El concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Andrés Martín (PSOE), ha afirmado este jueves que hay "muchas incógnitas" con la contratación de Juan Luis Guerra para el Carnaval de la capital tinerfeña de 2019, cuando gobernaba CC y PP en el municipio.

Andrés Martín, tras la reunión de la Comisión de Control del Ayuntamiento para tratar las presuntas irregularidades detectadas en el expediente de contratación de Juan Luis Guerra y Orishas, ha asegurado en declaraciones a Efe que el anterior grupo de gobierno llevó a cabo un "apaño administrativo" para al parecer favorecer a la persona que se encargó de la contratación de los artistas.

El concejal ha explicado que el Ayuntamiento emitió dos pliegos de contratación, el primero de prescripciones técnicas que se realizó a Radio Club Tenerife, empresa que no consta que aceptara la propuesta, el 6 de febrero de 2019 con un importe de 412.000 euros.

El segundo pliego para la contratación de Juan Luis Guerra y Orishas se realizó a nombre de Alfredo Moré y, según el edil, mediante un procedimiento de negociado sin publicidad y de tramitación de urgencia el 8 de febrero y por un importe de 501.000 euros, lo que supone un sobrecoste de 89.000 euros respecto al anterior.

Dentro de las condiciones pactadas figuraba la realización de dos pagos: el primero el adelanto del 50 por ciento del importe (250.597,16 euros) para la gestión de pasajes, visados, habitaciones de hotel y otros gastos que, según el actual concejal de Fiestas, se abonaron un día después sin estar acreditados.

El segundo pago era con el 50 por ciento restante y se pagó "curiosamente" cuatro días después de que finalizaran las actuaciones, ha indicado Andrés Martín, quien sospecha que las dos facturas se abonaran con "bastante celeridad", algo que le "extraña" porque no es "habitual" en el Ayuntamiento.

Los dos pagos, según el concejal de Fiestas, contaron con el visto bueno del exgerente de Fiestas, el interventor del Ayuntamiento y la exconcejala de Fiestas.

Para Andrés Martín es "sospechoso" que el anterior gobierno "no aclare por qué hay dos precios diferentes en los pliegos de contratación", motivo por el que el pasado 31 de octubre el Ayuntamiento abrió un expediente de información reservada con el fin de detectar "posibles" irregularidades.

Se trata de una comisión de investigación cuyo instructor es el oficial del Ayuntamiento, ha precisado el concejal de Fiestas, quien cree que antes de acudir a la justicia es preciso abrir un procedimiento interno para ver si hay irregularidades administrativas.

"Entendemos que hay muchas incógnitas sobre este expediente y que se trató de un apaño administrativo" ha recalcado el concejal, quien ha opinado que es "bastante grave" utilizar dinero público "de esta forma temeraria y sin garantías legales".

Asimismo, ha descartado que se trate de un "error humano" el hecho de que haya una diferencia de 89.000 euros entre los dos pliegos y ha afirmado que "este tipo de deslices nunca ocurren por casualidad".