El Gobierno de Canarias ha decretado la nulidad del procedimiento de revisión de oficio que había iniciado sobre el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura (PIOF) respecto a “la delimitación de determinados Suelos Rústicos de Edificación Dispersa ubicados en Espacio Natural Protegido". En concreto se referían a una zona que alberga una granja y nueve chalés ilegales, construidos en el interior de un espacio natural, en la Montaña Cardón (Pájara).

El Cabildo de Fuerteventura había solicitado que se revisara la delimitación del espacio protegido que hace el PIOF en el municipio de Pájara para que se desproteja una zona que alberga esas construcciones. La solicitud la había hecho Tomás Cabrera al Cabildo de Fuerteventura, que la trasladó al Gobierno.

Cabrera es hijo del ex consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura entre 2002 y 2007, Lázaro Cabrera (CC), quien construyó la granja. Las licencias para construir los chalés también están anuladas por los tribunales, además de que hay una sentencia de la jurisdicción penal que condena a dos concejales de Pájara y al ex alcalde por prevaricación, por otorgar esas licencias.

En junio de este año, y a la vista de los informes, el Gobierno desistió de esa revisión de oficio, pero en agosto el presidente del Cabildo, Marcial Morales, formuló un requerimiento en el que hablaba de lealtad institucional y mencionaba que la nueva Ley del Suelo refleja "el respeto al ejercicio legítimo por las otras administraciones públicas de sus respectivas competencias" y que su artículo 102 otorga a los cabildos la competencia "para formular, elaborar y aprobar los planes insulares de ordenación y, en consecuencia, su interpretación auténtica".

El pasado 20 de agosto el Gobierno resolvió que estimaba parcialmente ese requerimiento previo pero solo en el sentido de reconocer que esas competencias de aprobación definitiva de los Planes Insulares de Ordenación ya han sido transferidas y que el Gobierno, por tanto, no tiene competencias en ese sentido.

Por ese motivo, declara nulo todo el procedimiento de revisión de oficio y dice que quien es competente para iniciar el procedimiento de revisión es el Cabildo y que en él "deberá conferir audiencia a la Consejería del Gobierno de Canarias competente en materia de política territorial".

Por otra parte, en el año 2016, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 5 de Las Palmas de Gran Canaria ordenó a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural que incoara dos expedientes sancionadores por infracciones muy graves, respecto a esa granja, así como la incoación de expediente de restablecimiento de la realidad física alterada con cargo al infractor.

El pasado mes de marzo, Votemos denunciaba que la pretensión de desproteger la zona para permitir las construcciones es "un escándalo de ámbito regional". "Hablamos del uso de las instituciones, Cabildo y Gobierno de Canarias, para proteger, justificar o encubrir actos delictivos”, señalaba entonces su portavoz, Álvaro de Astica.