El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves un decreto ley con medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscales y administrativas dirigidas a la protección del tejido productivo afectado por la pandemia de coronavarius.

El portavoz del Gobierno, Julio Pérez, ha indicado en rueda de prensa que la enfermedad "terminará siendo vencida" y cuando esto ocurra habrá que incentivar con las medidas que se precisen la recuperación de la actividad económica

El objetivo es que todo el mundo recupere su empleo, sea el que tenía u otro nuevo, ha dicho Pérez, quién ha señalado que, al igual que ha ocurrido en otras crisis, las actividades económicas variarán.

El decreto ley, elaborado por la Consejería de Hacienda, y que deberá ser validado por el Parlamento, contiene decenas de medidas, entre ellas la creación de una línea de ayudas por un importe inicial de 11 millones de euros para cubrir el 30 por ciento de la base mínima de cotización en el Régimen de la Seguridad Social de los autónomos y trabajadores del mar.

El también consejero de Sanidad y Administraciones Públicas ha explicado que esta medida, que es complementaria a la aprobada por el Gobierno de España, garantiza el abono de la totalidad de la prestación extraordinaria aprobada por cese de actividad

Según la información facilitada por el Gobierno canario, el Ejecutivo también reducirá los trámites administrativos para la gestión de ayudas o subvenciones, así como agilizará la gestión presupuestaria para atender con mayor inmediatez los gastos asociados al Covid 19.

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos será la encargada, según este decreto ley, de la tramitación de emergencia de las modificaciones de contratos ya suscritos para llevar a cabo estas medidas.

Otras de las medidas que le corresponden a esta Consejería será la tramitación de urgencia de los expedientes de contratación que se hubieran iniciados antes del estado de alarma o una vez decreto; dar celeridad a las subvenciones directas y la mejora de las ayudas derivadas de la crisis así como medidas extraordinarias de carácter presupuestario.

Además se autoriza al consejero al consejero de Hacienda a modificar los plazos de presentaciones de declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones y solicitudes en materia fiscal.

Respecto a la Consejería de Administraciones Públicas, su titular ha explicado que el decreto ley incluye medidas como que la Dirección General de Función Pública ofertará entre los empleados públicos la movilidad voluntaria hacia las consejerías que hayan efectuado el requerimiento para dar cobertura a las necesidades de servicio que puedan plantear con ocasión de la situación generada por el Covid-19.

También se autoriza a Función Pública para que adopte medidas extraordinarias en materia de gestión de las bolsas de trabajo de personal funcionario y laboral de la Administración General con el objeto de dar cobertura a las necesidades de servicio que se puedan plantear.

Julio Pérez ha resaltado el trabajo realizado por los empleados públicos y ha señalado que más de la mitad de los 12.000 empleados públicos que denominó de "cuello blanco" (los que no son docentes ni sanitarios) han realizado teletrabajo.

Ha señalado que desconoce si habrá alguna medida de restricción salarial cuando pase la pandemia, porque es competencia estatal, pero ha indicado que personalmente "se me caería la cara de vergüenza" si tuviera que regatear una subida salarial del 2 por ciento a un colectivo "que se está partiendo a trabajar en una situación como esta".