El pleno del Parlamento de Canarias ha dado este martes su visto bueno a la tramitación del proyecto de ley por el que, entre otras cuestiones, se crea el ingreso canario de emergencia, al que no se han presentado enmiendas a la totalidad.

Se trata del proyecto de ley de medidas urgentes de carácter social dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19, y tras el acuerdo de este viernes se inicia el trámite parlamentario para presentar enmiendas parciales.

La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, destacó que se han tramitado 25.000 de las más de 30.000 solicitudes que se han presentado para percibir el ingreso canario de emergencia, y de ellas se han pagado 15.000, y añadió que el viernes se habrán resuelto todas las peticiones.

La diputada del grupo Mixto Vidina Espino, de Ciudadanos, criticó que la consejera había dicho que antes del 26 de junio se resolverían todas las peticiones y que se darían las ayudas a 38.000 personas.

La diputada del grupo Nacionalista (CC-PNC-AHI) Cristina Valido opino que son "muy pocas" las 15.000 ayudas que se prestan y anunció que presentará enmiendas porque cuantas más personas sean atendidas por las administraciones menos tendrán que hacer cola en las organizaciones no gubernamentales.

El ingreso canario de emergencia, según el texto inicial del proyecto de ley, es un instrumento de apoyo para aquellas personas que constituyan unidades de convivencia en las que concurran circunstancias que las coloquen en un estado de extrema necesidad, como consecuencia de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19.

Este ingreso es incompatible con cualquier prestación, pensión o ayuda pública o privada a la que tuviera derecho cualquiera de los integrantes de la unidad de convivencia de la persona solicitante a la fecha de la entrada en vigor del decreto ley.

No obstante, podrán percibir el ingreso canario de emergencia aquellas personas que constituyan unidad de convivencia que tengan derecho y cuya solicitud de pensiones no contributivas no haya sido resuelta a la fecha de la solicitud.

Este proyecto de ley también incluye medidas de flexibilización en la tramitación de la prestación canaria de inserción durante el estado de alarma, y exoneración del pago de la renta de viviendas protegidas.