La Fiscalía de Canarias solicita condenas de hasta seis años de cárcel para quince directivos de las empresas Saur, Valoriza y Satocan a los que acusa de haber ocasionado un quebranto de 23,4 millones de euros a la empresa mixta de aguas de Las Palmas de Gran Canaria, Emalsa.

En el escrito de cargos que ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 6 de la capital grancanaria, la fiscal de Delitos Económicos Evangelina Ríos relata una serie de prácticas por parte de los socios privados de Emalsa en su anterior etapa (Saur y Valoriza, propietarios entonces cada uno del 33 % del capital de la sociedad de aguas) que habrían servido para beneficiar a sus empresas en perjuicio del Consistorio (titular del 34 %).

La acusación pública cuestiona 18 contratos de mantenimiento suscritos por Emalsa con la empresa Sercanarias, vinculada a sus socios privados, Saur y Valoriza, a precios que considera por encima del mercado y lesivos para los intereses de Emalsa.

La Fiscalía no solo pone en tela de juicio la cuantía que Emalsa pagó por esos trabajos a Sercanarias, sino también el método utilizado para adjudicárselos a esa empresa, que considera contrario a la normativa por la que se rige la contratación de la sociedad mixta de aguas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Según la tesis de la fiscal, Saur y Valoriza se habrían prevalido de su mayoría accionarial en Emalsa para desviar la facturación de esos servicios entre 2008 y 2012 a una empresa de su propiedad, Sercanarias, a unos precios beneficiosos para sus intereses, pero que resultaron perjudiciales para la sociedad municipal.

Esta acusación de la Fiscalía parte de las diligencias abiertas después de que el anterior alcalde de la ciudad, Juan José Cardona (PP), denunciara en los juzgados los contratos de Emalsa con Sercanarias e impulsara una intervención administrativa de la empresa, que en estos momentos ha cambiado de accionariado.

En la actualidad, el 66 por ciento de las acciones que detentaban Saur y Valoriza están bajo control de la empresa sueca EQT.

La Fiscalía pide seis años de cárcel para trece de las quince personas a las que acusa, por un delito de apropiación indebida continuada o, alternativamente, de administración desleal.

Para los dos restantes, interesa una condena de dos años y nueve meses de cárcel, como cooperadores necesarios de un contrato de arrendamiento de la sede de Emalsa, que también cree lesivo.

Si en su momento el juzgado entiende que los hechos no son constitutivos de apropiación, sino de administración desleal, la acusación pública sugiere que se imponga a los trece primeros una condena de cuatro años de cárcel y 46 millones de euros a cada uno. Para los otros dos, propone en ese supuesto penas de dos años y nueve meses de prisión y 46 millones de euros.

Las quince personas a las que señala la Fiscalía en su acusación son Pablo Abril Martorell, Laura Rivero Padrón, Gerard Thierry, José Luis Rubio Díaz de Tudanca, José Manuel Calderero, Guy Christian Fournier, Oliver Brousse, Pierre José Claude, Alfonso Ignacio López Díaz de Durana, Pedro José Higueras Dávila, José Julio Artiles Moraga, Juan Manuel Sanjuán Jover, Jesús Blanco García, José Luis Pérez Talavera y Rafael González Bravo de Laguna.

Según la composición del consejo de administración de Emalsa que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria publica en su página web, tres de los acusados forman parte en la actualidad del máximo órgano rector de la empresa: Pablo Abril Martorell, José Luis Rubio Díaz de Tudanca y Jesús Blanco García.