migraciones

Clavijo exige al Gobierno central los datos reales de las devoluciones de malienses desde Canarias

El senador de CC pregunta si se tendrá en cuenta “que son ciudadanos que huyen de un país en conflicto”

Lourdes Bermejo 0 COMENTARIOS 07/02/2020 - 10:25

El senador por la Comunidad Autónoma de Canarias, Fernando Clavijo, ha registrado este viernes en la Cámara Alta varias preguntas dirigidas al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en las que exige al Gobierno español una aclaración pública sobre la devolución de migrantes desde Canarias procedentes de Mali, vía Mauritania, “lo que se ajusta al acuerdo bilateral que existe entre España y dicho país africano”, según indicó hace unos días el ministro.

Lo cierto es que este procedimiento ha sido denunciado por varias entidades humanitarias, al confirmar fuentes de la propia seguridad mauritana a la agencia EFE que los migrantes devueltos que llegan a la ciudad de Nuadibú, en Mauritania, “son inmediatamente conducidos hacia la frontera de Malí o Senegal, según fuera el lugar de acceso al país, y entregados a la policía de esos países”.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado también ha constatado que estas personas son devueltas a Malí, un país que actualmente está en conflicto y es inseguro. 

En concreto, el senador de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, insta al Ministerio a que haga públicos los datos reales sobre “el número de migrantes de Malí que han sido repatriados a Mauritania desde Canarias durante el año 2019 y cuántos han sido devueltos durante 2020 desde Canarias”, “cuántas personas de dicho país expresaron su voluntad de pedir asilo y por qué se repatriaron a aquellas que plantearon su voluntad de hacerlo”, “si es consciente el Gobierno de España, como ha constatado la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, de que los malienses son devueltos a su país por las autoridades mauritanas” y “si se va a seguir aplicando el mismo procedimiento que hasta ahora con los ciudadanos de dicho país o se va a tener en cuenta definitivamente que se trata de ciudadanos que huyen de un país en conflicto”.

Clavijo fundamenta estas cuestiones en la opacidad del Gobierno español con respecto a este tema y en la actuación que se ha llevado a cabo con los migrantes llegados a Canarias desde este país en conflicto.

Grande-Marlaska, aseguró hace unos días en Rabat que “todos los que pisan suelo español han podido ejercitar su derecho de protección internacional, cosa que algunos han hecho y otros no". Si embargo, el senador canario explica que de los más de 70 malienses que, en lo que va de año, han sido expulsados de España, al menos 14 expresaron su voluntad de solicitar asilo “y, no obstante, todos ellos fueron internados en el CIE de Hoya Fría y expulsados sin que el Juzgado de Instrucción correspondiente tuviera constancia”.

El ministro también indicó ante la prensa que los expedientes se analizan individualmente y no de forma colectiva: “Son resoluciones individualizadas, y algunas pueden acabar en el poder judicial si hay recurso", dijo en Rabat. También reconoció que la preocupación se centra en la "vía canaria" y alabó la labor de los gobiernos de Marruecos, Mauritania y Senegal en la lucha contra la emigración clandestina, porque "dan protección y rescatan a las personas instrumental izadas por las mafias".

Sin embargo, y “a pesar de la insistencia de los periodistas”, explica Fernando Clavijo, Grande-Marlaska se negó a dar las cifras de devoluciones de emigrantes de España a Marruecos: “Son un número procedente y oportuno", dijo, insistiendo en que todas ellas son "conformes a derecho y con el debido respeto a los derechos y libertades".

El ministro explicó que, en el procedimiento, se analiza primero si el emigrante llegado de Marruecos ha solicitado protección internacional y, en caso de que se descarte, se estudia si existe además una situación de irregularidad, lo que puede terminar en un procedimiento de expulsión. “Son procedimientos ordinarios", dijo.

Unas explicaciones que el senador por la Comunidad Autónoma de Canarias pide que sean contrastadas con datos públicos sobre el procedimiento de devolución a su país de personas que han solicitado asilo en España.

 

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