El Cabildo tiene previsto en septiembre, con la entrada en vigor de la nueva Ley del Suelo, retomar la tramitación del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura (PIOF) que ha estado prácticamente paralizado en los dos últimos años. La revisión del planeamiento insular, que arrancó en 2009, tuvo sus últimos impulsos a finales del pasado mandato: en noviembre de 2014 se acordó la aprobación inicial y en abril de 2015, un mes antes de las elecciones, la aprobación provisional. En mayo de 2016, el pleno del Cabildo de Fuerteventura, ya con Marcial Morales (CC) como presidente y con Blas Acosta (PSOE) como consejero de Ordenación del Territorio, tuvo que desistir de los dos pasos anteriores y decidió elaborar un nuevo documento de aprobación inicial y su correspondiente informe de sostenibilidad ambiental.

Nada más comenzar el curso político, en septiembre, está previsto que se reúna en el Cabildo la comisión de seguimiento de la revisión del PIOF, compuesta por los grupos políticos de la Corporación insular. Entre los puntos a abordar se encuentra un informe del letrado Antonio Marrero Falcón en el que se concluye que la institución “deje sin efecto” la decisión adoptada por el gobierno de Morales y Acosta en mayo del año pasado y, en cambio, adopte un nuevo acuerdo para continuar la tramitación del Plan Insular sometiéndose a la Ley del Suelo. En el dictamen se hace hincapié en que el Cabildo, con la nueva normativa territorial de Canarias, “resulta competente para desarrollar y ordenar” dentro de su modelo territorial “actuaciones estratégicas”.

El citado informe no solo aborda aspectos jurídicos sino que va más allá y apunta las claves que marcarán el futuro Plan Insular de Ordenación, que en gran medida se centran en el crecimiento turístico de Fuerteventura. Según el Patronato de Turismo, el año pasado se alcanzó la “cifra histórica” de 3,2 millones de turistas, con crecimientos superiores al 11 por ciento en la llegada de visitantes nacionales y foráneos.

El Cabildo utilizará la nueva Ley del Suelo que entra en vigor en septiembre para continuar con un PIOF con el que se pretende desarrollar una docena de “zonas turísticas estratégicas”

En cambio, el punto de partida de la ‘hoja de ruta’ marcada para la Consejería de Ordenación del Territorio es “la difícil coyuntura económica que atraviesa la isla de Fuerteventura, traducida en una elevada tasa de paro” que, añade el informe, “requiere la adopción de medidas dirigidas a la ejecución de lo planificado”. De tal manera, agrega que “se pretende desbloquear la inversión estratégica turística en la Isla”.

Para ello, se plantea que el PIOF “responda de manera ágil a las necesidades socioeconómicas facilitando la implantación turística de los sistemas generales, dotaciones y equipamientos turísticos estructurantes insulares”. También abunda que el planeamiento insular debe tener en cuenta “la demanda presente y futura de los turistas”, estableciendo las previsiones de desarrollo y la localización de la oferta alojativa y sus equipamientos complementarios.

Capacidad de carga

En la comisión de seguimiento de la revisión del PIOF, que estaba fijada para el 1 de agosto pero se retrasó al próximo mes, se analizará además del informe que propone que el Cabildo utilice la nueva Ley del Suelo de Canarias para la elaboración del Plan Insular una serie de estudios sobre la ordenación de los recursos naturales y “posibles localizaciones” para zonas turísticas e industriales consideradas “estratégicas”.

En la parte dedicada a la planificación del sector turístico, el análisis que se hace de la situación actual arranca con la premisa de que “la capacidad de carga a nivel insular para acoger nuevos desarrollos turísticos no está agotada”. Es más, se sostiene que, valorando “aspectos territoriales” o “ecológicos”, la capacidad de carga de la Isla “está lejos del agotamiento”.

Según ese criterio de que Fuerteventura puede seguir aumentando su oferta turística, la “única amenaza” que según el Cabildo aparece es la “descompensación existente” con las infraestructuras de servicios en la Isla. “Toda pretensión de mejora para el sector turístico y su nivel de oferta, debe ir avalada por la mejora de las infraestructuras”, concluye.

En el documento de aprobación inicial del PIOF, de noviembre de 2014, se apuntaba que la oferta alojativa en Fuerteventura alcanzaba las 85.930 plazas “existentes” y se recogían otras 28.798 nuevas plazas turísticas, lo que elevaría la “capacidad de carga insular” a 114.750 plazas alojativas.

El Cabildo parte del criterio de que no se ha alcanzado la capacidad de carga insular “para acoger nuevos desarrollos turísticos” e incluso destaca que “está lejos del agotamiento”

Según el análisis que hizo meses más tarde la Dirección General de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias se recogían 2.321 nuevas plazas en El Cotillo y Majanicho; 3.801 nuevas camas en Corralejo y Atalaya Dorada; 3.712 nuevas plazas en Parque Holandés y Rosa del Lago; otras 4.342 plazas turísticas en Caleta de Fuste y Nuevo Horizonte; unas 2.516 plazas adicionales en Tarajalejo y Las Playitas; unas 5.556 plazas turísticas más en Costa Calma y Los Gorriones; otras 6.004 plazas en Esquinzo-Butihondo, y por último 547 nuevas plazas en La Pared.

Estas cifras se refieren a la oferta alojativa clásica: hoteles, a los que se reserva el 80 por ciento de las nuevas camas, y apartamentos, para los que se contempla el 20 por ciento restante. No se tenía en cuenta entonces un factor clave en el mercado turístico actual, que es el auge del turismo vacacional. Una investigación reciente del Gobierno de Canarias apunta que en Fuerteventura hay detectadas unas 16.000 camas que se comercializan como alquiler vacacional.

“Inseguridad jurídica” y “poca competitividad”

“La nueva Ley del Suelo permite desarrollar pormenorizadamente sectores económicos estratégicos, y por ello el Cabildo ha optado por estos criterios para los suelos industriales y turísticos”, se apunta en el documento sobre zonas turísticas estratégicas de Fuerteventura y posibles localizaciones, que será abordado en septiembre. En el mismo se recoge un diagnóstico particular sobre la situación territorial y urbanística de Fuerteventura. “En la actualidad, el desarrollo turístico de la Isla está con poca competitividad y la falta de adaptación de los planeamientos de los principales municipios turísticos de la Isla, como son La Oliva y Pájara, entorpecen la búsqueda de soluciones”, se destaca.

También se subraya que “la inseguridad jurídica derivada de la incertidumbre que existe sobre el planeamiento urbanístico es la causa principal de que las inversiones en el sector turístico hayan disminuido ostensiblemente”. Además, se resalta que los planeamientos municipales que están vigentes en La Oliva (del año 2000) y en Pájara (de 1989) “únicamente se contemplaba turismo de sol y playa como modelo turístico a implantar en la Isla”, por lo que parte de la oferta que ofrece Fuerteventura a los visitantes “no da una respuesta satisfactoria”.

Obras paralizadas en la zona de Esquinzo-Butihondo.

El PIOF plantea 12 “posibles localizaciones” de zonas turísticas estratégicas

De cara a la elaboración del nuevo Plan Insular se han fijado una docena de “posibles localizaciones de zonas turísticas estratégicas”. Se trata de Corralejo, El Cotillo, Costa Ventura, Rosa del Lago, Nuevo Horizonte y El Castillo, Las Salinas, Tarajalejo, La Pared, El Rancho-Matas Blancas, La Barca, Los Canarios y Morro Jable-Gran Valle. Entre las condiciones urbanísticas que se requerirán, dado que “se pretenden propiciar operaciones estratégicas a las que se exigirá una mayor calidad del producto”, se encuentra que el sector, además de la construcción para uso alojativo, deberá disponer de “una superficie mínima de suelo de 400.000 metros cuadrados para equipamientos turísticos” como “medicina holística (sic), golf” o “marinas interiores”, entre otras opciones.

Otra de las condiciones es que la “estructura de la propiedad” de los terrenos debe favorecer “la viabilidad de su ejecución y puesta en marcha inmediata”. Además, “se debe asegurar” el desarrollo urbanístico “mediante convenio y garantías suficientes”, se añade. En los documentos preparatorios del nuevo PIOF se apunta que la presentación de la iniciativa de los promotores para urbanizar y el proyecto se debe producir en un plazo de seis meses, mientras que “las obras de urbanización” deben “estar ejecutadas al menos en un 50 por ciento en un plazo máximo de dos años”.

Las advertencias del Gobierno

El Gobierno de Canarias efectuó hace dos años una serie de advertencias y objeciones sobre las zonas turísticas que se recogían en el PIOF. Sobre El Cotillo apuntaba errores por “no contemplar la imposibilidad de ocupar la servidumbre de protección de costas” y que no podían incluirse “viviendas que invaden” el dominio público marítimo terrestre. De Majanicho consideraba “insuficiente” la motivación de incluir el ámbito de suelo “por carecer de plan parcial en vigor y porque la mera recepción de la urbanización por sentencia judicial no produce la clasificación automática del suelo, por lo que a día de hoy no es posible el otorgamiento de licencias de edificación”.

En la tramitación del PIOF se apuntó que a las 85.930 plazas “existentes” se podían añadir otras 28.798 nuevas, elevando la “capacidad de carga insular” a 114.750 plazas alojativas

Sobre Corralejo decía que la inclusión del saladar de Bristol y la “ocupación de la primera línea de costa” es de “difícil justificación, teniendo en cuenta los valores” del litoral “y las limitaciones de la Ley de Costas”. De la amplia zona de Parque Holandés, con unas 252 hectáreas, señala que es un área de reserva “condicionada” a la implantación de un puerto deportivo y añade que “una superficie importante de la zona está afectada por el dominio público marítimo terrestre y la zona de servidumbre”.

De Las Playitas advirtió que no cabía aceptar su “delimitación” como zona turística hasta que no se excluyeran unos terrenos “por sus altos valores para la protección natural”. En cuanto a Los Gorriones, una pieza de suelo de 92.412 metros cuadrados, el Gobierno avisó que no cabía “aceptar” su delimitación hasta que no se especificase “el objetivo de la ampliación de la zona turística”, así como que debían “estudiarse alternativas de ordenación que incluyan el traslado de la pieza edificatoria a otra localización”.

En cuanto a la zona de Esquinzo-Butihondo, destacó que el plan parcial de Canalbión estaba afectado por la legislación de espacios naturales, “complicando” la “definición de la zona turística”. En cuanto a La Pared, con 547 nuevas plazas, existe una “severa discordancia entre el suelo urbano y rústico del planeamiento en vigor y la delimitación de la pieza turística pretendida”.