El Gobierno ha aprobado que todos los autónomos con pérdidas severas, también los societarios y los empleadores, puedan acceder a una prestación extraordinaria por cese de actividad y quedarán exonerados de pagar la cuotas a la Seguridad Social.

Este Decreto ley aprobado por el Gobierno señala que esta prestación, que duraría un mes pero se podría prorrogar, se calculará con el 70 por ciento de la base reguladora o con el 70 por ciento de la base mínima cuando no se pueda acreditar el período mínimo de cotización para tener derecho a la prestación.

Los beneficiarios serán autónomos cuya actividad quede suspendida por la declaración del estado de alarma o cuya facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior.

El Gobierno ha aprobado agilizar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) debido a la crisis sanitaria del coronavirus y que todos los trabajadores afectados tengan derecho a percibir la prestación contributiva por desempleo y ese tiempo consumido de paro no contará como gastado.

Según ha explicado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la reunión del Consejo de Ministros, también se exonerará a las empresas de la parte de la cotización, la de contingencias comunes, que tienen que pagar durante el tiempo que tengan trabajadores afectados por un ERTE.

En el plano laboral, el decreto-ley aprobado hace que todos los ERTE se consideren de fuerza mayor si son causados por las medidas adoptadas para combatir la epidemia de coronavirus y se resolverán en un plazo máximo de siete días.

Con el objetivo de facilitar el proceso, la norma establece un procedimiento que simplifica los requisitos, de manera que las empresas que quieran acogerse a este tipo de ERTE tendrán que remitir a la autoridad laboral un informe que vincule su solicitud con las medidas del Gobierno que le han perjudicado.

La autoridad laboral resolverá la solicitud en un plazo máximo de siete días, una vez que haya recibido el informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en caso de que lo haya solicitado. Además, se reduce de 15 a 7 días el período de consultas con los representantes de los trabajadores o la comisión representativa de éstos.

También se introducen cambios para reconocer el derecho a cobrar el paro a las personas trabajadoras afectadas aunque carezcan del período de ocupación cotizada mínimo necesario para ello.

Por ello, no computará el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos, y habrá una prórroga automática de las mismas.

Asimismo, reconoce a todos los trabajadores, que acrediten deberes de cuidado a raíz de las medidas tomadas o de las circunstancias generadas por el coronavirus, el derecho a acceder a la adaptación de su jornada o a la reducción de la misma.

Entre las circunstancias excepcionales que pueden justificar estos cambios están el cierre de centros educativos o residencias o la ausencia de quien se encargaba hasta ahora del cuidado de menores o dependientes.

La reducción de jornada, añaden, no requerirá preaviso alguno, más allá del que derive de la buena fe y no estará limitada en su disfrute por porcentaje mínimo ni máximo pudiendo llegar incluso al cien por cien de reducción y sin que puedan ser sancionados o despedidos. No se establece la figura de una prestación de la Seguridad Social que compense esta reducción.

Sobre el teletrabajo, se añade que dará carácter preferente simplificando la forma de hacerlo, dando por cumplida la obligación de efectuar la evaluación de riesgos con carácter excepcional, a través de una autoevaluación realizada voluntariamente por la propia persona trabajadora.

200.000 millones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha anunciado este martes la movilización de 200.000 millones de euros, casi un 20 por ciento del PIB, para combatir los efectos económicos de la epidemia de coronavirus.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sánchez ha avanzado que de esta cantidad, "la mayor movilización de recursos económicos de la historia reciente de España", 117.000 millones serán "íntegramente públicos" y el resto, privados.

La mayor parte de la aportación pública, 100.000 millones de euros, corresponde a una línea de avales que el Estado pondrá a disposición de las empresas, que permitirán movilizar un total de entre 150.000 y 200.000 millones si se suma la colaboración del sector privado.

Además, el Consejo ha aprobado también avales adicionales por 2.000 millones de euros para las empresas exportadoras, con mecanismos ágiles y que favorezcan especialmente a las pymes. Los 17.000 millones de euros restantes servirán para ayudar a colectivos vulnerables.

"No vamos a dejar a nadie atrás", ha afirmado Sánchez, "porque el Estado va a asumir ese choque que significa el frenazo en seco de la economía española".

La movilización de estos recursos "en un muy corto espacio de tiempo" será un "esfuerzo enorme", ha señalado el presidente, que ha explicado que el objetivo es que la crisis tenga forma de "V" y no de "L", es decir, que la caída se vea seguida por una recuperación en lugar de por un estancamiento.

Al mismo tiempo, se manda un "contundente" mensaje al mercado: "El Estado español va a proporcionar a nuestro tejido empresarial toda la liquidez que necesite para mantenerse operativo" porque no se va a permitir que "problemas de liquidez se conviertan en problemas de solvencia".

Ha instado así a abrir una "cadena de solidaridad" porque "este frenazo en seco de la economía española es temporal y luego habrá que hacer frente a una reconstrucción del país".

El pasado jueves el Gobierno había aprobado un primer paquete de medidas para hacer frente a los efectos del coronavirus, entre las que incluyó otra línea ICO de 400 millones de euros para el sector turístico, de transportes y de hostelería.

Por otra parte, Sánchez ha subrayado que España necesita "unos presupuestos de emergencia" que serán "de reconstrucción social y económica", por lo que intentará pactarlos con todas las fuerzas políticas, ya que las consecuencias de esta crisis "van a implicar un sobreesfuerzo".

Sin embargo, ha añadido que las cuentas se presentarán cuando se haya "vencido definitivamente al virus", ya que ahora mismo ningún organismo cuenta con unas previsiones económicas capaces de evaluar el choque que la epidemia va a tener en el PIB o el empleo.