La acusación particular ha pedido nueve años de prisión por un delito de estafa continuada para José Manuel Jiménez del Valle, principal cabecilla en la presunta trama inmobiliaria orquestada en torno a las viviendas del casco viejo de Corralejo.

Los miembros del Comité del Casco Viejo de Corralejo han dado a conocer este jueves por la mañana, en rueda de prensa, los últimos avances  en torno a la trama de las viviendas de Corralejo, un asunto que fue destapado en 2001 cuando la entidad Delval Internacional adquirió una finca de 9.548 metros cuadrados a la empresa Plalafusa S.A. a pesar de que las parcelas contaban con viviendas construidas y habitadas por sus dueños, aunque no estaban inscritas en el Registro de la Propiedad.

Tras la denuncia interpuesta por los vecinos del casco viejo de Corralejo en 2009 ante el Fiscal Anticorrupción, el Fiscal Jefe Provincial y los juzgados de Puerto del Rosario, el juez instructor, Jorge Bodes Fernández, considera que lo narrado en la denuncia es “constitutivo de delitos” y ha decretado que se continúe la tramitación de las diligencias previas a través de los trámites de Procedimiento Abreviado, la fase previa a la celebración del juicio oral.

El pasado 20 de diciembre el abogado que representa a la acusación, Sebastián Socorro, presentó un escrito de acusación por una presunta comisión de delito de estafa continuada contra diez de las personas investigadas en la trama de Corralejo.

La acusación pide nueve años de cárcel para José Manuel Jiménez del Valle administrador único de las sociedades Delval Internacional SL, Sincronía 99 SL y Javal Unión SL, Jiménez del Valle compró, a través de la mercantil Delval internacional, un resto de finca en Corralejo a la entidad Plalafusa SA, administrada por Alberto Laud, a pesar de que el propio Registrador de la Propiedad le advirtió, cuando registró la operación inmobiliaria, que no se conocía sus linderos actuales.

Uno de los miembros de la plataforma, Miguel Socorro, señaló que Jiménez del Valle actuó sabedor de que los vecinos no tenían sus casas registradas, ya que vivía en el pueblo hacía más de 40 años, tal y como lo reconoció en el juicio. El acusado solicitó licencias de segregación al Ayuntamiento de La Oliva y aprovechándose de que el Consistorio no le contestó en el plazo reglamentario se acogió al silencio administrativo. En total, fueron 65 las propiedades segregadas y las que más tarde registró a nombre de la empresa Delval Internacional.

La acusación también solicita seis años de prisión por un delito de estafa continuada para el letrado Fernando Rodríguez Ravelo, socio fundador y apoderado de J.L.J. Parfums SL y apoderado de Delval Internacional además de letrado de otras sociedades implicadas en la trama como Sincronía 99 SL.

Rodríguez participó en 2004 como mandatario verbal de J.L.J Parfums SL en la compra en Madrid a Sincronía 99 de dos solares por 510.860 euros cuando en realidad se trataba de dos restaurantes situados en la Avenida Marítima de Corralejo. Además, su sociedad adquirió en 2002 un solar de 289 metros cuadrados, que en su día se ganó al mar, por 120.202,42 euros. Según la acusación “con la venia del personal de la oficina el catastro del Ayuntamiento de La Oliva, sin competencia alguna, inventaron una referencia catastral para poder registrarlo”. Este solar hoy en día está a nombre de Fernando Rodríguez Ravelo después de haberlo comprado a la mercantil J.L.J Parfums por 15.000 euros.

Lista de acusados

En la lista de acusados también aparece el socio fundador de J.L.J Parfums y socio de Industrias Theron Dos SL José Luis Jarne Elizalde. Este adquirió la en 2001 la casa de los herederos de Félix Benítez por 270.450 euros. Tres años más tarde aportó la casa a la sociedad Industrias Theron Dos SL de la que era administradora única la hermana de Fernando Rodríguez Ravelo, la letrada María de los Ángeles Rodríguez Ravelo por valor de 2.000.650 euros ampliando así el capital social. Además adquirió tres propiedades del casco viejo como solares cuando en realidad eran dos restaurantes y una casa. Para él se piden seis años de prisión.

Entre los acusados también figuran varios administradores de sociedades para los que se solicita prisión por estafa: Ezequiel Huergo Lacunza (6 años); Cristina Martínez de Lucas (6 años) Eloy Sampedro Bañado (4 años); Feliciano Alonso Carreño (2 años); José Blas Alonso Vera (2 años) María de los Ángeles Rodríguez Ravelo (2 años) y Juan Lagos Orta (2 años).

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Puerto del Rosario ha dado trámite para la apertura del juicio oral al considerar que las “operaciones realizadas en torno al casco viejo de Corralejo pueden ser constitutivas de una acción delictiva”.