El Tribunal de Cuentas ha abierto un procedimiento para dilucidar irregularidades contables o en los gastos de Casa África, un consorcio público formado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha abierto un procedimiento técnicamente de "reintegro por alcance", cuyo objeto es determinar la responsabilidad de gastos injustificados y abrir el trámite para su reintegro.

En un edicto del pasado 5 de diciembre se especifica que en el Tribunal de Cuentas se sigue el citado procedimiento "como consecuencia de supuestas irregularidades contables detectadas en el informe de fiscalización del consorcio Casa África", en concreto de los años 2014 y 2015.

El Tribunal de Cuentas ha hecho público el edicto con la finalidad de que los que pueden haber tenido responsabilidad contable en las supuestas irregularidades detectadas "puedan comparecer" en la causa, con un plazo de nueve días a partir de este jueves.

En el informe de fiscalización de Casa África se descubrieron gastos que no correspondían al organismo, como aquellos destinados a obtener apoyos de los países africanos a la candidatura española al Consejo de Seguridad de la ONU, un órgano donde España ocupó un puesto no permanente en 2014 y 2015.

Así, en el informe el Tribunal se refiere a un gasto de 43.907 euros sufragado por Casa Africa para un seminario de inversión y turismo en el continente, que tuvo lugar en Nueva York, organizado por esta institución y por la Representación española ante la ONU, en colaboración con el Real Instituto Elcano.

El 70 por ciento de ese gasto de Casa África se registró como Relaciones Públicas e incluyó el gasto de transporte a Nueva York de los ministros africanos invitados. Para el Tribunal de Cuentas, no está "suficientemente justificada la relación de esta actividad con los fines estatutarios" de Casa África.

Por otro lado, el Tribunal de Cuentas criticó en su informe de fiscalización que Casa África no contase con un plan financiero plurianual que asegurase su viabilidad. En la misma línea, apuntaba irregularidades como que el entonces director general, Luis Padrón, sustituido el pasado mes de marzo por José Segura, mantuviese operativa una tarjeta de crédito, incumpliendo la ley de 2015 que no permitía ese medio de pago a los altos cargos de la Administración.

Por otro lado, el Tribunal encontró en las cuentas de 2014 dos gastos que no consideraba justificados: 10.805,65 euros en concepto de "mudanza" del "anterior director general", algo que no se contempla en un contrato de alta dirección, y otros 1.284 euros en concepto de alquiler de vivienda para el mismo "anterior director general", como retribución en especie.

Entre otros aspectos, el Tribunal de Cuentas censuró que la institución contase con una secretaria general con contrato especial de alta dirección firmado en 2014, en contra de la prohibición de contratar nuevo personal que figuraba en los Presupuestos Generales del Estado de 2013 y los años siguientes. La misma objeción le ponía a dos contratos temporales de técnicos.