La Coordinadora Montaña de Tindaya se ha mostrado este martes "cauta" y "vigilante" ante el anuncio, por parte del consejero insular de Patrimonio Histórico, Andrés Briansó, de abandonar el proyecto de Chillida.

El colectivo ha destacado "los grandes intereses económicos y políticos que han estado detrás de la idea de convertir Tindaya en una mercancía", por lo que prefiere mantener la prudencia "hasta que ese trocito singular de nuestra Isla y de nuestro Archipiélago sea protegido como se merece y la sociedad canaria pueda conocer y disfrutar de su patrimonio".

La coordinadora dio a conocer este martes el acuerdo de su última asamblea, celebrada el pasado viernes, en la que insiste en reclamar al Cabildo y al Gobierno de Canarias que adopten "de inmediato" medidas que garanticen la conservación de la montaña.

Así, a la "mayor prontitud", el colectivo reclama ampliar la delimitación del Bien de Interés Cultural y que se extienda "a toda la montaña" y no solo a la zona de la cima en la que se encuentran los podomorfos.

Además, la coordinadora han solicitado la elaboración de un proyecto que culmine en la constitución de un Parque Arqueológico "para el aprendizaje y disfrute de los residentes y visitantes".

El colectivo, que ha alabado el "cambio de rumbo ante la amenaza que implicaba el denominado proyecto de Chillida", que supondría el vaciado de parte de la montaña para crear una galería abierta a los visitantes.

La patronal hotelera Asofuer ha criticado al anuncio formulado por el consejero de Patrimonio Histórico, miembro destacado de Podemos en Fuerteventura. Por el momento no se ha pronunciado ni PSOE ni Nueva Canarias-AMF, formaciones con las que gobierna en el Cabildo majorero.

"Daños irreversibles"

La coordinadora también ha hecho hincapié este martes en los "daños irreversibles" que ha sufrido la montaña "desde hace más de 40 años", primero por las explotaciones mineras para la extracción de piedras y luego con el citado proyecto de Chillida.

Del mismo modo, la organización asegura que alrededor del proyecto de Chillida se ha producido "el desfalco de más de 20 millones de euros de dinero público", además de "numerosas e irresponsables decisiones políticas y administrativas incompatibles con su protección".