La Fiscalía ha solicitado al Juzgado de primera instancia e instrucción número 5 de Puerto del Rosario que cite en calidad de investigados, la nueva denominación de los imputados, a la exalcaldesa Claudina Morales, al exconcejal Marcelino Umpiérrez y al arquitecto del Ayuntamiento de La Oliva, Gonzalo Tortajada, por las obras de un edificio en El Cotillo.

El Ministerio Fiscal abrió una investigación sobre la construcción presuntamente irregular de un edificio  en las inmediaciones del muelle de El Cotillo a raíz de la denuncia de Votemos Fuerteventura y solicitado la imputación de los responsables de la tramitación de los permisos, en el año 2011. También pide que se cite como investigado al arquitecto Gonzalo Río “por la presentación de un certificado falso”.

La fiscal Clara Serrano ha pedido al Juzgado una batería de pruebas y declaraciones sobre el caso. En concreto, al Ayuntamiento le requiere una serie de diligencias “ya acordadas y no cumplidas”, como que entregue el expediente de un acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno el 29 de marzo de 2011, que declaró que no era necesaria una licencia de segregación. El Consistorio entregó “el acuerdo final, no todo el expediente”, como se le exigió.

Además, la fiscal solicita que “por un técnico competente del Ayuntamiento de La Oliva, distinto de Gonzalo Tortajada”, se determine “la superficie real de la parcela”. Señala que el citado arquitecto técnico hizo un informe en el que se limitó a indicar que había dos mediciones, una de 889 metros cuadrados y otra de 707 metros cuadrados, pero “desconoce cuál es la superficie real de la parcela”. Cuestiona que se limitase a efectuar tan solo “una inspección ocular y a comprobar que, en principio, se cumple con el retranqueo”.

La Fiscalía recuerda que esa medición de la parcela sobre la que se construyó el polémico edificio ya fue solicitada por su parte “y acordada por el Juzgado”, sin que se haya efectuado. “Es más que evidente”, subraya la fiscal, “que el Ayuntamiento debe conocer la superficie de las parcelas para las que otorga licencia”, y “más cuando su propietario es el concejal de Urbanismo y linda la finca con el dominio público marítimo terrestre”. La fiscal también pide un certificado con los cargos y fechas de nombramientos del exconcejal Miguel van Daele, relacionado con el edificio investigado.

En su petición al Juzgado, la fiscal considera “imprescindible” para la investigación que el informe técnico que se elabore indique “si las obras ejecutadas se ajustan a la licencia concedida y, en su caso, las variaciones experimentadas”, y también recalca que “las obras afectan al dominio público marítimo terrestre”.

Informe sobre el vial

Por otra parte, la fiscal solicita que se aporte al Juzgado copias certificadas del informe del letrado Óscar Darias y del arquitecto municipal investigado, de 30 de enero de 2015, sobre la cédula de calificación urbanística, así como de las Normas Subsidiarias de La Oliva “en los que se observe el trazado viario que afecta a las fincas” donde se levantó el inmueble.

También pide que “un técnico competente, distinto del investigado”, emita un informe sobre un vial de acceso al muelle de El Cotillo, promovido por la comunidad autónoma, y que se aclare “si atraviesa las fincas”. La supuesta afección de las obras al vial es una de las líneas de investigación de la Fiscalía.

Inspección del horno de cal

Otro de los aspectos que investiga la Fiscalía es si las obras afectaron a un horno de cal, incluido en el catálogo de bienes protegidos y sobre el que en la actualidad, señala, se está tramitando su declaración como Bien de Interés Cultural.

Así, pide al Cabildo que emita un informe sobre “la situación jurídica” del catálogo de La Oliva y que ordene a los agentes de Medio Ambiente que inspeccionen el horno de cal “y determinen la existencia o no de daños”.

Más detalles

VOTEMOS. La fiscal Clara Serrano también ha solicitado al Juzgado que declaren en calidad de testigos Álvaro de Astica, concejal de Votemos Fuerteventura en el Ayuntamiento de La Oliva, y Luis Reyes.

INSTRUCCIÓN. En un escrito fechado el pasado 4 de septiembre, la Fiscalía solicitó al Juzgado número 5 de Puerto del Rosario que acuerde la prórroga de la instrucción “por un periodo de 18 meses”.