Los vuelos de repatriación de inmigrantes que parten desde las Islas Canarias hacia Mauritania -el último de ellos salió este lunes de Tenerife con 51 pasajeros- terminan en realidad en Mali o Senegal, adonde son conducidos la gran mayoría de los pasajeros.

Según dijeron a Efe fuentes policiales mauritanas, los emigrantes llegados desde Canarias son entregados a la seguridad de este país, que "aceleran los procedimientos de expulsión ante la no disponibilidad de lugares de acogida".

Así pues, los emigrantes llegados al aeropuerto de Nuadibú, en el extremo norte del país, son transportados en autobuses especiales hacia dos puntos fronterizos: Gogui en el caso de Mali (a una distancia de 1.400 kilómetros) y Diama en el caso de Senegal (a 570 kilómetros).

Esto no significa que los emigrantes devueltos sean siempre malienses o senegaleses -de hecho, abundan los marfileños y guineanos-, pero se entiende que su entrada en Mauritania se produjo necesariamente a través de estos países.

Acuerdos de repatriación a terceros países

Mauritania y España firmaron en 2003 un acuerdo que permite expulsar al país magrebí a todo emigrante del que se pueda demostrar que entró ilegalmente (casi siempre en patera) desde territorio mauritano; este acuerdo es el que invocan las autoridades españolas para subrayar la legalidad de los vuelos, pese a que han pasado 17 años y las circunstancias regionales han cambiado.

Menos conocidos -pues nunca se han hecho públicos- son los acuerdos similares firmados por Mauritania con los países vecinos, Mali y Senegal, que permiten continuar con las cadenas de expulsiones hacia esos territorios.

La recepción, transporte y expulsión de los emigrantes son asuntos que Mauritania raramente hace públicos, y se conocen (pero no en su totalidad) gracias a la información facilitada por el Defensor del Pueblo en España y el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

De hecho, fuentes de ACNUR en Nuakchot dijeron a Efe que han solicitado al Gobierno mauritano información sobre esos vuelos, que ha sido suministrada a posteriori y ha dado fe de cuatro vuelos entre septiembre y enero.

Enero se ha convertido en el mes con mayor número de vuelos: ACNUR tiene documentados dos, el 24 de enero (sin detalles) y el 27 de enero (42 pasajeros, 38 de ellos malienses), mientras que el Defensor del Pueblo añade otro, con fecha 20 de enero (46 pasajeros, 34 de ellos malienses).

ACNUR ha recordado al Gobierno mauritano "los riesgos que corren los ciudadanos malienses" procedentes de las regiones más conflictivas, que cada vez son más dada la extensión de la violencia en el país.

Mali lleva varios años sumido en un ciclo de violencia donde se mezclan las causas étnicas, las religiosas y hasta los conflictos entre pastores y cazadores, y los atentados y ataques armados se registran en cada vez más regiones del país.

El último informe del Secretario General de la ONU sobre Mali reveló la gravedad de la situación en el país: en el último trimestre (octubre-diciembre) los diferentes ataques registrados se saldaron con 193 soldados y 200 civiles muertos.

El Gobierno mauritano ha proporcionado muy poca información sobre estos vuelos de repatriación y el destino final de sus pasajeros, y una fuente anónima policial se limitó a decir a Efe que las expulsiones "se efectúan según la legalidad y con pleno respeto de la dignidad".

Cambio de rutas

Debido principalmente al control más exhaustivo que Marruecos ha comenzado a aplicar en sus costas desde el año pasado, y que se ha traducido en un descenso de las llegadas irregulares a la España peninsular y Baleares en un 54 % en 2019-, se ha reactivado exponencialmente la llamada "vía canaria": en lo que va de año, se registraron 1.008 llegadas irregulares, frente a 66 en el mismo periodo del año pasado.

Llama la atención la escasa cantidad de mauritanos que se hacen a la mar en las pateras que salen de su territorio: de hecho, en los recuentos que ofrece el Defensor del Pueblo, hay solo uno o dos mauritanos en cada vuelo de repatriación.

El tema migratorio está lejos de las preocupaciones de Mauritania, pese a que el país lleva camino de convertirse de nuevo en país de tránsito como ya ocurrió en 2006, durante la llamada "crisis de los cayucos", cuando llegaron a las costas canarias 599 barcas, con 31.836 emigrantes a bordo.

Fue precisamente esa crisis la que hizo que España destacara a agentes de enlace de la policía nacional y la guardia civil de forma permanente tanto a Nuakchot como Nuadibú; en esta última ciudad, los agentes se encargan de realizar patrullas conjuntas con sus homólogos mauritanos en los puntos más "calientes".

Incluso los vehículos que sirven para tareas de patrullaje costero han sido suministrados por España a Mauritania, según dijeron a Efe fuentes policiales, que no aclararon si también es el caso de los helicópteros utilizados para las mismas tareas.