetuosa con los principios constitucionales”.
Y que, por lo tanto, iniciativas como la prohibición de actividades a los menores, por parte de sus tutores, en el ámbito escolar, como la del llamado pin parental, "no tienen cabida en nuestro sistema educativo".

Los consejeros de Educación socialistas -el secretario de Educación de Compromís en el caso de Valencia- recuerdan que el cauce participativo de los progenitores reside en las asociaciones de madres y padres del alumnado "que son actores fundamentales y que habilitan un diálogo permanente con el profesorado y las autoridades educativas".
Y explican que en los colegios e institutos, a través de sus Consejos Escolares y proyectos de centros, la comunidad educativa (profesores, padres y alumnado) acuerda sus programaciones pedagógicas bajo la supervisión de la Inspección "que es la encargada de validarla con criterios científicos y jurídicos".

"Pretender restar oportunidades de aprendizaje" a los menores impidiendo su participación en actividades con el resto de sus compañeros "les impone una anómala exclusión en horario escolar y atenta contra los derechos de los menores, que los padres, madres y tutores, al igual que el profesorado, están obligados a proteger, por imperativo legal", remarcan.
En su opinión, "la libertad nunca se puede expresar mediante vetos o censuras" por lo que consideran que quienes respaldan esta medida buscan "polémicas estériles por su nulo recorrido jurídico y pretenden quebrar la convivencia escolar y la cultura del diálogo y la deliberación para imponer un autoritarismo ciego y acrítico".

"Esgrimen títulos de propiedad sobre los menores negando su condición de sujetos de derecho", lamentan los consejeros de Educación.

Y concluyen que, como responsables en sus comunidades de proteger y garantizar el derecho a la educación de los menores y sus derechos fundamentales recogidos en la Constitución y en otras leyes vigentes, "los vetos y censuras son absolutamente incompatibles con el fomento del desarrollo de la autonomía y de la independencia de juicio de los menores que es la misión de la educación".