La Audiencia Provincial de Las Palmas juzgará finalmente los días 22 y 23 de junio en Puerto del Rosario el caso 'Las Clavellinas', cuyo origen es la venta por el Ayuntamiento de La Oliva de 125.000 metros cuadrados que fueron donados por un particular para los vecinos de Corralejo.

La enajenación de los terrenos se aprobó en agosto de 1999, cuando Domingo González Arroyo era alcalde de La Oliva. En el banquillo de los acusados se sentarán el exalcalde, el conocido como ‘Marqués de las Dunas’, y los ediles de aquel grupo de gobierno, entonces en el Partido Popular.

Así, la lista de acusados se completa con José Juan Aguiar, Alejandro Hernández, José Cristóbal Calero, Tomás Andrés Pérez y Marcelino Umpiérrez, que en la actualidad es portavoz de Nueva Canarias, teniente de alcalde y concejal de Turismo.

La Fiscalía considera a los seis acusados responsables de un delito de prevaricación y solicita que se les imponga una condena de seis años de inhabilitación para empleo o cargo público.

La asociación de vecinos Las Clavellinas, que interpuso la querella, entiende que además de prevaricación también se cometieron los supuestos delitos de malversación y de apropiación indebida.

De esta manera, la acusación considera que los seis acusados son responsables de prevaricación y malversación y pide para ellos 25 años de inhabilitación y seis años de prisión. Para González Arroyo solicitan tres años más de cárcel por apropiación indebida.

Donación de 27 hectáreas para los vecinos

Para llegar al origen del caso hay que remontarse al año 1982. Ese año, el ciudadano belga Guy Vandaele decidió donar al Ayuntamiento de La Oliva una parcela rústica de 27 hectáreas en Corralejo conocida como “Coto del tamboril y Fragoso de los Negros”.

La donación estaba destinada, a su vez, para que el Ayuntamiento se la cediera a los vecinos del pueblo. La condición de la donación del empresario era que los terrenos se destinaran a “cubrir la necesidad de solares de los vecinos de Corralejo, quedando el sobrante a favor del Ayuntamiento de La Oliva, como bienes propios”. Esa condición no se cumplió nunca.

Los terrenos se los queda La Caixa

En 1999 el Ayuntamiento hizo una segregación de la finca y decidió subastar 12,5 hectáreas, algo menos de la mitad de su superficie. La decisión se tomó en un pleno en agosto de ese año. El acuerdo se firmó sin que hubiera en el expediente informe técnico ni jurídico alguno y sabiendo que el suelo no se había destinado, hasta entonces, al fin con el que fue donado, según señalan los escritos de acusación.

En el pleno, el secretario de la Corporación advirtió de que los ingresos que provienen de la enajenación de bienes patrimoniales no se pueden destinar a gastos corrientes. Sin embargo no se hizo caso alguno de esta advertencia y se subastaron los terrenos, que se adjudicó la entidad bancaria La Caixa por 250 millones de pesetas, un precio inferior al que marcaba la subasta inicialmente.

El Ayuntamiento no ingresó nada

El Ayuntamiento, no obstante, no ingresó nada por la enajenación de los terrenos, ya que se decidió compensar el valor de la finca con un crédito que se mantenía con el banco. La acusación ejercida por la asociación de vecinos señala en su escrito de acusación que La Caixa emitió un cheque de 11,2 millones de pesetas (67.500 euros) en concepto del pago del IGIC que no fue ingresado en la Agencia Tributaria y que tampoco fue registrado en el Ayuntamiento, pero que sí habría sido recogido por el entonces alcalde, González Arroyo, presuntamente incorporándolo a su patrimonio.

Más detalles

FIANZA. La Fiscalía solicitó una fianza de más de un millón y medio de euros y añade otros 67.500 euros más para Domingo González Arroyo. La querella que dio origen al caso se interpuso en el año 2002 por la asociación vecinal, y después el procedimiento ha estado viajando entre los Juzgados de Puerto del Rosario y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en función de la condición de aforado de González Arroyo.

JUICIO. El Juzgado número 2 de Puerto del Rosario decretó la apertura de juicio oral en octubre del año pasado. Se iba a celebrar en enero pero se suspendió. De la causa quedaron excluidos el ex secretario municipal Miguel Ángel Rodríguez y el delegado en Canarias de La Caixa, Andrés Orozco, que también habían sido objeto de la querella.