El juicio por el caso Baku se celebrará en Puerto del Rosario este mes de octubre, los días 23, 24 y 25. Serán veinte los acusados que se sentarán en el banquillo aunque la Fiscalía tan solo acusa a 15 de ellos, los integrantes de la Junta de Gobierno del pleno municipal de La Oliva en en el año 2002 y el entonces aparejador municipal Jerónimo Soto.

La acusación popular, ejercida por Alternativa Democrática de Fuerteventura, que fue la denunciante del caso, extiende la acusación a la Junta de Gobierno que había en noviembre de 2003, presidida por la entonces alcaldesa Claudina Morales.

El caso juzgará el proceso de aprobación del parque acuático y complejo de ocio Baku, en Corralejo. En noviembre de 2002, primero la Junta de Gobierno y después el pleno aprobaron el pliego de cláusulas administrativas para llevar a cabo un concurso de adjudicación para construir y explotar dicho parque. En abril de 2003 se firmó el contrato con la empresa Joca, que fue la única que se presentó al supuesto concurso.

En el procedimiento se prescindió de los informes jurídicos necesarios y se avaló con un informe jurídico externo y un informe técnico del aparejador que omitió que lo que se iba a construir, según el proyecto, era contrario a la planificación urbanística del municipio.

Las Normas Subsidiarias de La Oliva contemplaban ese suelo como zona de equipamiento y sistema de espacios libres, y por tanto no se permitían edificaciones en este último tipo de suelo. Sin embargo el parque preveía la construcción de una zona de ocio, minigolf, zona infantil, jardín botánico, un centro cultural, una clínica privada, un restaurante, un mercado de artesanía, bingo, bolera, zona de pubs y aparcamientos exteriores.

El contrato se firmó por un precio de 17 millones de euros y una concesión de 47 años por la que el contratista debía pagar un canon anual al Ayuntamiento de 36.000 euros.

Además de estas irregularidades, el Ayuntamiento eximió a la empresa del pago del Impuesto de construcciones y de la tasa declarando las obras de especial interés o de utilidad municipal a pesar de que no cumplía con las causas de bonificación, y dejó de ingresar por estos dos conceptos más de 552.000 euros. Las instalaciones debieron considerarse como uso turístico, según la Ley de Ordenación de Turismo de Canarias.

Los acusados

Son veinte. En primer lugar, los miembros de la Junta de Gobierno de 2002: Domingo González Arroyo, los ex concejales Antonio Darias, Marcelino Umpiérrez, Alejandro Hernández y Tomás Andrés Pérez.

También están acusados el resto de miembros del pleno que votaron a favor: José Cristóbal Calero, José Juan Aguiar, Maximino de Santo Tomás Méndez, Felipe Miranda, Olivia Estévez, Raimundo Domínguez de Vera y Marcial Salvador Hernández. Lo estaba Ismael González, ya fallecido.

A estos hay que sumar a la interventora accidental, Rita Darias, que participó en la Mesa de contratación y al aparejador Jerónimo Soto.

La acusación popular añade a los miembros de la Junta de Gobierno siguiente, la surgida de las elecciones de 2003, por aprobar el proyecto de ejecución, pero la Fiscalía no les acusa porque no considera probado este hecho. Se trata de Claudina Morales, Rosa Fernández, Guillermo Morera, Felipe Figueroa y Miguel Ángel Vera.

Para estos últimos les pide una inhabilitación de nueve años, igual que para el aparejador. Para los demás, además de la inhabilitación, las acusaciones piden tres años de cárcel por prevaricación y por exacciones ilegales y malversación por no cobrar los impuestos.

Once años desde la denuncia

El recorrido del caso no ha sido frenético. Los hechos son del año 2002, ADF los denuncia en febrero de 2007, la Fiscalía tarda un año en entregar su denuncia, la instrucción, en el Juzgado número 3, se alarga desde ese año hasta el pase a procedimiento abreviado en octubre de 2015. Un año después, en octubre de 2016, se abre juicio oral, y finalmente se juzgará dos años después de esa fecha.