El Gobierno de Canarias trasladó el pasado mes de mayo a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJC) "a los efectos oportunos" la denuncia de un grupo empresarial contra el denominado 'hotel del italiano', levantado en la zona de Esquinzo, en el municipio majorero de Pájara, gracias a una licencia urbanística concedida por el Ayuntamiento de esta localidad en 1999 y prorrogada hasta en dos ocasiones a pesar de incumplir las prescripciones de la llamada ley de moratoria turística, aprobada en 2001, el planeamiento municipal y la Ley de Costas, como ha desvelado Canarias Ahora.

La Dirección General de Promoción Turística de la Consejería de Turismo del Gobierno regional remitió hace veinte días a la Fiscalía una copia de la denuncia tras estudiarla y realizar "actuaciones de comprobación". El foco se sitúa en la permisividad de dos administraciones para facilitar la construcción del Royal Palm Resort & Spa, promovido por el italiano (de ahí el sobrenombre del hotel) Giovanni Di Meglio. Se trata del Ayuntamiento de Pájara y, precisamente, de la Consejería de Turismo, que facilitó con sus resoluciones las prórrogas de la licencia de obra caducada.

En el Consistorio sureño gobernaba entonces (y ahora) el socialista Rafael Perdomo, en aquella época con Blas Acosta, como concejal de Urbanismo. Acosta, actual secretario general del PSOE en Fuerteventura y vicepresidente del Cabildo con competencias en materia de Ordenación del Territorio y Turismo, está siendo investigado en un juzgado de Puerto del Rosario por presuntas irregularidades en la empresa pública de Urbanismo de Pájara, Gesturpa, liquidada en 2016.

El Ayuntamiento de Pájara concedió en 1999 la licencia de obra para la construcción del Royal Palm Resort & Spa sobre una parcela de 50.000 metros cuadrados que había sido recalificada en la revisión del Plan General aprobado en 1998, puesto que en el anterior, de 1989, estaba catalogado como humedal de alto interés científico.

La licencia estaba supeditada a la autorización previa de la Consejería de Turismo, que también fue otorgada dos años antes de la entrada en vigor de la moratoria, una norma que trataba de frenar el crecimiento descontrolado de infraestructuras turísticas en el Archipiélago en aras de un modelo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

En 2001, cuando se aprobó esta moratoria, el promotor no pudo acreditar que hubiera edificado el 10% del hotel o la totalidad de la estructura, un requisito para mantener la licencia. A pesar de ello, el Ayuntamiento de Pájara decretó, un año después, que la nueva norma no afectaba al permiso de obra. Ese pronunciamiento advertía, no obstante, de que era necesario renovar la autorización previa de la Consejería de Turismo.

Finalmente la promotora consiguió que esa licencia se renovara en 2007 sin haber movido una piedra, por silencio administrativo. Esta prórroga obligaba a la empresa a acabar las obras antes de abril de 2013, un plazo que no se cumplió. Entre tanto, el grupo empresarial Pérez Saavedra acumulaba denuncias sobre esta irregular situación ante las administraciones canarias. En ellas explicaba, por ejemplo, que entre la concesión de la licencia y esta primera prórroga se había anulado la revisión del Plan de Ordenación de Pájara, de 1998, que había recalificado la parcela para convertirla en edificable. A pesar de ello, el alcalde, Rafael Perdomo, otorgó el permiso de obra en octubre de 2008.

La línea violeta marca la línea de servidumbre de protección de Costas.

En mayo de 2013, y a pesar de que la promotora incumplió el plazo otorgado por el Ayuntamiento, la Consejería de Turismo volvió a rechazar la caducidad de la licencia y la prorrogó por segunda vez, una actuación que prohíbe la ley. Este departamento del Gobierno regional reconoció en una resolución que la autorización había sido cuestionada tanto por la moratoria como la Ley de Directrices de Ordenación General, aprobada en 2003, pero la justificó por una sentencia del Supremo que, a su juicio, daba "validez y eficacia" a la licencia. Sin embargo, lo que en realidad concluyó el alto tribunal no era eso, sino que una consulta urbanística del promotor es "un trámite puramente informativo, sin contenido decisorio".

Esta segunda prórroga concluyó en 2015, más de quince años después de obtener la licencia. A ello hay que añadir que la mitad del hotel se encuentra en una zona de servidumbre de protección fijada por la Ley de Costas.

Desde el Ayuntamiento de Pájara se han intentado justificar todas estas actuaciones y omisiones con diversas argumentos, desde el temor a que el promotor reclamara una indemnización económica por la pérdida de los derechos urbanísticos, a pesar de que la licencia se caducó en varias ocasiones, hasta la existencia de una carta de compromiso del mismo con un importante turoperador para iniciar la explotación del complejo en noviembre de 2015.

También ha aludido al "interés público". Un informe firmado por Sonia Rivero, secretaría accidental de la corporación local, defendía que el hotel permitiría crear puestos de trabajo en un un territorio con una tasa de paro "del 30%", si bien esta cifra nunca ha llegado a superar el 19% en Pájara.