La Sala tercera de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha dado la razón al Gobierno de Canarias en su reclamación al Ministerio de Fomento de 138,4 millones de euros correspondientes a la anualidad del 2012 del convenio de colaboración en materia de carreteras suscrito entre ambas administraciones en 2006 y modificado en noviembre de 2009.

Así lo ha informado el Supremo, que ha incidido en que estima el recurso del Gobierno canario contra la sentencia de la Audiencia Nacional del año 2014 que rechazó la pretensión del Ejecutivo autónomo, que había recurrido frente al incumplimiento del Ministerio de Fomento con respecto a los compromisos adquiridos en convenio.

Por su parte, la comunidad autónoma argumentó haberse visto sorprendido en su "buena fe" y en la confianza que "fundadamente" le había generado la conducta de la Administración General del Estado por el modo en el que hasta el año 2012 había venido cumpliendo los sucesivos convenios de carreteras.

"Es decir -prosigue la resolución del TS-, que el Ministerio había dotado cada año su partida presupuestaria con los créditos precisos para hacer frente a las cantidades comprometidas y había procedido puntualmente a la transferencia de lo estipulado para cada ejercicio".

Sin embargo, para el año 2012, el convenio fue incumplido por la parte obligada al pago, aduciéndose únicamente consignación presupuestaria suficiente.

Ante esta situación, el Tribunal Supremo estima la pretensión del Gobierno canario y establece un importe a abonar por parte del Ejecutivo central de 138,4 millones de euros.