El Partido Socialista ha recurrido al Tribunal administrativo de contratos públicos de la comunidad autónoma de Canarias el contrato para el servicio de comunicación institucional del Ayuntamiento de Antigua, además de pedir al Consistorio, gobernado por APA y PP, la modificación de las bases del concurso

Los socialistas rechazan las bases del contrato, que incluye cláusulas como la de someter a la empresa licitadora a cuantas instrucciones se le den por los miembros del grupo de gobierno, o la facultad de modificar o interpretar el contrato por parte del alcalde, Juan José Cazorla, a quien acusan de "politizar" el servicio.

Además, critica que "se excluye a la oposición, sin que ésta pueda ser parte de cualquier Comisión de valoración y control, aun a pesar de ser parte de la institución para la que se quiere licitar el contrato" de comunicación.  

Los socialistas alegan también una "falta de asignación de tareas básicas y esenciales que debe contener un pliego para un servicio de comunicación institucional, donde deben de usarse las herramientas tecnológicas y canales de información disponibles, y ofrecer los plenos online".

Además, los socialistas plantean la necesidad de que en el contrato se especifique también "un seguimiento a las declaraciones posteriores de los portavoces de los grupos políticos sobre asuntos del pleno y de interés municipal". "Sobre todo", añaden, "porque los vecinos y vecinas tienen el derecho de ver lo que hacen con su dinero y lo que dicen sus dirigentes".

Además, los socialistas califican los criterios de adjudicación sobre la valoración técnica, como "muy subjetivos, ya que algunas cláusulas podrían imposibilitar en sí mismos la ejecución del contrato".

También critican que "no existe un baremo que valore y diferencie entre unos métodos propuestos y otros, como tampoco hay un criterio que valore los medios materiales ofrecidos para desarrollar el servicio".

"Incluso las cláusulas relativas al equipo humano, donde se exige a una sola persona que tenga disponibilidad absoluta y plena, las 24 horas al día, fines de semana, y festivos, podrían suponer una vulneración de los principios de legislación laboral incluidos en el propio pliego", concluye el PSOE.