Carlos Espino, denunciante del caso Unión, ha recibido con “satisfacción” la confesión del empresario Luis Lleó, quien reconoció que le intentó sobornar para desbloquear una operación urbanística en Playa Blanca, y tras una década de ataques a la investigación ha terminado por reconocer los hechos y aceptar una condena para evitar ir a juicio.

Lleó y otro empresario, Fernando Becerra, quien ejerció como intermediario y ya había confesado previamente, reconocieron el intento de soborno y asumieron, respectivamente, una condena de un año y medio de cárcel y una multa de 150.000 euros, y una pena de un año de prisión y 100.000 euros.

“Al final se demuestra que la denuncia que interpuse era cierta en todos sus extremos y que no hubo en ningún momento ningún tipo de manipulación, ni por mi parte ni por la fuerza que investigaba ni por los órganos jurisdiccionales”, señaló Espino en declaraciones a ElDiariodeCanarias.com.

Para el exconsejero del Cabildo y actual jefe de gabinete de la Corporación insular, “hay quienes debieran en este momento tener alguna disculpa, no conmigo ni con las personas  a las que han criticado durante este tiempo, a las que se han referido con infundios y calumnias, sino con la propia sociedad insular”.

Espino aludió a “aquellos que estaban llamados a ayudarnos a entender lo que estaba sucediendo” y que “se dedicaron a intoxicar”, “personajes siniestros” como los periodistas “Carlos Inza, Jorge Coll o Francisco Chavanel, que en vez de colaborar con la sociedad a la que sirven explicando lo que estaba sucediendo, se dedicaron a intoxicar de una manera difícilmente soportable”.

“En este momento, han quedado señalados por la confesión de aquel que ellos defendían como inocente y víctima de una manipulación”, agregó Espino.

Un daño demasiado económico

Con respecto a la condena aceptada por los acusados en la pieza inicial del caso Unión, Espino explicó que “técnicamente no hay nada que decir” al tratarse de un delito en grado de tentativa y a que se produjeron “retrasos” en la tramitación de la causa imputables a los propios órganos jurisdiccionales.

Eso sí, para Espino “lo cierto es que genera una cierta sensación de que a este señor le ha salido muy barato no solo el intento de soborno sino su estrategia, puesta en marcha con el auxilio de los mercenarios a los que antes me refería”. “En ese sentido, parece que le ha salido demasiado económico el daño que ha hecho”, apostilló.

Espino se refirió “no solo al daño que pretendía hacer corrompiendo a un responsable público, que quedó en grado de tentativa, sino el daño gravísimo que ha generado a la propia convivencia en Lanzarote cuando ha puesto en marcha una estrategia para situar en el punto de mira a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, a los fiscales y a los jueces que han pasado por el caso”.

“El daño que ha hecho este señor a la convivencia en Lanzarote ha sido mucho más grave que ese mero intento de soborno”, insistió Espino, quien no obstante prefiere quedarse “con la satisfacción que produce el hecho de que haya terminado por reconocer” el delito.

El actual jefe de gabinete de la presidencia del Cabildo valoró que el cambio de postura de Lleó “posiblemente” no sea “ajeno” a “haber perdido una cierta cobertura judicial que le prestaban personajes también siniestros como [Salvador] Alba o como [Rafael] Lis”, quienes, “con distintos resultados”, han sido “sancionados en su acción como jueces”.

Un caso que ayuda a entender

Para Espino, aunque se quiera mirar “de una manera más positiva” el resultado de este tipo de casos de corrupción, “no sirven nunca como vacuna, porque cuando se empieza a colocar dinero sobre la mesa siempre hay quien está dispuesto a cogerlo cuando pasa una determinada cantidad”. De ese modo, no actúan como antídoto ante “personas que están dispuestas a dejarse comprar”.

En cambio, “sí sirven para que quien mire desde fuera entienda por qué se producen a veces determinadas situaciones”. Por ejemplo, recordó Espino, cuando desde el PSOE se decía que lo “lo que estaba sucediendo en Playa Blanca”, con decenas de licencias ilegales, “no se podía entender solo como diferencias de criterio entre el Cabildo y el ayuntamiento sino que detrás había intereses muy poderosos puestos en juego”.

“Este tipo de casos sirven para entender lo que a veces hay detrás de determinado tipo de decisiones”, recalcó Espino. “Ese panorama idílico que algunos nos presentaban, de empresarios a los que le faltaba un papelito y luchas de poder en las que el PSOE y los ecologistas trataban de frenar el progreso, en última instancia se revelan como lo que son: compra de licencias con maletines y apoyo de medios y periodistas pagados por quienes tienen determinados intereses”.