El problema comenzó a acentuarse en Lanzarote durante el año 2017 y sigue sin resolverse. Muchos propietarios de inmuebles empezaron a dedicarlos al alquiler vacacional y la oferta se resintió. Los precios del alquiler de larga duración comenzaron a subir y no han vuelto a bajar.

Ese año, el grupo Alquiler y venta en Lanzarote, dedicado en la Red a poner en contacto a compradores y vendedores, a inquilinos y propietarios, tenía 8.200 miembros. Hoy tiene más de 14.000 y las tendencias están claras. Siguen apareciendo muchos anuncios de personas que necesitan casa, muchos anuncios de venta y muy pocas ofertas de alquiler.

De las ofertas que hay, nueve de cada diez corresponden a habitaciones en pisos compartidos, una modalidad que hace unos años ni siquiera existía porque las habitaciones cuestan hoy lo mismo que un piso hace una década, entre 300 y 350 euros. El precio por una vivienda completa no baja de 500 euros sea cual sea la zona de la Isla.

Ese precio es, normalmente para apartamentos de una sola habitación: “Apartamento en Tahíche, salón cocina, baño, gran habitación, 500 euros”. O bien: “Tahíche. Una habitación, salón cocina, terraza y piscina. 700 euros O estos otros: “Apartamento en alquiler en Arrecife, calle Almirante Boado Endeiza. 550”, “alquilo apartamento en Puerto del Carmen... Consta de una habitación, salón-cocina, un baño, solana, terraza y piscina comunitaria. Precio 575 agua aparte. No se admiten animales”.

En 2017 nació la Plataforma de afectados por la vivienda en Lanzarote, que sustituía en cierto modo a la PAH, cuya lucha inicial fue con las hipotecas y los desahucios. El problema, en lugar de solucionarse, se trasladó al mercado de alquiler y ha habido casos de personas desahuciadas de su casa comprada y después de su casa alquilada. “Estamos más saturadas que nunca”, dice Elsa Betancort, de la Plataforma. “Sigue habiendo desahucios y la situación no cambia, hay gente quedándose en la calle y los alquileres están por las nubes”.

La escasez y la carestía complican a muchas personas su acceso a la vivienda. El Gobierno envió a Juan Tenería, desahuciado del garaje donde vivía en Arrecife, a una casa en Fuerteventura porque no encontró ni una sola en Lanzarote. Los servicios sociales de Tías encontraron una casa para una familia con tres niños, pero no en su municipio sino en Arrecife.

La presión del alquiler vacacional en las zonas turísticas ha aumentado, ahora que se permite esa modalidad también en estas zonas. “En Puerto del Carmen no se encuentra nada”, dice el concejal Nicolás Saavedra, que asegura que hay una trabajadora municipal que se dedica casi exclusivamente a buscar casas y que en este momento tienen cuatro casos graves, de personas o familias que se pueden quedar en la calle.

Además, son muchas las solicitudes de ayuda para pagar el alquiler. “Hace unos días, en una sola jornada, autorizamos casi 7.000 euros en ayudas”, dice. Tías concede ayudas de tres meses “y a veces se repite”, pero no es una solución completa. “Hay propietarios que no quieren alquilar si la gente viene de servicios sociales porque tienen dudas de que puedan seguir pagando”. Dice el concejal que hay un complejo de apartamentos que ha echado a todas las familias, más de una docena, y que muchos inquilinos llevaban 23 años viviendo allí.

Las instituciones

Ya en marzo de 2017, Podemos presentó una moción en el Ayuntamiento de Arrecife, aprobada por unanimidad, para crear una agencia de alquiler municipal. No se ha avanzado nada. También el Cabildo anunció en julio la puesta en marcha de los trámites para crear el Instituto insular de la vivienda.

La exposición de motivos no deja lugar a dudas: “La vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas para gran parte de la población (…) Las familias más vulnerables se ven golpeadas por el encarecimiento de los alquileres provocado, en gran medida, por el extraordinario incremento del nuevo fenómeno conocido como alquiler vacacional”.

Y añade: “La subida de los alquileres ha coincidido en el tiempo con una insoportable precarización del mercado laboral en el que los bajos salarios y la excesiva temporalidad se han convertido en norma, impidiendo a las familias más vulnerables el acceso efectivo a una vivienda digna”.

También se recuerda que “las últimas promociones de vivienda pública se entregaron en la legislatura 2011/2015” y se admite que “se tardará años en recuperar el tiempo perdido por  las dificultades de localizar suelo y ponerlo a disposición de la administración autonómica”.

El Instituto debe servir como “facilitador en la urgente tarea de acometer políticas activas de vivienda” y tener un papel de coordinación entre administraciones y de agente activo en la promoción de vivienda pública. En la reunión de finales de enero con el grupo de gobierno del Cabildo de Fuerteventura, en la que se comprometieron a colaborar en áreas estratégicas, se citó el problema de la vivienda como uno de ellos, pero el Instituto no arranca.

El consejero de Podemos en el Cabildo, Jorge Peñas, que también colabora con la Plataforma por una vivienda digna, señala que no se sabe mucho sobre ese Instituto pero que “no hay soluciones de hoy para mañana y sigue habiendo desahucios”.

Destaca que los Juzgados ahora están obligados a enviar una comunicación a Servicios Sociales si hay menores en la vivienda y se puede paralizar un mes si el dueño es un particular y tres si es un banco, pero también señala la dificultad para encontrar casa: “Los propietarios están pidiendo contrato fijo, vida laboral, tres meses, que no haya niños ni perros, no solo es el precio”, dice sobre los requisitos.

Islas orientales

El Gobierno de Canarias anunció como una de sus medidas estrella un Plan de Vivienda, que se debería presentar en el Parlamento durante este mes. El consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, destacó que “hace ocho años que no se construye una vivienda pública” en Canarias. El Gobierno se ha reunido con todos los sectores implicados para presentar un documento, cifra en 12.000 los solicitantes de vivienda en el Archipiélago y pone dos prioridades: responder ante los desahucios y construir vivienda de alquiler. Franquis quiere aprobar este mes un pacto social por la vivienda y en marzo presentar un plan.

La patronal de la construcción pide al Gobierno que en el Plan de Vivienda se diferencien los casos de Lanzarote y Fuerteventura porque es donde más caro resulta construir y “hay que hacer un esfuerzo doble”

Por su parte, Salud Gil, presidenta de la patronal de la construcción de Las Palmas, señala que no se ha hecho política de vivienda en los últimos 15 años en Canarias, “ni planificación ni estrategia”. “Hemos hecho propuestas concretas y hay bolsas de suelo retenidas por los ayuntamientos por ineficiencia”, dice.

Sostiene que es inviable hacer vivienda de protección en los suelos destinados para ello por el precio final. El último precio de VPO era de 1.400 euros el metro de superficie útil y hoy el precio de construcción ya es esa cantidad.

Por eso dice que el suelo público puede hacer viable la construcción poniéndolo a disposición de la iniciativa privada con un acuerdo entre tres partes: promotores, ayuntamientos y Gobierno.

Además, apunta a la rehabilitación como otra de las soluciones, porque hay 18.000 viviendas susceptibles de ser rehabilitadas en Canarias y hay dinero, pero las áreas de rehabilitación urbana (ARU) tardan quince años en tramitarse “y hay que hacer algo más ágil, crear un agente externo para desarrollar la rehabilitación y lo haríamos en dos años porque nosotros somos la herramienta fiable”.

La patronal ha pedido que en ese Plan de Vivienda se diferencien los casos de Lanzarote y Fuerteventura porque “es donde va a ser más caro construir” y “hay que hacer un esfuerzo doble”. Dice que ve con preocupación el caso de Arrecife, donde ya se cedió el suelo para levantar 200 viviendas pero aún faltan unos trámites burocráticos.

El trabajo de la Plataforma

En la Plataforma por una vivienda digna hacen un pequeño resumen histórico, que parte de la crisis del año 2008, sigue en 2012 con el inicio del alquiler vacacional y tiene un punto de inflexión en 2017, cuando ya se ve “a gente durmiendo en coches, en la calle, desahucios diarios de inquilinos con pocos recursos, de madres con menores, jubilados o personas con discapacidad”.

Las instituciones apenas ofrecen ayuda ni planes de emergencia, dicen, y tampoco hay viviendas sociales ni albergues. Durante el último año han tratado muchos casos, como el de Juan Tenería, o el de Onofre y su pareja, con problemas de salud, que tuvieron que salir de los apartamentos Senator de Costa Teguise para ocupar un garaje y después otra vivienda, o el de una señora desalojada de su vivienda de protección oficial por peligro de derrumbe, a la que el Ayuntamiento le pagaba un alquiler mientras arreglaba la vivienda pero la vivienda acabó ocupada. O el de una madre con dos hijos menores que ocupa la casa de un banco, que se niega a un alquiler social y cuyo juicio será en breve.

Otro caso fue el de una pareja con un bebé que fue desahuciada de Altavista en octubre, u otra mujer en el mismo barrio que vivía con un hijo y nietos en una casa sin condiciones de habitabilidad, o el de una pareja y tres miembros más de la familia que tienen que dejar la vivienda porque la dueña la va a rehabilitar y acaban realojándose por separado, alquilando habitaciones, o el de otra mujer que acudió a la Plataforma porque no le llegaba para pagar el alquiler y el resto de los gastos. Está separada y vive con dos hijos, uno de ellos con discapacidad.

Los problemas afectan a todas las edades, ya que hay una pareja de octogenarios de San Bartolomé que lleva 29 años viviendo en la misma casa y la propiedad quiere que se marchen.