La Fiscalía ha planteado condenas de menos de cuatro años para los tres acusados del caso Montecarlo que han reconocido este jueves haber participado en un fraude al Ayuntamiento de Arrecife que supuso un agujero en las arcas públicas de 300.000 euros.

Así, después de haber confesado ante la Audiencia Provincial, el empresario José Vicente Montesinos cumpliría una condena tres años y cuatro meses de cárcel, mientras que el exinterventor de Arrecife, Carlos Saénz, afrontaría tres años y tres meses de prisión.

La confesión de los delitos ha provocado que el Ministerio Fiscal haya rebajado la petición inicial contra los principales acusados, que se enfrentaban a una petición de pena de más de 15 años de cárcel.

Además, tanto Montesinos como Sáenz tendrían que abonar, cada uno, una multa de 150.000 euros, y serían condenados a ocho años de inhabilitación. En el caso de Carlos Sáenz, tuvo que abandonar el Ayuntamiento capitalino para cumplir penas de prisión por la causa Proselan, relacionada con el pago de facturas falsas.

Saénz también ha sido condenado en las piezas de Montecarlo relativas a los ayuntamientos de La Oliva, en Fuerteventura, y San Bartolomé, así como en una de las piezas del caso Unión relacionada con el Ayuntamiento de Arrecife.

El tercer acusado que ha confesado los hechos este jueves en la Audiencia Provincial, Javier Betancort, exconcejal de San Bartolomé y gerente de Lancelot Medios, se enfrentaría a una condena de un año y seis meses de cárcel, en vez de los cinco años y 10 meses que pedía inicialmente la Fiscalía.

En la pieza del caso Montecarlo vinculada al Ayuntamiento de San Bartolomé, Javier Betancort ya aceptó una condena de un año de cárcel, además del pago de 210.000 euros por el dinero malversado en el Consistorio.

Las defensas de Carlos Sáenz, José Vicente Montesinos y Javier Betancort han aceptado las condenas planteadas por la Fiscalía, que ha tenido en cuenta las confesiones de los acusados y ha reducido las peticiones iniciales por la circunstancia atenuante de “colaboración con la justicia”.

El juicio se ha desarrollado para el otro acusado, el abogado Federico Toledo, que no ha aceptado la acusación a la que se enfrentaba.

Las claves del caso

La pieza del caso Montecarlo enjuiciada este jueves en la Audiencia se centra en los pliegos de condiciones que se elaboraban para obras o servicios que no se llevaban a cabo. Se investiga un presunto desfalco a través de encargos a las empresas Gestecal, Progestril y Recingest entre 2008 y 2010.

Según la acusación, Betancort trabajaba para esas empresas y había conocido tanto a Montesinos como a Sáenz cuando era concejal de Hacienda por el PP en San Bartolomé, donde ambos habían prestado sus servicios, uno como representante de esas sociedades y el otro como interventor.

Al exconcejal se le encargaba que redactara pliegos de condiciones para llevar a cabo concursos de suministros para el Ayuntamiento, pero los concursos después no se llevaban a cabo, según los escritos de acusación. Por esos pliegos cobraban entre 15.000 y 18.000 euros, el límite del contrato menor y de adjudicación directa.

Betancort se encargaba de hacer de “nexo entre las partes” y de gestionar los contratos, así como de presentar los pliegos, las facturas y hacer el seguimiento para que fueran pagadas. Los pliegos “eran idénticos en contenido y en número de páginas y solo se cambiaba el tipo de suministro en cada ocasión”, según la acusación.

De hecho, se podían haber obtenido, sin coste alguno, de la página web del Gobierno de Canarias, añade la acusación. Entre los contratos, además de labores de asesoramiento, había pliegos para suministros de combustible para el parque móvil, para la Policía Local, de material de limpieza, de material de librería, de cemento, papelería, ferretería, pintura, suministros eléctricos, repuesto de vehículos, software o asfalto.

Las empresas de Montesinos cobraban y después el empresario le pagaba a Sáenz. Casi todas las facturas se pagaron entre 2009 y 2010. En 2011 Montesinos reclamó por la vía judicial el pago de esas facturas.

Según el escrito de acusación de Arrecife, el Ayuntamiento contrató para este pleito al abogado Federico Toledo, que había sido compañero de partido de Betancort en el PP y que “de forma consciente y malintencionada no ejerció su labor de forma profesional”.

Esas facturas, finalmente, fueron reconocidas y pagadas, con certificaciones de legitimidad por parte del propio interventor y gracias a un reconocimiento extrajudicial de crédito para proveedores locales promovido por el Gobierno central. Fue el 14 de mayo de 2012, solo 15 días antes de que estallara la operación y detuvieran al interventor, entre otros.