El Ayuntamiento de La Oliva celebró este miércoles un pleno extraordinario a petición de los grupos de la oposición Partido Progresista Majorero, Coalición Canaria y Nueva Canaria en el que solicitaban la “inmediata y obligada inclusión en las cuentas municipales de la deuda que este Ayuntamiento de La Oliva mantiene frente a la entidad mercantil Canaragua”.

La finalidad es que la deuda, de unos 9,6 millones de euros, quede reflejada “en los términos exigidos por la normativa contable y económica que resulta actualmente de aplicación a las entidades locales”.

Desde el grupo de gobierno se destaca que este asunto ya se abordó en un pleno celebrado el 28 de julio de 2016, en el que el equipo encabezado por el alcalde, Pedro Amador, elevó a la consideración de la corporación una propuesta de acuerdo que permitiese aclarar la situación generada por la citada dueda que Suministros de Agua de La Oliva tiene contraída con la empresa Canaragua.

La deuda se generó “como consecuencia de la liquidación del contrato de gestión de servicios públicos del servicio de saneamiento municipal en virtud de una sentencia que declaró en el año 2012 la nulidad de ese contrato”.

La empresa Canaragua se dirigió al Ayuntamiento entonces y le ofreció la posibilidad de cancelar la deuda mediante dos pagos por parte del Ayuntamiento que ascenderían a 450.000 euros en el año 2016 y casi nueve millones en junio de 2017. La empresa en su escrito renunciaba, de haberse aceptado aquella nueva forma de pago, al cobro de los intereses de la deuda, “lo que hubiese supuesto un ahorro para el Ayuntamiento de algo más de dos millones de euros”.

Entonces, recuerda el equipo de gobierno, los grupos Partido Progresista Majorero, Coalición Canaria y Mixto votaron en contra de la propuesta alegando que habría que buscar una propuesta más ventajosa, “algo que llama la atención viniendo de quienes han generado esta situación y de quienes en su momento no hicieron absolutamente nada para mejorarla”, subrayaba el alcalde Pedro Amador.

El acuerdo del pleno celebrado este miércoles ha recibido el voto favorable de los 10 concejales de los grupos PPM, CC y NC y la abstención del grupo de gobierno y Votemos. “En cualquier caso, al tratarse de un asunto ya debatido en un pleno anterior, el de hoy tiene carácter de propuesta no decisoria, en aplicación de la Ley de Municipios de Canarias”, señala el grupo de gobierno.

“No puede tener el carácter de acuerdo, en primer lugar, por no ser un expediente concluso, por no constar con los requisitos necesarios técnicos, económicos y jurídicos, y por no contar con el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda”, añade.

Liquidación del presupuesto

En cualquier caso, la deuda con la mercantil “no podrá contabilizarse hasta no tener la liquidación del presupuesto del año 2016, documento que se tendrá a finales de este mes de marzo”, señala el grupo de gobierno municipal. “Será entonces cuando se pueda plantear la contabilización de la deuda a través del remanente de Tesorería, tal y como planteó el gobierno municipal en el pleno de julio de 2016”, explica.

“La voluntad del grupo de gobierno ha sido siempre la de solucionar esta situación, pero las cosas hay que hacerlas bien. Ahora tenemos que esperar a la liquidación del presupuesto de 2016 para conocer el remanente de Tesorería y poder destinarlo al pago de esta deuda a través de las modificaciones de crédito que sean preceptivas, siempre que los informes jurídicos y de Intervención sean favorables en ese sentido”, apunta el alcalde Pedro Amador.