El Destacamento Marítimo de la Guardia Civil ha llevado a cabo varias inspecciones en aguas del sur de Fuerteventura a embarcaciones dedicadas al avistamiento turístico de cetáceos y denunció una quincena de infracciones administrativas.

Según especifica la Guardia Civil, las investigaciones se realizaron durante los días 14 y 15 de octubre a bordo de la Patrullera Río Órbigo, y destaca que las infracciones detectadas afectaban a las medidas de protección de cetáceos.

En concreto, la Guardia Civil ha denunciado a tres empresas y a cuatro personas por la comisión de infracciones en excursiones de observación de cetáceos en Fuerteventura tras la inspección de diez embarcaciones.

La Guardia Civil subraya que estas actividades se encuentran en auge últimamente, pero puntualiza que las mismas requieren de autorizaciones especiales y de que están sujetas a las directrices que marcan, entre otras normas, las leyes de Ordenación del Turismo en Canarias y de la Flora y Fauna Silvestre.

Entre las conductas denunciadas destacan el publicitar excursiones de observación de cetáceos careciendo de la autorización administrativa para realizar dicha actividad o hacerla sin autorización o distintivo azul, unos "requisitos imprescindibles" para estas visitas.

También ha sido denunciada la realización de excursiones sin llevar a bordo un guía de turismo especializado en la observación de cetáceos, "al ser muy delicada la intromisión del ser humano en los hábitats y conductas de estos mamíferos", destaca la Guardia Civil.

El Instituto Armado recuerda asimismo que las normas o instrucciones a seguir cuando se interactúa con los cetáceos en el mar son también de cumplimiento para los particulares que naveguen en barcos de recreo, y comprenden una serie de conductas, maneras de gobernar la embarcación y distancias a mantener con respecto a los grupos o bancos de estos animales.

Las quince denuncias administrativas ya han sido remitidas al Ministerio de Medio Ambiente, autoridad administrativa encargada de los correspondientes expedientes sancionadores, que guardan siempre una adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y el castigo aplicado.