La eurodiputada de Izquierda Unida, Ángela Vallina, ha denunciado en Bruselas el proyecto de alta tensión que Red Eléctrica de España pretende implantar en Fuerteventura por atravesar zonas protegidas por la legislación medioambiental comunitaria y vulnerar directivas europeas. Asimismo, ha mostrado todo su apoyo a las reivindicaciones presentadas ante la comisión de Peticiones (PETI) de la Eurocámara por Yurena Marichal, en nombre de las plataformas Fuerteventura por un Modelo Sostenible y Fuerteventura Sostenible.

“Estamos ante una nueva petición que pone de manifiesto los graves atentados contra la biosfera y el medioambiente canario que está permitiendo el Gobierno regional”, ha dicho Vallina.

El proyecto, ha explicado la eurodiputada, atraviesa varias Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) así como Zonas Especiales de Conservación (ZEC) de norte a sur, provocando un daño importante a las aves clasificadas como vulnerables o en peligro de extinción.

"Estamos ante una nueva petición que pone de manifiesto los graves atentados contra la biosfera y el medioambiente canario que está permitiendo el Gobierno regional"

Vallina ha apuntado que el proyecto vulnera diferentes normas comunitarias como la Directiva sobre la evaluación de las repercusiones de determinados planes y programas en el medio ambiente, la Directiva de Aves, la Directiva de Hábitats y la Directiva de información al público para su efectiva participación en los procedimientos de toma de decisiones medioambientales.

Asimismo, ha añadido que “el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Fuerteventura han elevado a la UE una consulta sobre la posibilidad de subir el tamaño de las torretas en la zona ZEPA para mantener el recorrido actual”.

Es “un ejemplo más de legislación a la carta por parte del Gobierno de Canarias”, ha insistido, enumerando los numerosos proyectos que ya han pasado por el Parlamento Europeo y que en algunos casos están siendo objeto de investigación por la Comisión Europea.

“Les recuerdo el Puerto de Granadilla, el Catálogo de Especies, la Ley del Suelo y Ley de Islas Verdes. Son todas peticiones que ya hemos discutido y que siguen abiertas a la espera de una solución”, dijo Vallina, que es coordinadora del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea / Izquierda Verde Nórdica en PETI.

Durante la exposición de la petición, Marichal ha denunciado que el proyecto de Red Eléctrica de España en Fuerteventura “ha sido fragmentado hasta en seis fases, lo que a su vez ha dado lugar a 20 proyectos más”, por lo que “el seguimiento resulta una tarea ardua y complicada”, e “impide llevar este asunto ante la Justicia local”. En la práctica, esta división del plan vulnera la normativa medioambiental europea, algo por lo que el Estado español ya fue condenado en 2004 por el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Ante “los incalculables e irreversibles daños que esta red puede ocasionar al medio ambiente” Vallina ha apelado a la aplicación del principio de precaución, de manera que se pueda “evitar daños aún mayores en un ecosistema tan frágil como el de Fuerteventura”.

Priman intereses privados

Por otro lado, Ángel Nieto, coordinador de Izquierda Unida Canaria en Fuerteventura, destaca que “es incomprensible que, si hasta ahora las líneas de alta tensión están formadas por un circuito simple de 66 kV sin que exista un consumo mayor e innecesario, quieran aumentarla a 132kV, cuando el Cabildo insular de Fuerteventura y otras organizaciones ecologistas siempre apostaron por las energías renovables”. Esto, en su parecer, “demuestra una vez más que las autoridades canarias priman los intereses privados frente al bien público”.

A petición de Vallina la petición permanecerá abierta para evaluar el grado de cumplimiento de la legislación europea, independientemente de que el proyecto esté ya en los tribunales. Asimismo, la Eurocámara enviará una carta a las autoridades autonómicas e insulares expresándoles su preocupación por los efectos negativos sobre la Red Natura 2000, el fraccionamiento del proyecto y la inadecuada evaluación de impacto ambiental.