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La Educación que nos viene

Los docentes advierten de que la planificación del próximo curso escolar requerirá de un incremento de plantilla y presupuesto mientras que las madres y padres piden mecanismos de conciliación

Foto: Carlos de Saá.
María José Lahora 0 COMENTARIOS 19/06/2020 - 07:35

Tras meses de confinamiento y clases telemáticas, Gobierno, alumnos, profesores y familias tienen ahora que salvar un nuevo obstáculo: la planificación del próximo curso escolar. Los sindicatos opinan que la administración debe “ponerse las pilas” y preparar el próximo curso desde ya, porque “son muchos los retos a los que tiene que enfrentarse”.

Los sindicatos confían en que, para ello, la Consejería de Educación cuente con departamentos específicos de expertos en la prevención del coronavirus que establezcan los protocolos a diseñar en el regreso a las aulas. El panorama que se abre ahora para la Consejería de Educación “requiere de inventiva y no de ocurrencia”, según palabras del representante de Stec en Lanzarote, Jesús M. de León

Para el próximo curso, Jesús M. de León plantea la dificultad de distribuir en un único centro entre 400 a 700 alumnos atendiendo todos los protocolos de seguridad. A ello se suma la antigüedad de los edificios, algunos con más de 40 años de existencia, donde las aulas son ya de por sí espacios reducidos.

Al tener que establecerse la distancia de seguridad entre pupitres, solo podrían contar con la mitad del grupo de alumnos en cada clase. En el caso de que la estrategia fuera por turnos, como se ha rumoreado, señala que la plantilla debería aumentar, y no sólo la docente, sino la referente al personal de administración y equipos de limpieza, dado que cada fin de turno debería procederse a la desinfección de todo el centro para recibir al otro grupo de estudiantes y sería menester además la incorporación de sistemas de protección nuevos y modernos.

También existen dudas sobre cómo se va a afrontar el transporte público o los comedores, a los que acuden casi la mitad del alumnado, un servicio que es más social que educativo para atender a esos alumnos de cuota cero y como medida de conciliación familiar. Asimismo, habrá que tener en cuenta cómo se van a llevar a cabo los servicios de acogida temprana, actuaciones que no gestiona la Consejería sino las ampas, pero sobre las que deberá establecerse también un protocolo de actuación.

“La educación como la conocemos ahora va a pasar a la historia. Los recreos no van a ser lo que eran. Cada día que pasa es un día perdido para establecer estrategias de cara al regreso en septiembre”, señala el docente. “El próximo curso en sí va a ser algo espectacular”.

Las fechas de inicio del curso escolar también sufrirán cambios y se da por hecho que la puesta en marcha del curso se va a retrasar, a fin de que el profesorado, una vez incorporado a su puesto de trabajo en septiembre, pueda poner en marcha toda la maquinaria planificada y que será de nueva aplicación para docentes, personal laboral, padres y alumnado.

También se verá afectada la planificación curricular, dado que habrá que recuperar los conocimientos que no han podido desarrollarse durante el último trimestre de este curso, sobre todo en aquellos niveles académicos de cambio de ciclo. “La profesionalidad de los docentes va a permitir salvar este obstáculo”, considera Jesús M. de León.

Bernardo Huerga, de Anpe Fuerteventura, añade que la comunidad educativa debe ser consciente de que habrá que “trabajar de una manera distinta” en el futuro y los objetivos que no se hayan conseguido durante este cierre de curso poder implementarlos en el siguiente. En definitiva, modificar el programa curricular.

Como el resto del profesorado, opina que los esfuerzos deben concentrarse en preparar el siguiente curso en las mejores condiciones posibles. Invertir en ello las energías y sopesar las distintas posibilidades. “Vamos a ponerle remedio a esas deficiencias en las enseñanzas on line y aprovechar este tiempo para formar al profesorado”, sostiene.

Entiende también que no pueden olvidarse a los estudiantes de ciclos formativos, aquellos alumnos que tienen que finalizar sus prácticas, o a los de las escuelas de idiomas o artísticas que no han podido certificar sus estudios, “alumnado al que hay que darle una solución”.

En cuanto a la educación infantil, Bernardo Huerga considera que se ha perdido una oportunidad para dar respuesta a las familias al no establecerse mecanismos de coordinación entre administración (ayuntamientos y servicios sociales) que pudieran dar una salida a la conciliación.

También responsabiliza de esta falta de respuesta a la “poca capacidad” de la administración pública para dar una solución al problema. “No hace falta inventar nada, solo hay que mirar la forma de actuar de otros países”, explica.

El representante de Anpe Fuerteventura aboga, en definitiva, por que  se plantee en un futuro el refuerzo de los servicios sociales como aliados del sistema educativo así como los sanitarios, a fin de contar en los centros educativos con un área de enfermería permanente, toda vez que se ha demostrado la necesidad de disponer de estos profesionales.

Por su parte, María Perera, de Anpe Canarias, señala que si el coronavirus “ha venido para quedarse, se tiene que adaptar la educación a esta circunstancia”. “Tenemos que hacer las cosas bien, sin riesgos para los miembros de la comunidad educativa, y debemos ser capaces de acabar el curso atendiendo al alumnado con más problemas y adaptando currículos e instalaciones de cara al próximo”, añade. En su opinión, “no podemos perder ni un minuto más. Tenemos tres meses para hacerlo y si hay voluntad se puede hacer de forma tranquila”, señala la representante sindical.

Anpe plantea la educación semipresencial como una de las fórmulas para afrontar el próximo curso escolar, que va a requerir de una adecuación de las infraestructuras, para lo que solicitan, desde el sindicato, un estudio de los centros a fin de establecer las medidas que garanticen la salud de profesorado y alumnado.

También requiere de un importante inversión para reducir la brecha digital para que la enseñanza a distancia pueda impartirse en condiciones de igualdad entre toda la comunidad estudiantil.

Más plantilla

María Perera recuerda que Canarias es una de las comunidades con la ratio más elevada a nivel nacional, por lo que es necesario hacer una inversión importante en personal docente para adaptar la enseñanza a las nuevas exigencias sanitarias. Calcula que sería menester la incorporación de en torno a 1.500 y 2.000 profesores en toda Canarias para atender a grupos de entre 10 y 15 alumnos.

La representante sindical defiende el esfuerzo del profesorado durante el último trimestre, en el que se ha adaptado a las nuevas exigencias de forma ágil y eficiente, para ello ha tenido también que recibir formación, a fin de poder llegar al alumnado, con jornadas maratonianas. Formación en la que se deberá seguir trabajando.

De cara a la planificación del próximo curso, considera que es necesario convocar mesas con los sindicatos y se trabaje en el establecimiento de comisiones técnicas para adaptar los currículos a esta enseñanza semipresencial, para compaginar horarios, para establecer medidas de seguridad, para la formación telemática, para dotar de herramientas tecnológicas al alumnado y a los centros... así como establecer una fórmula para sustituciones rápidas, cuando ya se habla de un nuevo brote de coronavirus, y proyectar planes de contingencia.

Desescalada

El regreso del alumnado durante las últimas semanas de curso fue uno de los temas que más controversia creó, aunque finalmente se logró llegar a un acuerdo con sindicatos y los docentes aplacaban sus ánimos. En resumen, porque se permitió continuar con la formación telemática que se venía desarrollando, de forma general, después de que se autorizase tan sólo el regreso a las aulas de los alumnos que cambiaban de etapa, concretamente los de cuarto de ESO y segundo de Bachiller, siempre de manera voluntaria.

Estos alumnos acudieron a los centros educativos para actividades presenciales de tutoría, orientación y refuerzo educativo. Entre otras condiciones, con cita previa y con un máximo de 10 alumnos por aula. Según los datos de la Consejería de Educación, a principios de curso, había matriculados 20.719 estudiantes en cuarto de la ESO y 15.214 en segundo de Bachillerato, en centros públicos, privados concertados y privados no concertados de Canarias.

El representante en Lanzarote del sindicato Stec, Jesús M. de León, mantiene que la Consejería se rindió a “la evidencia de la situación” y se impuso “la prudencia y el criterio del profesorado”. También valoró que hubiese quedado claro que a los alumnos de fin de ciclo que optasen por no acudir a sus centros no se les penalizaría en su evaluación.

Destaca el representante sindical la labor del profesorado ante el cierre de los centros que demostró “rapidez y agilidad” para, en tan solo un fin de semana desde que se decretó el estado de alarma, comenzar al lunes siguiente a desarrollar las clases telemáticas y que ha permitido continuar con el curso escolar hasta ahora.

Al respecto, comenta que el principal problema con el que se han tropezado alumnos y profesores ha sido la brecha digital en muchas familias. Aun así, y considerando que la mejor enseñanza es la presencial, cree que el último trimestre se salvó “con nota”.

En cuanto a la prueba a la que se deberán enfrentar los alumnos que opten a ir a la universidad, expone que no será una EBAU al uso, sino “más flexible”, porque entiende que se va a tener en cuenta la situación vivida y que difícilmente se va a preguntar por un temario que no ha se ha podido desarrollar. También afectará esta situación atípica a la forma de hacer los exámenes y estima que se permitirá más tiempo para el desarrollo de la prueba de acceso.

Desde Anpe Fuerteventura, su portavoz Bernardo Huerga, considera que la orden sobre la reincorporación de fin de curso no cumplía el cien por cien de las expectativas, porque seguía “creando dudas”. Comenta que ni siquiera los centros reúnían las condiciones higiénico sanitarias necesarias para la reapertura ante la falta de materiales apropiados y personal especializado en riesgos laborales.

De cara al futuro, también plantea ciertas dudas sobre los métodos en la enseñanza de idiomas, dado que si los profesores están obligados a ir con mascarilla difícilmente podrán mostrar visualmente la forma correcta de pronunciación de los vocablos, “cómo van a dar las clases de pronunciación con mascarillas”, se pregunta Bernardo Huerga. Su propuesta es la que ya se ha establecido en otras partes de Europa: entrar al aula con mascarilla y una vez ubicados en sus lugares reglamentarios, a distancia, poder prescindir de este material preventivo.

Los representantes sindicales creen que, en los más de 90 días transcurridos desde que cerraron los centros educativos, la intervención en los mismos ha sido mínima para garantizar las medidas de seguridad en su totalidad. “La Consejería de Educación se ha desentendido, solo se ha llevado a cabo la instalación de mamparas para la zona de administración y geles desinfectantes. Pocos más. Por lo demás, los centros educativos se encuentran igual que tras su clausura el 13 de marzo”, señala Jesús M. de León. Reclama a la Consejería que vele por la salud de los más de 20.000 docentes en toda Canarias. Tan sólo en Lanzarote, la cifra de profesorado supera los 1.200 docentes. Mientras que en Fuerteventura son entre 1.800 y 2.000 los docentes en la isla.

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