El Tribunal Superior de Justicia no aprecia que el Gobierno de Canarias esté incumpliendo la ley que le obliga a proveer a su personal sanitario de los equipos de protección necesarios para afrontar esta pandemia de coronavirus, por lo que rechaza imponerle ninguna medida cautelar.

En un auto publicado este viernes, la Sala de lo Social del TSJC desestima la solicitud que le había planteado el Sindicato Profesional de Médicos de Las Palmas para que diera la Gobierno de Canarias un plazo de 24 horas para que todos los centros sanitarios de la comunidad autónoma dispongan de batas, guantes y mascarillas adecuadas para el personal que atiende a los pacientes con Covid-19.

El TSJC recuerda que el Supremo rechazó el miércoles una petición de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos que pedía lo mismo en referencia al Ministerio de Sanidad: que se le conminara a cumplir la ley en cuanto a la provisión de equipos de protección.

"La Sala es consciente de la emergencia en la que nos encontramos y también de la labor decisiva que para afrontarla están realizando especialmente los profesionales sanitarios", razonaba el Supremo, "y tampoco desconoce que deben contar con todos los medios necesarios para que la debida atención a los pacientes que están prestando de forma abnegada no pongan en riesgo su propia salud ni la de las personas con las que mantengan contacto".

El Alto Tribunal añadía que deben hacerse "cuantos esfuerzos sean posibles" para que los sanitarios cuenten con ese material, pero precisaba a reglón seguido: "Sucede, sin embargo, que no consta ninguna actuación contraria a esa exigencia y sí son notorias las manifestaciones de los responsables públicos insistiendo en que se están desplegando toda suerte de iniciativas para satisfacerlas".

"En estas circunstancias, como hemos dicho, no hay fundamento que justifique la adopción de las medidas provisionalísimas indicadas", argumentaba el Supremo respecto a la petición al Ministerio.

La Sala de lo Social del TSJC "comparte y hace suyo tal razonamiento y entiende que con base en el mismo la medida (que ahora le plantean en Canarias) ha de desestimarse pues la misma carece de justificación al no acreditarse los incumplimientos que podrían fundamentar la aceptación de la medida planteada".

Es decir, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias no aprecia indicios de que se esté incumpliendo la normativa que justifiquen que llame al Gobierno autonómico "a que cumpla la ley", como demandaba el Sindicato Médico de Las Palmas.

El Sindicato Profesional de Médicos presentó este jueves su petición ante la Sala de lo Social del TSJC para que se facilitara al personal batas impermeables, mascarillas FPP2 y FPP3, gafas de protección y contenedores grandes de residuos.