La batalla entre el Ministerio para la Transición Ecológica y la cadena hotelera RIU por el hotel Oliva Beach no ha concluido. Ni en las manifestaciones -más o menos- públicas de sus responsables, ni en la vertiente legal del conflicto, que afecta, no solo a la intención de la empresa de reformar el establecimiento, sino también a la revisión de oficio de la concesión del dominio público marítimo terrestre.

El ministerio ha trasladado la presión a RIU: le exige modificar el proyecto de reforma presentado, para rebajar sus pretensiones, y el permiso explícito de los otros veinte propietarios de apartamentos en el Oliva Beach, con los que no se había contado.

En el plano público, el último episodio de la contienda se produjo en el Senado el 3 de marzo, una semana después de que RIU dejara en suspenso el inicio del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que había anunciado que pondría en marcha.

En su intervención ante la Cámara Alta, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, dijo que el del Oliva Beach es el asunto “probablemente más enrevesado jurídicamente” que han heredado.

Ribera recordó que, en 2007, RIU se había comprometido a que, una década después, “el ministerio demoliera” las instalaciones, y recalcaba que el anterior Gobierno del PP, en 2016, otorgó una prórroga para ocupar el dominio público “hasta 2089, muy por encima de lo que dice la Constitución”, “en contra del criterio del servicio jurídico” y de la Abogacía del Estado.

Es más, la ministra definió como una “sorpresa” la petición de RIU, en 2017, para reformar el hotel y los apartamentos, incluidos veinte “de los que no es titular”. Esa solicitud de la empresa “puede considerarse desestimada por silencio administrativo”, precisaron fuentes oficiales del ministerio a Diario de Fuerteventura.

No obstante, el contador se ha vuelto a poner a cero: el ministerio interpreta como una nueva solicitud de licencia de la cadena hotelera el duro escrito dirigido en enero por Carmen Riu, en el que sostiene que “la redacción del proyecto de obras se llevó a cabo siguiendo las instrucciones y advertencias del equipo técnico” de la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar. Además, asegura que hubo reuniones para ello “en la sede ministerial”.

En cambio, la directora general, Ana María Oñoro, detalla una serie de irregularidades detectadas por la Demarcación de Costas de Canarias. Así, la reforma de los apartamentos, en el proyecto de RIU, incluye “incrementos de volumen para usos expresamente prohibidos por la Ley de Costas” y “no amparados por la concesión” del dominio público otorgada, “ya que se ejecutan nuevas construcciones en parte de las zonas comunes de uso público y gratuito para usos no contemplados”, como el de “auditorio”.

“Hasta el momento”, indica en un escrito reciente la directora general de Sostenibilidad de la Costa, no se han presentado por la empresa “proyectos alternativos que permitan ser tenidos en cuenta”, a pesar de que la compañía “es conocedora de los reparos”.

La reforma de la piscina, añade la directora general, “podría ser autorizable siempre que no se produjera excavación del vaso de la nueva piscina, lo que sería considerado un incremento de volumen”.

Sobre la reforma del hotel no hay pegas: “sería autorizable” al tratarse de obras de “reparación, consolidación y modernización, siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie”.

La polémica de la concesión

Además de la disputa por el proyecto de reforma, el gran pleito que se avecina será el de la revisión de oficio de la concesión para ocupar casi 60.000 metros cuadrados “en el sistema dunar de Corralejo”, como recalcó la ministra en el Senado.

Costas apreció “vicios” en la concesión, puesto que era condición indispensable que RIU fuese la única dueña pero había una veintena de propietarios cuando se otorgó la concesión, unos datos que en el ministerio aseguraron desconocer hasta fechas recientes.

La ministra Teresa Ribera sigue adelante con la revisión de la concesión del dominio público marítimo terrestre mientras que la empresaria Carmen Riu asegura que empleará “todos los medios” legales para impedirlo

Fuentes oficiales señalaron este mes de marzo que la documentación ya está en manos de la secretaría del Ministerio para la Transición Ecológica “para que inicie el procedimiento de revisión de oficio”.

¿Cuál será el alcance de esa revisión de oficio? Si se sigue el criterio de la directora general de Costas, la anulación sería total y afectaría al hotel, a los 432 apartamentos y a los diez locales anexos, ya que todas las edificaciones están amparadas por una misma autorización.

De hecho, ha manifestado que el complejo de apartamentos no estaba construido al completo cuando entró en vigor la Ley de Costas de 1988, por lo que no se le debería haber otorgado la concesión.

Sin embargo, la posición de la abogada del Estado que ha informado sobre la revisión de oficio, María del Carmen Navarro, es menos tajante. En un informe de noviembre pasado apuntaba a la existencia de una “nulidad parcial” de la concesión.

La directora general planteó dejar en suspenso el expediente de reforma del establecimiento al iniciarse la revisión de la concesión, porque podrían producirse “perjuicios de imposible o difícil reparación”.

Si se anula la concesión, argumentaba Oñoro, se habría causado un “menoscabo económico” a RIU, que podría reclamar una “responsabilidad patrimonial” al Gobierno, y también “un daño injustificado e irreparable” sobre el dominio público.

La respuesta de la abogada del Estado fue que por ahora la concesión está en vigor y su revisión “no constituye un impedimento” para pronunciarse sobre una solicitud de licencia de obras.

Aunque la directora general no consultó por ello, la jurista avanzó su opinión de que “no se trata tanto de anular sino de regularizar” la concesión, “que se mantendrá vigente para la entidad concesionaria”, es decir, RIU, en “los terrenos de los que sí era propietaria”, dejando fuera a los otros veinte propietarios.

Carmen Riu ha advertido por escrito al ministerio de que empleará “todos los medios habilitados por el Estado de derecho para el control de las administraciones públicas y sus representantes” en el proceso de revisión de la concesión del dominio público, una compensación que se le otorgó cuando se “despojó” a su empresa “de su legítima propiedad sobre un suelo urbano”.

En el otro lado del ring, organizaciones ecologistas han resaltado el “impacto” de las construcciones en las Dunas ya estudian también acciones legales. Más que terminar, la guerra parece no haber hecho más que comenzar.