El Juzgado número 1 de Puerto del Rosario archivó el pasado 22 de octubre la denuncia contra el promotor de la urbanización Casilla de Costa, Jesús Fernández-Hijicos, por un presunto delito de falsedad documental.

La Fiscalía había realizado una denuncia por considerar que presuntamente el promotor había presentado ante el Ayuntamiento de La Oliva un certificado alterado del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (CAAF) para la recepción parcial de dicha urbanización.

El promotor presentó un certificado que el Ayuntamiento consideró que se trataba de una copia y por ello solicitó el documento original tanto al empresario como al Consorcio de Aguas. Cuando ambos entregan la documentación hay una diferencia. En uno se refleja que la autorización es para "suministro de aguas" y en otro, que es para "suministro de agua para obras".

Ante la denuncia de Fiscalía, Fernández-Hijicos fue llamado a declarar y tras su declaración el Juzgado decidió archivar la causa. En el auto de archivo, señala el juez que el CAAF respondió que adjuntaba un "informe idéntico" al emitido el 27 de diciembre de 2017 y que en la causa no consta el documento original que presuntamente se ha falsificado.

"El documento que se aporta al momento de atender el requerimiento no es el mismo que se aportó en diciembre de 2017 sino otro idéntico, por lo que es imposible determinar la falsedad del documento origen", afirma el auto.

Según la denuncia de la Fiscalía, el 12 de enero el Ayuntamiento de La Oliva había puesto en su conocimiento la documentación presuntamente alterada presentada por el promotor de Casilla de Costa.

No obstante, el 30 de enero la Junta de Gobierno local acordó "la recepción parcial y provisional de las obras" de la primera fase de la urbanización, que se materializa el 7 de febrero en un acta firmada por el alcalde, Isaí Blanco, el promotor, Jesús Fernández-Hijicos, el director de las obras, Antonio Cervera, un representante de la constructora Cororasa, Juan Salvador Rodríguez, y un arquitecto técnico municipal, Juan Alberto Machín.

La Junta de compensación de la urbanización señala a Diario de Fuerteventura que tras la declaración de Fernández-Hijicos, el Juzgado pudo "constatar la realidad de los hechos y la documentación aportada, que acredita la absoluta legalidad de la promoción y el correcto actuar de sus representantes".

Aseguran que "es un hecho indubitado, que en las mismas fechas de la denuncia, los Servicios de la Oficina Técnica del Ayuntamiento informaron favorablemente a la recepción de la urbanización, por lo que resulta contradictorio que, por un lado, se denuncie y se justifique la misma en que la recepción de la urbanización no puede ser aprobada por una supuesta falsificación, y por otro lado, en la misma fecha y con la misma información y documentos, se informe técnica y jurídicamente favorablemente y se acuerde la recepción de la urbanización. Toda esta documentación obra en el Juzgado".

“Enorme daño personal y profesional”

Destacan, igualmente, que el auto de archivo considera que no es posible acreditar la comisión de delito alguno visto las pruebas y documentos incorporados y que "es claro que ha existido un error de apreciación en el relato de los hechos por parte del denunciante en nombre del Ayuntamiento que ha confundido a Fiscalía y que ha supuesto un enorme daño personal y profesional para el denunciado y que ha puesto en peligro los derechos de compradores, empleados y la propia promoción".

"No es momento -añaden- de exigir responsabilidades ni siquiera de esperar la depuración de las mismas, pero es necesario que una vez por todas la Administración deje de criminalizar las actuaciones que forman parte de un procedimiento administrativo, que reiteramos fue resuelto favorablemente en las fechas de la denuncia en favor de la promoción Casilla de Costa por el simple hecho de formar parte del legítimo ejercicio de la promoción inmobiliaria".

“Fuente de conflictos innecesaria”

"No es menos cierto que la extraordinaria lentitud de la administración local a la hora de resolver sobre las autorizaciones pertinentes suponen una fuente de conflictos innecesaria que deberían ser mejorados para cumplir el mandato legal de resolver en plazo y garantizar la seguridad jurídica que como derecho de todos impone la Ley a los ayuntamientos", señalan.

Por último, aseguran que su intención es la de seguir "apostando por la colaboración con las administraciones y seguir dirigiendo nuestro esfuerzo a hacer realidad un proyecto inmobiliario de excelencia, respetuoso con la legalidad y esencial para el municipio de La Oliva y que a día de hoy es uno de los motores de empleo en el sector de la construcción que tanto ha padecido los efectos de la crisis".