La empresa Viqueira ha comunicado el acatamiento de la orden de paralizar las obras de construcción de un hotel junto a la playa de La Tejita, en el sur de Tenerife, aunque ha acusado al Gobierno de "ceder a las presiones de delincuentes" y de actuar con "manifiesta desviación de poder".

La orden de paralización cautelar de las obras, que según Viqueira es "manifiestamente ilegal y arbitraria", fue dictada por el Ministerio de Transición Ecológica tras las protestas de los movimientos ecologistas, que consideran ilegal la construcción del hotel junto a la costa.

Dos activistas permanecieron subidos a las grúas durante once días, hasta que cesaron efectivamente los trabajos tras la orden del Gobierno.

Viqueira ha hecho público un comunicado en el que acusa a la administración de "ceder a las presiones de delincuentes que actúan al margen de la ley y trasladan a la sociedad declaraciones falsas y tendenciosas".

La constructora recibió la orden ministerial el 26 de junio y procedió a acatarla, "ante la imposibilidad de realizar el proyecto" a pesar de que está autorizado por el Ayuntamiento de Granadilla de Abona y con la autorización "del organismo competente en materia de protección de la zona de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre", subraya.

Por eso, se van a ejercitar "todas las acciones legales que correspondan contra esta orden de paralización manifiestamente ilegal y arbitraria".

Viqueira considera que los hechos de las últimas semanas son "un gravísimo atentado" contra sus derechos y libertades y contra el estado de derecho, puesto que "por medio de amenazas y coacciones" se dejan sin efecto "los títulos administrativos firmes legitimadores para la ejecución de unas obras".

La empresa, con 60 años de historia y presencia en Canarias desde hace 36, anuncia que queda "en una situación muy delicada" y denuncia que ha recibido "multitud de ataques y agresiones" contra su honor.

La paralización de las obras ha supuesto el despido de todos los trabajadores encargados de la ejecución material, la suspensión de los contratos con subcontratas y proveedores y la suspensión del contrato con la constructora, detalla.

"Hemos cumplido escrupulosamente todos los requisitos y normas para la obtención de los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de este proyecto", afirma Viqueira, como la autorización expresa del Gobierno de Canarias, previo informe favorable del Servicio Provincial de Costas de Tenerife.

"Nos resulta inconcebible que, por circunstancias ajenas al mercado o a nuestra actividad, nuestra empresa afronte un episodio de alto riesgo en un proyecto que cuenta con el visto bueno de todas las administraciones públicas", señala.

Según Viqueira, se ha producido "un cambio de criterio político para dar soporte jurídico a las pretensiones de una minoría" que se erige como la "supuesta defensora de los valores ambientales de la zona" para impedir un proyecto con el que "ningún valor ambiental resultaba afectado".

La empresa anuncia su voluntad de acudir a la justicia para poder ejecutar el proyecto, frente a las "amenazas, coacciones, falsedades y ocupaciones ilegales" de sus opositores, que han conseguido que la administración paralice un proyecto legal, "fomentando de esta manera la desobediencia y el incumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico español".

La empresa ha informado de que la documentación de que dispone sobre el proyecto se puede consultar en https://transparentesconelhotellatejita.info