Los servicios jurídicos del Gobierno defienden en el juicio del caso Stratvs que La Geria dejó de ser un espacio natural protegido, contra el propio criterio que ha seguido la comunidad autónoma en cientos de expedientes sancionadores y en la vía contencioso administrativa, y además piden que se condene a Transparencia por ejercer la acción popular.

En la primera pieza del juicio del caso Stratvs, que juzgaba los permisos de apertura, el promotor de la bodega, Juan Francisco Rosa, fue absuelto del delito de tráfico de influencias. En la segunda, que se centra en los permisos de construcción, también se le acusa de este delito.

Las acusaciones intentan demostrar su capacidad de influencia sobre la Administración, no solo para obtener los permisos, sino para que después lo construido se ajuste a la normativa, al planeamiento o a la legalidad.

Esa capacidad de influencia sería ejercida en tres escalones de la Administración: local, insular y autonómico. Hay técnicos del Ayuntamiento de Yaiza, del Cabildo de Lanzarote y del Gobierno de Canarias sentados en el banquillo de los acusados.

La abogada de Transparencia Urbanística (TU), Irma Ferrer, que ejerce la acusación popular, dijo en su turno de conclusiones que ese tráfico de influencias es el “elefante en la habitación”, que es “tan grande que no lo vemos, pero nos aplasta contra las paredes”.

Habló de la capacidad de influencia de este empresario que emplea, aproximadamente, a un uno por ciento de la población total de la Isla: unas 1.500 personas de 150.000 habitantes. “Esa capacidad de influencia es determinante, da casi más trabajo que el Cabildo, en una isla pequeña es evidente, todo el mundo lo conoce”, señaló.

Ferrer afirmó que el Gobierno de Canarias ha realizado en este procedimiento documentos ad hoc conforme ha necesitado tramitar informes y expedientes para intentar legalizar el complejo Stratvs y que ha cambiado la valoración del terreno y la categoría del suelo. Ese cambio es precisamente el argumento por el que se ha anulado el Plan Especial de La Geria en dos ocasiones.

El empresario ha intentado mantener vivo durante años ese Plan, que considera a las bodegas como elementos estructurantes del paisaje, para alegar que Stratvs, en caso de que se decidiera su demolición, se podría volver a construir.

Para ello, recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias la sentencia que anulaba ese Plan Especial, pero no fue el único, ya que el Gobierno de Canarias, a pesar de que anunció que no lo iba a hacer, también lo recurrió.

En el juicio hay tres técnicos del Gobierno acusados de prevaricación por autorizar el primer permiso para la bodega, tras un cambio de criterio respecto a solicitudes anteriores: el que fuera director general de Urbanismo, Juan César Muñoz, acusado solo por TU, y los técnicos Faustino García Márquez y Armando Villavicencio.

Su abogada es la letrada de los servicios jurídicos del Gobierno Ana Quintana, que ha llegado a pedir que se condene en costas a TU por ejercer la acusación por mala fe y temeridad.

Transparencia, ante la postura del Gobierno, alega que su labor en este caso ha sido la de apoyar las decisiones de la juez instructora y de la Fiscalía y que no ha realizado ni un solo acto de impulso procesal contra ninguno de los acusados. Destaca que todas las decisiones de la jueza instructora fueron revalidadas por la Audiencia Provincial.

Ferrer calificó la postura del Gobierno como una amenaza y abuso de poder y pidió al Gobierno de Canarias que motivara dónde se encuentra esa mala fe y negligencia por su parte en el ejercicio de la acusación popular “porque si no se motiva parecería que es más una intimidación”. “Llevamos quince años siendo acusación popular y ya tenemos callo en el intento de intimidación”, señaló.

Juan Francisco Rosa, durante el juicio.

Durante la instrucción

Esas presiones no son nuevas. Una de las testigos durante el juicio del caso Stratvs, que ya ha quedado visto para sentencia, fue la exjefa del Servicio de instrucción de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural entre 2002 y 2014, Sonia Gómez, que admitió presiones por parte del Gobierno de Canarias cuando tuvo que informar sobre las irregularidades de la bodega. Es algo que ya se supo en el año 2015, durante la instrucción de la causa.

El Juzgado de instrucción número 5 de Arrecife y la Fiscalía habían solicitado a la Agencia que realizara unos informes periciales sobre la bodega y la técnico encargada de ellos recibió esas presiones de la propia Consejería de Política Territorial.

Los informes, cuyos borradores eran accesibles para el resto de trabajadores a través del sistema informático, acabaron teniendo carácter reservado para evitar injerencias, que llegaron hasta el punto de que se convocó en dos ocasiones la comisión de asuntos jurídicos para examinar esa pericial, algo inaudito hasta entonces.

Para contrarrestar el informe que realizó la técnico Elisa Perdomo, en el que sí se veían irregularidades cometidas por varios técnicos de la Consejería, se elaboró un contrainforme por parte de la jefa del Servicio Jurídico de la Apmun, Carlota Pérez, y se pidió a esa técnico que corrigiera el suyo.

Ese contrainforme también se envió al Juzgado en una forma de proceder calcada a la sonada polémica en este mismo caso en que el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, envió al Juzgado sin que nadie se lo hubiera pedido, un informe “revisado” porque “no era la opinión jurídica del Cabildo” de una técnico que ejercía como perito judicial.

En el caso del Gobierno, Carlorta Pérez llegó a declarar en el Juzgado que había elaborado ese informe con el asesoramiento de la jefa del Servicio Jurídico del Gobierno, Ana Quintana, es decir la abogada de tres de los acusados. La Audiencia Provincial de Las Palmas reconoció que dicho informe se remitió de forma irregular porque “fue evacuado sin que siquiera lo solicitara la juez instructora”.

La fiscal Elena Herrera y la abogada Irma Ferrer.

Cambio de gobierno

Cuando ocurrieron esos hechos, el Gobierno de Canarias estaba presidido por Fernando Clavijo (CC), que curiosamente tiene el mismo abogado, el madrileño José Antonio Choclán, que el promotor de Stratvs, Juan Francisco Rosa, que ha llevado a declarar a dos peritos que defienden la misma tesis que el Gobierno: Blanca Lozano Cutanda, socia del bufete que defiende (después de tener varios abogados de oficio) al exalcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, y pareja del magistrado del Tribunal Supremo, Rafael Fernández Valverde, y Francisco Villar Rojas, el ideólogo de la Ley del Suelo que promovió Clavijo.

Con la llegada del nuevo Gobierno no han cambiado tanto las cosas, pero se han utilizado otras armas. El primer día del juicio, mientras Ana Quintana sostenía la tesis de que el paisaje protegido de La Geria no es espacio natural protegido desde 1990, junto a ella estaba sentada la viceconsejera del Servicio Jurídico del Gobierno, Isabel Cubas (PSOE), un cargo político.

Otra de las viceconsejeras de ese área es Carla Vallejo, magistrada en excedencia que formó parte del tribunal que juzgó la primera pieza de Stratvs y anuló la licencia de actividad de la bodega porque su concesión era imposible a la vista del planeamiento territorial y urbanístico.

A pesar de eso, Quintana sostiene que como no se elaboró un plan de ordenación de los recursos naturales, el paisaje protegido de La Geria ya no es espacio natural, una tesis que pone en tela de juicio, desde el propio Gobierno, toda la red canaria de espacios naturales protegidos. Es más, entra en contradicción con las propias actuaciones del Ejecutivo que, en cientos de expedientes, mantiene a La Geria dentro de la red de espacios naturales protegidos y que aprobó su Plan rector de uso y gestión.

La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural sigue ejecutado el derribo de viviendas ilegales por haberse construido en un paraje protegido y el Gobierno sigue iniciando expedientes de infracción. Incluso el Cabildo de Lanzarote acaba de denegar una petición de Rosa para construir un aljibe en una parcela próxima a la bodega Stratvs sobre la que hay un expediente sancionador de la Apmun desde hace 12 años. En el expediente declara “incompatible” la obra con la normativa de aplicación en el paisaje protegido de La Geria.

En su alegato final Irma Ferrer señaló que la zona de La Geria, además de ser un espacio natural protegido declarado por la legislación autonómica y que no ha perdido su validez y su vigencia, es una Zona de Especial Protección para las Aves y como tal está integrada en la Red Natura 2000 y, por tanto, prevalece el derecho comunitario. La sentencia sobre el Plan Especial de La Geria no recogía los argumentos del Gobierno de Canarias.

También dijo que se quiere aplicar una normativa especifica para Stratvs diferente a la que aplica al resto, con un criterio “arbitrario y excepcional” y terminó diciendo que hay un elemento que complica la demostración del tráfico de influencias: el silencio.

“Todos salen condenados pero todos se callan”, dijo, refiriéndose a varios casos de corrupción en los que se ha condenado a técnicos y cargos públicos por licencias otorgadas a Rosa, como en el caso de los hoteles Princesa Yaiza y Son Bou, el puerto Marina Rubicón o el propio caso Stratvs. “El silencio del miedo, el silencio cómplice”, concluyó.