La Fiscalía solicita tres años de prisión, nueve de inhabilitación y una multa de 15.000 euros para el exalcalde de Tuineje, Salvador Delgado Guerra (CC), por un delito contra la ordenación del territorio.

En diciembre, Delgado tuvo que dejar la alcaldía tras ser condenado a casi dos años de cárcel por prevaricación urbanística por conceder una licencia a unas naves en El Cuchillete.

Los hechos ahora calificados por la Fiscalía se remontan al año 2011 cuando la sociedad Sotavento SAU pidió licencia al Ayuntamiento para ampliar sus instalaciones deportivas dentro del plan parcial Las Playitas.

El arquitecto técnico municipal emitió un informe desfavorable porque el proyecto no se ajustaba al plan parcial en cuanto a la ocupación y al número de aparcamientos. La superficie de la parcela era de 6.187 metros cuadrados y se permitía ocupar 3.510.

El proyecto no contemplaba aparcamientos, así que se requirió que se reformara. Así lo hizo el alcalde, y la promotora “presentó un reformado del proyecto sin visar en el que se contemplaban las siguientes actuaciones: pista de tenis, con una superficie de 3.428 metros, área de juegos infantiles, con una superficie de 450, vestuario piscina olímpica con una superficie de 255, polideportivo cubierto con una superficie de 2.094 y aparcamientos, con una superficie de 485. El total de la actuación ascendía a 6.713 metros cuadrados”, señala el escrito de Fiscalía.

El arquitecto técnico emite un nuevo informe en el que pone de manifiesto el exceso de la edificabilidad, mientras que la secretaria municipal advirtió de la ausencia del preceptivo informe jurídico.

“El mismo día en que se emitió el informe municipal -relata la Fiscalía- y la advertencia de la ausencia de informe jurídico, el acusado, Salvador Delgado Guerra, pese a la existencia de un informe que ponía de manifiesto la ilegalidad de la actuación al no ajustarse a la ordenación pormenorizada –plan parcial Las Playitas-, prescindiendo del informe jurídico necesario, sin que exista razón alguna para tanta premura, y obviando deliberadamente el principio de jerarquía normativa (...)” decide conceder la licencia urbanística, asumiendo además las competencias que estaban delegadas en la Junta de Gobierno Local.

El exalcalde solicitó el archivo de las actuaciones basándose en que en un caso idéntico se otorgó licencia de obras a la misma entidad, Sotavento, sin informe jurídico y pese a que expresamente indicaba el informe del arquitecto técnico el incumplimiento de las ordenanzas del plan parcial Las Playitas en cuanto a la ocupación, aunque se trataba de acondicionar una edificación ya existente y ampliarla en 61 metros cuadrados.

La Fiscalía, no obstante, en su escrito de calificación, pide la reapertura de esas diligencias por “la ilegalidad inicial, evidente y flagrante de las obras ejecutadas en 2010 (objeto del presente procedimiento) y cuya reforma se autorizó en 2012”.

También solicita que se incoen diligencias penales contra el arquitecto Roberto Batista Prats porque la fiscal Clara Serrano ve “claros indicios de la emisión de un informe contrario a la ordenación urbanística” ya que Batista indicó que la actuación se ajustaba al estudio de detalle en lo referente a la ocupación, del 25 por ciento, cuando el coeficiente de ocupación fijado por el plan parcial Las Playitas era del 0,025.