El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes por unanimidad una moción en la que pide al Gobierno que mantenga "una posición firme" en defensa de las aguas españolas en Canarias y que aborde el asunto "como prioridad" dentro del "diálogo fluido" con Marruecos.

Pese a que varios grupos han sido críticos con el Gobierno por su gestión con Marruecos desde que este país ha dado curso parlamentario a sus leyes de delimitación marítima, finalmente todos han dado luz verde a un texto conjunto.

Todo ello a raíz de una interpelación de la diputada de CC Ana Oramas, que la semana pasada debatió sobre las relaciones con Marruecos con la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya.

El texto aprobado llama al Gobierno a "seguir manteniendo una posición firme en defensa de la integridad del territorio terrestre y marítimo del Archipiélago Canario, aguas de soberanía española".

En segundo lugar, pide "seguir tratando como prioridad este asunto con Marruecos dentro del diálogo fluido que caracteriza las relaciones de amistad y confianza mutua entre ambos países", partiendo de que "en el caso de solapamiento de los espacios marítimos, no hay lugar para actos unilaterales".

En este punto, precisa que "la delimitación de la mediana marítima deberá hacerse mediante acuerdo entre ambos Estados respetando la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, que ambos países han ratificado, y el Derecho Internacional Marítimo".

En tercer lugar, llama a "seguir impulsando el proceso de diálogo" establecido en la ONU "entre Marruecos y el Frente Polisario, a fin de obtener una solución justa, duradera y mutuamente aceptada por las partes para el Sáhara Occidental, tal como recogen las sucesivas resoluciones de la ONU."

Por último, recogiendo la preocupación de los grupos sobre la restricción de funciones de la Depositaría de bienes del Estado español en El Aaiún -capital del Sáhara ocupado por Marruecos- insta al Gobierno "a facilitar los trámites y autorizaciones de certificados administrativos para la población saharaui con nacionalidad española y sus descendientes".

El texto definitivo recoge casi literalmente la enmienda que había presentado el PSOE, así que da por hecho que el Ejecutivo ya está trabajando en esa línea de firmeza y diálogo.