El juez considera que “no aparece debidamente justificada la perpetración del delito” por no sancionar al hotel Meliá Gorriones, que tenía una desaladora sin autorización
El Juzgado archiva la causa contra el Consejo de Aguas por no multar a una desaladora privada
El juez considera que “no aparece debidamente justificada la perpetración del delito” por no sancionar al hotel Meliá Gorriones, que tenía una desaladora sin autorización
El Juzgado de Primera instancia e Instrucción número cuatro de Puerto del Rosario ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la investigación al Consejo Insular de Aguas por no multar a la desaladora privada del hotel Meliá Gorriones, que carecía de autorización.
En un auto fechado el pasado 5 de junio, el Juzgado considera que de lo investigado “no aparece debidamente justificada la perpetración del delito” que motivó la instrucción de la causa, por lo que “procede decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones”.
El juez José Manuel Salto no desarrolla más las razones que considera que deben llevar al archivo de la causa y da traslado de la resolución a la Fiscalía, que tiene posibilidad de presentar recurso de reforma ante el propio Juzgado o de apelación ante la Audiencia Provincial.
El origen del caso es la presunta omisión por parte del Consejo Insular de Aguas que, en el año 2007, cuando estaba presidido por Mario Cabrera, legalizó la explotación de la planta desaladora del hotel Meliá Gorriones pero “no tramitó expediente sancionador alguno, sin razón justificada para ello”, según indicó la Fiscalía en su denuncia.
La Fiscalía subrayó que el Consejo debía aplicar sus funciones de “policía de las obras hidráulicas y sancionadoras” ante el “conocimiento de la situación irregular” durante años. El Ministerio Fiscal considera que se podría haber cometido un delito de prevaricación por omisión, aunque ahora la causa se ha archivado de forma provisional.
En el procedimiento judicial, ahora archivado por el juez, aparecían como investigados los que eran miembros de la junta del Consejo Insular de Aguas: Mario Cabrera, que era el presidente, Manuel Miranda, que era el consejero de Aguas, Francisco Rodríguez Batllori, representante del Gobierno de Canarias y en prisión por una pieza del caso Unión, Cirilo González, Javier Mesa, Guillermo Concepción, Blas Acosta, César Castañeyra, Antonio Boix y Bienvenida Morales.
También estaban investigados José González, Manuel Marcial Sánchez, Antonio Martínez, Pedro Damián Hernández, Sebastián Mayor, Armando Melián, Guillermo Franquis, Adolfo Perdomo, Pedro Carreño y Álvaro García.
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