El Juzgado ha citado para el próximo lunes como investigadas a las dos ex alcaldesas de La Oliva, Rosa Fernández (PSOE) y Claudina Morales (CC). La Fiscalía presentó una denuncia contra las dos ex alcaldesas por la presunta comisión de tres delitos de prevaricación en los nombramientos de los trabajadores municipales que ocuparon los cargos de secretaría, intervención y tesorería del Ayuntamiento.

La fiscal señala en la denuncia que la alcaldesa de La Oliva en julio de 2008, Rosa Fernández, procedió a elegir a una interventora accidental, designando a una técnico administrativo del Ayuntamiento, con categoría profesional del grupo C, mediante un nombramiento “accidental”.

El puesto de intervención, según destaca el Ministerio Fiscal, está reservado a funcionarios con habilitación de carácter nacional, por lo que los nombramientos accidentales son posibles “exclusivamente en aquellos supuestos en que no se cubra la plaza” con un funcionario con la citada categoría.

En el caso de La Oliva, la designación por parte de la entonces alcaldesa “no fue precedida de expediente administrativo alguno”, por lo que, “consecuentemente, no existió el procedimiento legalmente exigido para la provisión de este puesto de trabajo en el que se garantizarán los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad”.

La trabajadora nombrada en 2008 “ha venido desempeñando el puesto de interventora”, desde entonces “hasta el día de hoy”, subraya la Fiscalía en su denuncia. También destaca que la resolución del nombramiento tampoco fue “adoptada por un órgano colegiado”, como exige la legislación, y “carece absolutamente de la motivación exigida a los actos administrativos”.

“Tampoco se recabó el preceptivo informe de la comunidad autónoma sobre la inexistencia de funcionarios con habilitación nacional interesados en la provisión del puesto de trabajo”, apostilla el Ministerio Fiscal.

La Fiscalía hace hincapié en que desde 1998 hasta 2008, el puesto de intervención estuvo desempeñado por funcionarios habilitados de carácter nacional. “En los años 2009, 2010 y 2011 la alcaldesa presidenta del Ayuntamiento de La Oliva no aprobó las bases para la convocatoria de este puesto de trabajo ni las remitió a la comunidad autónoma para su publicación.

Por su parte, Claudina Morales designó mediante un decreto en diciembre de 2011 a una secretaria “provisional”, nombrando también a una técnico administrativo del Ayuntamiento del grupo C. Esta resolución “no fue precedida de expediente administrativo alguno” y no se siguió “el procedimiento legalmente exigido” para cubrir el puesto en base a “los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad”.

La Fiscalía encuentra en este nombramiento irregularidades similares a las detectadas en el caso de la interventora accidental, tal y como se desprende de la denuncia de la fiscal Clara Serrano.

El último nombramiento investigado por la Fiscalía es el del tesorero de la Corporación municipal. En julio de 1991 se acordó el nombramiento de un trabajador municipal, del grupo C, para las funciones de tesorería y recaudación, “por cuanto el cargo de tesorero no existía” en aquel momento en el Ayuntamiento.

Para el Ministerio Fiscal, “indiciariamente” existe base para investigar tres presuntos delitos de prevaricación administrativa y la denuncia ya se encuentra en el Juzgado

En abril 2013, la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias crea el puesto de tesorero en el Ayuntamiento, a propuesta del propio Consistorio. La entonces alcaldesa, Claudina Morales, “pese a la existencia de un nuevo puesto de trabajo, no procedió a la aprobación de las bases para su cobertura ni al nombramiento de persona que desempeñase su cargo mediante una convocatoria pública”, como establece la legislación que regula el funcionamiento de las corporaciones locales.

De tal manera, subraya la Fiscalía, que el trabajador designado para el puesto de tesorero en julio de 1991 “ha venido ejerciendo el cargo” pese a “la inexistencia de un acto de nombramiento” efectivo.

Para el Ministerio Fiscal, “indiciariamente” existe base para investigar tres presuntos delitos de prevaricación administrativa y la denuncia ya se encuentra en el Juzgado de instrucción de Puerto del Rosario. En la denuncia se pide las declaraciones como investigadas tanto de Rosa Fernández como de Claudina Morales, así como que el Ayuntamiento remita la relación de puestos de trabajo desde 2008 y las convocatorias de empleo público.