El pleno del Parlamento de Canarias ha pedido este miércoles al Gobierno regional la paralización de la concesión de nuevas licencias de apertura de locales, así como que se promueva en el Estado una regulación estricta de la publicidad de las apuestas por internet.

La proposición no de ley ha partido de la diputada de Nueva Canarias Carmen Hernández y ha recibido el apoyo general del Parlamento, aunque con reticencias por parte de PP y Ciudadanos, que han votado en contra de que se paralicen las licencias y de que se suban los impuestos a las casas de apuestas y juegos.

Todos los grupos han estado a favor de apoyar que se instale en los locales de apuestas un servicio de recepción que impida la entrada de menores y un sistema de bloqueo que en todo caso les permita acceder a los terminales de apuestas.

También han coincidido en pedir a los ayuntamientos que colaboren en la lucha contra la ludopatía, que desarrollen programas de prevención y que prohíban la propaganda en cualquier soporte de propiedad municipal, así como en instar al Gobierno del Estado a que aplique restricciones a la publicidad.

Además, a instancias de CC-PNC, se ha pedido al Estado que intervenga para acotar la "agresiva" publicidad del juego online que desarrollan clubes deportivos, deportistas y famosos.

Con el voto en contra de PP y Ciudadanos, se ha acordado pedir también la paralización de nuevas licencias para locales de juego hasta que haya una nueva normativa, aumentar los impuestos al juego e impulsar la creación de una mesa de expertos para avanzar en la reforma del marco normativo en juego y apuestas.

Luz Reverón, del PP, mostró su acuerdo general con la iniciativa, pero defendió que la restricción de licencias debe realizarse mediante un decreto de desarrollo reglamentario, que es más inmediato y efectivo, y afirmó que la propuesta de subida de impuestos debería incluir en todo caso a qué fin va a ir destinada esa recaudación adicional.

Vidina Espino, de Ciudadanos, coincidió en que para apoyar una subida fiscal debe especificarse que la recaudación de destine a luchar contra la ludopatía y consideró que no es relevante paralizar las licencias cuando las solicitudes han bajado y actualmente solo hay una pendiente.

Carmen Hernández, la diputada de NC que promovió la iniciativa, describió la alarma social por la extensión de la ludopatía entre sectores los jóvenes y sociales vulnerables.

En las salas de juegos y apuestas de Canarias se gastaron 46 millones de euros en 2017 y 73 millones en 2018 y hay 37 locales abiertos, lo que da idea de la proliferación de estos negocios.

Defendió que se prohíban estos locales cerca de centros educativos, más control de acceso a menores y restricciones en la publicidad.