Derecho y Justicia, la asociación que trabaja con familiares y población penitenciaria, ha alertado del aumento del consumo de drogas en el centro penitenciario de Tahíche (Teguise), en el que ingresan los internos de Fuerteventura y Lanzarote.

También advierte, a su vez, del aumento de ingresos de jóvenes con problemas de adicciones de ambas islas. “El nivel de consumo de drogas es alarmante”, señala Tharais Armas, psicopedagoga de la asociación, que desarrolla en el centro penitenciario el proyecto Inclusión, no exclusión, subvencionado por el Área de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote.

El hachís es la droga más utilizada, junto a las pastillas, que en la mayoría de las ocasiones se recetan de forma legal, principalmente para poder dormir, como las benzodiazepinas, pero que mezclan después los internos e incluso “trapichean” con ellas.

Desde Derecho y Justicia se preguntan por qué las instituciones de ambas islas, tanto los cabildos como los ayuntamientos de Fuerteventura y Lanzarote, no se hacen cargo también de algunos de los problemas que ocurren en el centro, porque la mayoría de los internos son ciudadanos empadronados en las islas orientales y porque “los problemas del centro son un reflejo de la sociedad en la que vivimos y parece que no se quiere mirar hacia él”.

La asociación asegura que están entrando en  prisión muchos jóvenes que previamente han pasado por los centros de menores o que, incluso, llegan directamente del centro grancanario de La Montañeta. “Pasan del centro de menores a la cárcel y entran, o delinquen, por sus adicciones”.

Por eso, la asociación destaca que, aunque la atención en la prisión sea importante, es aún más importante la prevención en edades tempranas. “Es fundamental porque, además del problema de salud, la entrada en la cárcel supone estigmatizar a una persona, y es muy difícil quitar ese estigma”, destacan.

Uno de los trabajos que se llevan a cabo en el programa Inclusión, no exclusión es un seguimiento psicopedagógico, utilizando la formación básica como punto de arranque, ya que el porcentaje de analfabetismo es alto, para que a los internos se les posibilite otra línea de vida.

Añaden que, incluso, hay personas de la misma familia reproduciendo idénticos patrones de comportamiento o de adicciones. Por otra parte, en el Centro de Inserción Social (CIS) Ángel Guerra, donde pasan a cumplir condena en régimen de semi libertad los internos que acceden al tercer grado, también es común el consumo de estupefacientes, si bien se han generalizado recientemente los análisis aleatorios para detectar el consumo, lo que puede acabar con el fin de la clasificación en tercer grado y la pérdida de ese beneficio penitenciario.

Además de las administraciones, Derecho y Justicia reclama más atención al resto de asociaciones de las islas para que atiendan las necesidades de los internos, de la misma forma que se hace con el resto de la población.

En el caso del Cabildo de Lanzarote, sí aporta una subvención anual de 12.000 euros (hasta junio de 2020), que se completa con una de La Caixa de 4.500, y que está destinada a ese seguimiento que hace la asociación para facilitar su reinserción y para el asesoramiento legal, pero durante varios meses al año el proyecto se lleva a cabo de forma voluntaria porque la cantidad no alcanza para cubrir la anualidad. Ni el Cabildo de Fuerteventura ni ningún ayuntamiento majorero aporta ninguna cantidad, a pesar de que muchos de los internos son de esta isla.

Derecho y Justicia considera que hay que visibilizar este problema, que afecta a gente muy joven. El perfil más común, de hecho, es el de un varón entre 18 y 25 años, sin profesión y sin empleo, de familia con escasos recursos económicos, cuyo origen es variado, pero que, en muchas ocasiones, aunque ya ha nacido en Canarias, procede de familias de otras nacionalidades.

En Tahíche también cumplen condena jóvenes que llegan desde Gran Canaria o Tenerife y, en todos los casos, “hay una reincidencia abismal”, asegura Armas. También destaca que “el área de tratamiento de la cárcel hace lo que puede, casi lo imposible, pero, con lo que hay, no se puede hacer más”.

Sólo un jurista en el centro

En los últimos meses se han repetido las quejas por parte de los funcionarios sobre la escasez de personal y de medios para afrontar su trabajo. Esa escasez de personal se extiende a otros servicios en prisión, donde solo hay dos médicos para más de 500 internos y, por tanto, la comunicación con los médicos de cabecera que tenían los internos, para continuar con algunos tratamientos ya pautados, es poco fluida.

También hay un solo jurista para todos los presos. A pesar de ello, la obtención de permisos se ha agilizado, ya que antes los internos no pasaban por la Junta de tratamiento hasta que cumplían los seis meses, fuera cual fuera la condena.

La realidad es que hay condenas de varios meses, por tráfico o por violencia de género, y ahora esos internos pasan por la Junta y son calificados, habitualmente, en tercer grado.

Hay otras carencias. El centro ha estado más de un año sin poder ofrecer un curso sobre violencia de género, que es esencial para la reeducación de los presos.

Lo que sí hay, como actividades complementarias, son clases de teatro, ajedrez o del carné de conducir, así como los estudios de la ESO, con Radio Ecca y Derecho y Justicia, que se han ampliado hasta Bachillerato, así como un convenio con la Fundación Arsis para los internos en tercer grado. También cuenta con un módulo UTE para la rehabilitación de internos con adicciones.