El Tribunal Superior de Justicia ha anulado la autorización concedida por el Gobierno de Canarias a Red Eléctrica de España (REE) en el año 2015 para instalar una línea de alta tensión entre Puerto del Rosario y Gran Tarajal, por no haber iniciado al mismo tiempo la revisión del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura (PIOF).

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC reconoce que esa línea eléctrica resulta "esencial para el desarrollo de Fuerteventura" y también que el Gobierno de Canarias tiene competencias para imponer su criterio sobre el del Cabildo, que se oponía a ese tendido de 162 kilovoltios, porque vulneraba las previsiones del Plan Insular.

La Sala subraya que la ley habilita al Gobierno de Canarias a declarar esa línea eléctrica "de utilidad pública", imponiendo su criterio sobre el del Cabildo de Fuerteventura por razones de "urgencia y excepcional interés", pero a condición de seguir un procedimiento que obliga a iniciar de inmediato la revisión del planeamiento al que contradice la autorización de esa infraestructura, el PIOF.

El TSJC ha constatado que la comunidad autónoma no cumplió esa condición, sobre la que remarca que no puede considerarse una mera "exigencia formal o accidental", sino determinante, porque "solo mediante tal revisión se dota de contenido a la declaración de interés general".

Ese trámite de revisión del PIOF, añade la Sala, sirve al mismo tiempo para "dar intervención a las corporaciones locales en el procedimiento, de forma que se salvaguarde el principio de autonomía local".

La ley permite al Gobierno de Canarias fijar un plazo a las administraciones locales que deben modificar el planeamiento para adaptarlo a la decisión de la comunidad autónoma, con la posibilidad de que el Ejecutivo regional asuma esa revisión si los tiempos marcados no se cumplen.

En el caso del proyecto de instalación de torretas eléctricas en Fuerteventura, el Gobierno de Canarias ni ordenó al Cabildo majorero revisar el PIOF ni asumió esa responsabilidad de cambiar el planeamiento insular.

El TSJC insiste en la sentencia en que la facultad del Gobierno de Canarias para imponer su criterio en materia de nuevos tendidos eléctricos sobre la posición de los cabildos y ayuntamientos lleva aparejada la condición de acometer la reforma del planeamiento que impide esa infraestructura.

"No puede ser de otra forma”, recalca el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, “por cuanto lo contrario sería tanto como una derogación singular de una norma reglamentaria, que es la naturaleza jurídica de los planes insulares".