La indignación de bañistas, senderistas, ornitólogos y ciclistas frente a quads, buggies, motos y safaris de Land Rover se ha convertido en el pan nuestro de cada día en las pistas y caminos de Fuerteventura y Lanzarote, ambas islas declaradas hace años Reserva de la Biosfera.

“Te sacan impunemente del camino, el ruido rompe la armonía del paisaje y asustan a la avifauna, por no decir que atemorizan a todo bicho viviente a su paso”. Esta queja y otras mucho más fuertes de vecinos son cada vez más abundantes. En las redes sociales todavía “retumba un video” de un buggy cayendo a una playa desde un acantilado en la zona norte de Fuerteventura, a escasos metros de donde jugaban tranquilamente unas niñas. Este incidente, que pudo terminar en tragedia, ocurrió además dentro de un área ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) en plena época de cortejo y cría de especies en peligro de extinción, destruyendo la tranquilidad del hábitat estepario, un delito tipificado en el Código Penal.

Y es que las páginas webs para turismo de aventura de las dos islas y el propio Patronato que promociona la isla Maxorata en sus folletos contemplan este tipo de excursiones y dan pie para que se instalen empresas presuntamente piratas, aunque todas aseguran que son completamente legales y que cuentan con todas las autorizaciones, seguros y permisos.

Cobran una media de entre 40 y 50 euros por excursiones de dos a cuatro horas. Algunos en su publicidad indican que Fuerteventura es “un lugar donde pasear por los desiertos y subir volcanes y que conserva muchas zonas incontaminadas y de amplios horizontes”. Se olvidan decir que esto era así hasta que llegaron sus molestos y destructivos vehículos. También alaban las maravillas de espacios naturales sin contaminación y la declaración de Reserva de la Biosfera. Efectivamente, su publicidad no engaña: ¿dónde, sino en Fuerteventura o Lanzarote, se puede conducir un buggy, un quad o una moto cruzando espacios protegidos semi vírgenes y romper el silencio a golpe de acelerador?

Multas de 3.000 euros

La situación es tan conflictiva que las protestas no dejan de llegar a Medio Ambiente y a las policías locales, pero hasta el momento el único municipio que se ha atrevido a poner el cascabel al gato es Yaiza, en Lanzarote. Su alcaldesa, Gladys Acuña, dice que esta actividad debe estar sometida a una normativa estricta y acaba de aprobar en pleno la ordenanza reguladora de uso racional, mantenimiento y mejora de los caminos rurales del municipio que prohíbe el tránsito por suelo rústico de quads, buggies y vehículos análogos destinados a la actividad de alquiler, y no solo contempla multas de hasta 3.000 euros para infracciones tipificadas como muy graves, sino que deja explícita la obligación del infractor de restaurar la pista de tierra al estado en que se encontraba antes del daño causado.

Yaiza entiende que después de pedir desde 2015 acciones ejemplarizantes al Seprona y al Cabildo lanzaroteño, la problemática del tráfico de vehículos de motor por suelo rústico exige una regulación más estricta para evitar daños mayúsculos en vegas agrícolas y perjuicio a la flora y fauna, con independencia de que el Plan Insular de Ordenación prohíba la práctica de dicha actividad. Pero este aumento del control en Lanzarote conlleva el traslado de estos safaris al oeste majorero.

Benahuare, mi tierra

La caótica situación que se vive en Fuerteventura ha llevado actualmente a distintos grupos, entre los que se encuentran senderistas, surferos, ornitólogas e incluso agricultores a crear la asociación “Benahuare”, “mi tierra” en aborigen. “Queremos recuperar el lema de 'Fuerteventura, isla tranquila y sostenible', incompatible con la circulación de estos vehículos del infierno”, asegura David, su portavoz. “Ha habido varios incidentes y confrontaciones con los propios guías de estas excursiones, completamente omnipotentes subidos en sus máquinas, casi siempre italianos que no atienden a nada y te hacen sentir extranjero en tu propia tierra”, añade. “Hemos tenido que estudiar toda la legislación vigente y creemos que las autoridades pueden actuar y paralizar este aluvión de vehículos que están perturbando la naturaleza y los nervios de las personas que vamos a la playa a disfrutar y a caminar”.

En primer lugar, aprendieron la definición de zona ZEPA, que es una categoría de área protegida catalogada por los estados miembros de la Unión Europea como zonas naturales de singular relevancia para la conservación de la avifauna amenazada de extinción, de acuerdo con la Directiva comunitaria 79/409/CEE y sus modificaciones posteriores. Joachim Hellmich, uno de los mayores expertos mundiales en aves esteparias, destaca en sus trabajos para la conservación de la avutarda hubara que estos vehículos son uno de los factores de molestias, sobre todo en época de cortejo del macho y nidificación por parte de la hembra.

Silencio institucional

En las actas del Patronato de Espacios Naturales de Fuerteventura de los últimos diez años también constan numerosas quejas por parte del grupo ecologista Agonane, de cuando alguna de estas empresas iniciaba su actividad y todavía no eran una constante molestia. El portavoz de Benahuare explica los antecedentes y la situación que conllevan las excursiones con quads, buggies o Land Rover: “Esta actividad está compuesta por tres partes. Una es la licencia de apertura del punto de venta, otra la licencia del lugar donde los guardan y la tercera es el uso de los caminos y zonas por donde realizan la actividad”.

“Para poder llevar a cabo la actividad, el peticionario solicita permiso al ayuntamiento y éste a su vez le da licencia para las dos primeras partes, el punto de venta y para el lugar para guardar los vehículos; pero para la tercera parte, las excursiones por pistas y caminos, se les remite a la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo. Concretamente, el Cabildo de Fuerteventura contesta informando al solicitante que, ante la falta de un plan de uso y gestión de las ZEPAs, ni se otorga, ni se deniega el permiso”, comenta David.

“No obstante, en la primera fase ya hay algo supuestamente ilegal, ya que en el local donde se guardan los vehículos se está realizando el mantenimiento de los mismos y esta actividad, según la Ley de actividades clasificadas, está catalogada como industrial, taller de reparación de mantenimiento”. “Todo el mundo -afirma David- sabe identificar un taller por las dos placas que ha de tener en la fachada, la del taller con su número concedido por la Consejería de Industria y la de gestor autorizado de los residuos generados. Sin embargo, no las tienen”.

Faltan planes de gestión

En la segunda fase administrativa, añade el portavoz de la asociación, el Cabildo no informa ni positiva ni negativamente las excursiones porque no están desarrollados los planes de gestión y uso de zonas ZEPA, incluidas dentro la Red Natura, que es por donde se están llevando a cabo la mayor parte en el norte de Fuerteventura. “Es por ello por lo que supuestamente”, advierte David, “la actividad debería no autorizarse, pues la zona ZEPA hay que protegerla, aunque no exista el citado plan de uso y gestión, y esto es responsabilidad del Cabildo”.

La legislación canaria sobre ordenación del territorio y espacios naturales deja claro que “no podrá realizarse ni autorizarse en ninguna de las categorías de suelo rústico, además de los usos y actividades prohibidos por los instrumentos de ordenación, los actos que comporten riesgo para la integridad de cualquiera de los valores objeto de protección”.

“En el Ayuntamiento de La Oliva –afirma David- hay diferentes versiones, no hay ordenanzas al respecto y por ello no se puede hacer nada; no se ha dado autorización para dicha actividad, cosa que es cierta, pero sí saben que están sin autorización”. Por ello, el portavoz de “Benahuare” se pregunta “por qué no actúan”.

“Queremos proteger las áreas más sensibles de molestias”

El concejal de Medio Ambiente de La Oliva, Julio Santana, asegura que en estos momentos se están redactando con carácter de urgencia las ordenanzas municipales que regulen las excursiones y safaris con este tipo de vehículos (quads, buggies o 4x4) y que han tenido reuniones con el Cabildo en este sentido. “Queremos proteger las áreas más sensibles de nuestro municipio de todo tipo de molestias y apostamos por ser lo más rigurosos posibles para que no siga esta situación”, añade.

Por su parte, la consejera de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura, Natalia Évora, asegura que la queja es general en toda la Isla. “Actualmente estamos coordinando con todos los Ayuntamientos de Fuerteventura una reunión para que realicen las ordenanzas todos en la misma línea”, apunta. “Consideramos que es urgente también contar con las normas de uso y gestión de las ZEPAs, porque será la principal herramienta para cerrar el tránsito de estos vehículos por determinados caminos donde habitan especies amenazadas”.