“Señor Stampa, me dirijo a usted para poner en su conocimiento los siguientes hechos”.

El 20 de noviembre de 2011 se registró en la Fiscalía de área de Arrecife una denuncia anónima que dio origen el caso Montecarlo. El primer folio tenía este encabezamiento y lo que se describía muy someramente en él ha acabado coincidiendo plenamente con la confesión de los acusados.

El pasado 2 de julio se juzgaba la tercera pieza del caso, que corresponde a los principales hechos descritos en esa denuncia. Tres de los cuatro acusados confesaban que se habían concertado para encargar y redactar hacer pliegos de condiciones de servicios o suministros que no se prestaban y que se encargaban a tres empresas del mismo administrador: José Vicente Montesinos, que era, en definitiva, el socio del interventor de Arrecife, Carlos Sáenz.

En la denuncia inicial se pone de manifiesto lo siguiente. Que en 2008 se había presupuestado una partida de 300.000 euros para gastos diversos de hacienda y que se había gastado casi al completo en pagar facturas a tres empresas que habían hecho pliegos de de cláusulas administrativas de servicios diversos. Que las tres empresas tenían un miso domicilio social y el mismo administrador único, Montesinos, que estaba empadronado, a su vez, en el mismo domicilio que el interventor y que en algunas de esas facturas no había firma de ningún técnico dando su conformidad.

En la denuncia se adjuntaba documentación, que consistía en un informe del departamento de Tesorería fechado dos semanas antes, que corroboraba las irregularidades que se describían, incorporando un litado de todos los pliegos, así como otras cuestiones que ponían en evidencias las irregularidades. Los pliegos eran idénticos. Solo se cambiaba el objeto del contrato.

En el escrito de acusación de Fiscalía se acabó asegurando que se trataba de una plantilla que se podía haber descargado de la página web del Gobierno de Canarias. Ninguno de ellos pasaba de 18.000 euros, el límite del contrato menor, pero todos rondaban esa cantidad. Los suministros eran variados: asesoría para la concejalía de hacienda, servicio de inspección, compra de material de papelería, librería, asfalto, software, material informático, jardinería, limpieza o combustible.

También se ponían de manifiesto en esa denuncia inicial varias irregularidades en las facturas de las empresas Inelcon y Señalcon, por un lado, así como Tunera producciones, por otro. Esas irregularidades, ampliadas después durante la investigación, también han dado lugar a dos piezas separadas, las dos que quedan por juzgarse.

En el primer caso, se advertía de facturas de montaje y desmontaje de motivos de Navidad por más de 100.000 euros para la empresa Inelcon y de 48.000 euros para Señalcon. En el caso de Tunera se revelaba una factura de 63.000 euros firmada por el entonces alcalde, Cándido Reguera, y la empresa “sin firma de ningún técnico municipal ni secretaría ni nada”.

“Espero que por el bien de la comunidad, investigue los hechos expuestos anteriormente. Un saludo”. Así terminaba el primer folio de la denuncia, que fue el primer folio de las diligencias de investigación de Fiscalía 97/2011 que dieron pie a diligencias de investigación en el Juzgado de instrucción número 4 de Arrecife y en el Juzgado número 5 de Puerto del Rosario.

Las diligencias se convirtieron en seis piezas separadas que cristalizaron el 22 de mayo de 2012 con el estallido de la operación Montecarlo y la entrada de la Udef de la Policía Nacional en el Ayuntamiento de Arrecife deteniendo a varias personas, entre ellas a las dos con que se bautizó la operación: Carlos Sáenz, que aportaba el “carlo” y José Vicente Montesinos, que aportaba el “monte”.

Sáenz llegó a declarar que él y José Miguel Rodríguez se hacían favores. El edil firmaba las facturas que le interesaban a él y viceversa

El 30 de noviembre de 2011, la fiscal jefe de Arrecife, Yolanda López había asignado la investigación precisamente al fiscal Ignacio Stampa, a quien iba dirigido el escrito que ya se había distinguido por sus investigaciones en el caso Yate y en Unión, que lo haría después en Stratvs y que se marcharía en comisión de servicios a la Fiscalía Anticorrupción en Madrid después de presentar, como último trabajo en la Isla, los escritos de acusación de las piezas de este caso.

Una de las piezas acabó archivada, tres se han juzgado y otras dos están pendientes de juicio. El interventor y el empresario se habían conocido años antes, y una empresa de Montesinos, Tributos La Oliva, llevó el servicio de recaudación en ese ayuntamiento de Fuerteventura.

En 2008, Sáenz llega obtiene la plaza de Arrecife y simultanea por acumulación los ayuntamientos de San Bartolomé y Teguise. En San Bartolomé, Montesinos sigue prestando servicios de asesoramiento y gestiona la inspección de los impuestos durante seis años. Allí conocen ambos a Javier Betancort, que entonces era concejal de hacienda por el PP y que acabaría trabajando para las empresas de Montesinos en la trama de Arrecife.

En tres ayuntamientos

En Arrecife, el interventor y el empresario continúan con el mismo modus operandi pero suben la apuesta. Ya no solo se adjudica un contrato de servicios a las empresa de Montesinos sino que crean esa trama de facturas falsas. En Arrecife no estaban solos. En 2007 había subido al poder el pacto PSOE-PIL y los insularistas ponen en marcha una máquina de saqueo municipal que acaba en las redes del caso Unión. El concejal de Hacienda entre 2007 y 2009 era José Miguel Rodríguez, ya fallecido, que fue detenido tres veces en tres años, en Unión, en la operación Jable y en Montecarlo.

Sáenz llegó a declarar en una de las piezas de Montecarlo que se hacían favores mutuos. Rodríguez le firmaba las facturas que le interesaban a él y viceversa. Los dos estuvieron en prisión preventiva. Cuando sale el concejal facilita la moción de censura para que fuera alcalde Cándido Reguera y después dimite, a principios de 2010.

Javier Betancort, que fue concejal de Hacienda en San Bartolomé por el PP, acabaría trabajando para las empresas de Montesinos

Sáenz sale de prisión en la primavera de 2013 y vuelve a su puesto de trabajo en la Intervención. No admite los hechos, pero acaba condenado a cinco años de cárcel por una pieza separada del caso Unión, por el pago de 300.000 euros en facturas falsas a la empresa de electricidad Proselan, otra trama que también se repite en San Bartolomé y por la que resulta condenado a tres años y medio. A partir la primera condena, y ante el horizonte judicial, decide colaborar con la justicia y reconocer los hechos en los siguientes juicios. Acumula ya cuatro condenas.

En La Oliva, tanto él como Montesinos fueron condenados por un delito continuado de malversación de caudales públicos. El interventor aceptó una pena un año y medio y Montesinos, que no admitió los hechos, fue condenado a cinco años. El exconcejal Guillermo Morera fue condenado a diez años de inhabilitación. Se produjo un desfalco de 442.489 euros entre 2006 y 2008. La empresa de Montesinos comenzó a llevar la recaudación sin proceso de adjudicación y después comenzó a quedarse con dinero de la recaudación municipal que se ingresaba en ventanilla en efectivo.

En San Bartolomé, Sáenz aceptó tres años más de prisión, Montesinos dos, y el ex tesorero Luis Manuel Rodríguez, el ex concejal de hacienda Javier Betancort y el ex alcalde Miguel Martín aceptaron penas de un año. Hay varios hechos probados en la sentencia, pero el principal consiste en el abono a dos sociedades de Montesinos de casi 450.000 euros entre 2002 y 2008 por un contrato de consultoría. Ni siquiera está justificado que la empresa llevara a cabo los trabajos por los que se la contrató.