La Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias ha registrado hasta el pasado 10 de abril 26.267 solicitudes de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor, con un total de 195.183 trabajadores y trabajadoras afectadas.

El 98,1 por ciento de las solicitudes, que son presentadas por centro de trabajo, corresponde a empresas de entre uno y 50 personas trabajadoras, con 25.458 expedientes. Solo las empresas de entre una y 5 personas empleadas acumulan 19.448 solicitudes, el 74,98 por ciento del total.

Este volumen de solicitudes en menos de un mes demuestra, según explica la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, "la efectividad de la flexibilización y agilización de los ERTE de fuerza mayor a la hora de proteger el empleo y a las empresas", pues de no haberse aplicado "ahora podríamos estar hablando de más de 190.000 puestos de trabajo destruidos, no suspendidos temporalmente".

Sin embargo, considera que ahora "hay que dar un paso más y prolongar en el tiempo los ERTE por causa de fuerza mayor vinculados al sector turístico". "Canarias seguirá trabajando para que el Estado mantenga esta medida más allá del estado de alarma", afirma.

La Dirección General de Trabajo se encarga de autorizar las solicitudes de ERTE presentadas, un trámite que dura un máximo de cinco días, ya que al término de ese plazo opera el silencio administrativo, aunque incluso cuando se da este caso la Dirección General sigue gestionando las autorizaciones a fin de dar todas las garantías jurídicas a las empresas.

Por su parte, de manera paralela, las empresas que presentan un ERTE deben gestionar directamente con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) la solicitud colectiva de prestaciones para sus trabajadores y trabajadoras.

Hostelería y comercio, los más afectados

Por actividad económica, hostelería y comercio acogen el mayor número de expedientes, con el 32,15 por ciento y el 25,94 por ciento del total, respectivamente, seguidos por otros servicios (7,81 por ciento); transporte y almacenamiento (6,76 por ciento); actividades artísticas recreativas y de entretenimiento (4,02 por ciento); actividades administrativas y servicios auxiliares (4 por ciento); actividades sanitarias y de servicios sociales (3,97 por ciento); construcción (3,58 por ciento); industria manufacturera (3,25 por ciento) y educación (3,13 por ciento).

Por sectores económicos, los de hostelería (32,1 por ciento), comercio (25,9 por ciento) y resto de servicios (34,6 por ciento) aglutinan la mayor parte de los expedientes.

En cuanto a la forma jurídica de la empresa, un 44,92 por ciento de las que han presentado ERTE son sociedades de responsabilidad limitada; un 38,08 por ciento personas físicas; un 6,22 v empresas de ámbito de la Unión Europea; un 3,57 por ciento personas físicas extranjeras residentes y un 2,44 por ciento sociedades anónimas.

Medidas específicas para el sector turístico

Como detalla Máñez, las actividades directa e indirectamente relacionadas con el sector turístico "concentran en Canarias la mayor parte de los ERTE por causa de fuerza mayor", un sector que supone el 35 por ciento del PIB y un 40,4 por ciento del empleo del Archipiélago, lo que da cuenta "del especial impacto que tendrá la crisis de la COVID-19 en las Islas".

Además, recuerda que el turismo "no se va a recuperar de un día para otro" y necesitará "medidas de acompañamiento específicas mientras dure su recuperación".

La consejera recordó que el Gobierno de Canarias ha liderado en el ámbito de la Conferencia de Presidentes "una propuesta, respaldada por un informe detallado, para extender la flexibilización y agilización de los ERTE por fuerza mayor en el sector turístico más allá de la finalización del estado de alarma".

"Es una cuestión clave y una reivindicación estratégica del Archipiélago para mitigar el impacto económico y social de esta emergencia en nuestro territorio", concluye.